Si se aplica la ley, el Gobierno debe cerrar la regacificadora de SEMPRA

TIJUANA.- El diputado federal José Narro Céspedes y el diputado local Enrique Acosta Fregoso, informaron que la instancia federal determinó restituir la posesión de la propiedad a Ramón Sánchez Ritchie, propietario de un terreno contiguo a las instalaciones de la regasificadora Sempra Energy conocido como “Energía Costa Azul”, por lo que de aplicarse la ley las autoridades del estado deben cerrar dichas instalaciones.
En conferencia de prensa, el diputado federal José Narro, dijo que la situación de la empresa estadounidense asentada en Baja California será motivo de un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se aplique la ley y se revise la normatividad ambiental vigente en México.El legislador federal consideró que es a través del Congreso del México como se puede hacer que el gobierno intervenga en este tema y que pueden lograr en Estados Unidos que esta empresa, por sus actos, pueda ser señalada como corrupta y eso impida que Sempra siga operando en el vecino país.Recordó que en Estados Unidos Sempra ha sido señalada por sus actos de corrupción, la cual fue responsable de una parte de la crisis energética en Baja california, “creemos que no solamente no debe operar en el vecino país sino que sus servicios y productos no deben ser adquiridos por empresas o gobiernos”.Asimismo, puntualizó que el tema de la energía distribuida por costa azul (Sempra) se liga al asunto de Arizona y preguntó cómo es posible que mientras en ese estado quieren aplicar un tratamiento xenofóbico con nuestros connacionales se le suministre gas desde Ensenada pasando por Mexicali a esa entidad. En su intervención, el ex diputado federal Jaime Martínez Veloz, quien fuera el primero en demandar investigaciones relacionadas con la concesión, aseguró que la gobernadora de Arizona amenazó con boicotear el suministro de energía a Los Ángeles en respuesta a la postura del alcalde de esa ciudad de declarar boicot a la ley racista en Arizona. Energía y gas natural que va de México a Arizona.Afirmó que si esta instalación la hubieran instrumentado la CFE y Pemex tendría utilidades aproximadas de 600 millones de dólares anuales. El gas y la energía que se produce en Mexicali tiene fundamentalmente como destino Estados Unidos y produce muy pocos empleos en México sin dejar ninguna ganancia en este país pero sí los riegos latentes de estas instalaciones que no son autorizadas en Estados Unidos.Martínez Veloz explicó que además de utilizar toda la fuerza del estado para lograr la utilización de operaciones de Sempra, ideó el proyecto del Bulevar 2000 con presupuesto federal, por donde pasan los ductos que transportan el gas natural y con ello evitó el pago de indemnizaciones a pobladores por donde tuviera que pasar la línea, pero sí dejó endeudados a los residentes por donde pasa el bulevar por el pago de plusvalía.”Todo esto se acerca a la definición de lo que es crimen organizado”.Por su parte Enrique Acosta, señaló a la fracción de legisladores panistas de congelar el punto de acuerdo para investigar la intervención y tráfico de influencias del ex gobernador Eugenio Elorduy Walter, así como al ex secretario de gobierno Bernardo Martínez quien ahora es alto funcionario de Sempra en San Diego, y donde incluso una de las hijas del ex mandatario estatal tiene un contrato para la transportación de gas.“Se instruyó a los diputados para que no se le diera el trámite legislativo a esta iniciativa de investigar el tráfico de influenzas y no se destapara la cloaca de corrupción que se ha hecho”, reveló Enrique Acosta.A pregunta de los reporteros, el legislador local aseguró que la protección para la empresa Sempra en la entidad la ha mantenido el gobernador José Guadalupe Osuna Millán porque ésta apoya de manera económica las campañas políticas del PAN y que en este momento es conocida la vinculación de funcionarios de dicha compañía de gas natural con la campaña del candidato a la presidencia municipal, Carlos Torres.Narro Céspedes recalcó que hay un sinnúmero de irregularidades como el hecho de que la señora Elodia Gómez Castañón le vendiera una propiedad a Sempra dos años después de haber fallecido, y la más reciente que una vez que la autoridad federal determinó que se le restituyera la pertenencia que sirve de amortiguamiento para la planta regasificadora y que con ello deja de cumplir un requisito energía de Costa Azul para operar, pero a la fecha no haya autoridad estatal que dé cumplimiento.Finalmente dijo que buscarán hacer un llamado al órgano anticorrupción en Estados Unidos para que también tome cartas en el asunto.