TIJUANA.- Con el cuchillo ensangrentado, y golpeados por su intento de fuga, fueron asegurados dos sujetos que sin un motivo aparente, golpearon y acuchillaron a dos personas.
María Isabel Osorio Ortiz de 23 años explicó a las autoridades que estaba con su padre Antonio Osorio Cárdenas de 51, cuando fueron agredidos por este par de delincuentes sin un motivo aparente.
El hombre resultó con varios hematomas en diferentes partes del cuerpo, pero no fue el único, pues también otro señor de nombre Cristian Rico de 40 años, fue agredido cuando los agresores se alejaban del lugar.
La segunda víctima terminó con un hematoma en el ojo derecho y en la frente, así como con varias heridas de arma blanca. Dos de éstas lesiones se registraron en el costado izquierdo, dos más en el costado derecho y uno más en la espalda a la altura de la cintura.
Su fuga no los llevó muy lejos, pues a la altura del Cañón Cuitlahuac y avenida Cuauhtémoc, fueron asegurados Jesús Quiñones García de 43 años y Luis Fernando Quiñones Rivera de 26; todavía en posesión de un cuchillo ensangrentado, de 12 centímetros de hoja.
Trató de asaltar a su ex mujer
Quería despojar a su ex mujer de todas sus pertenencias de valor, pero al resistirse le puso una golpiza. En esa riña intervino un vecino que trató de calmar los ánimos resultando con golpes y hasta con heridas de arma blanca.
Era la 1:15 de la mañana cuando la policía municipal logró asegurar a Eduardo Andrade Angulo de 42 años, de la casa marcada con el número 15 de la privada Málaga del fraccionamiento Santa Fe.
María Guadalupe Vázquez Hernández de 52 años explicó a las autoridades que su ex cónyuge llegó a la casa tratando de despojarla de sus pertenencias, amagándola con un cuchillo.
Lo malo es que puso resistencia y esta actitud enfureció más al sujeto que no la pensó dos veces, y sin decir más, la empezó a golpear además de herirla con el cuchillo en la mano izquierda.
Para su buena suerte, un vecino que escuchó todo el relajo salió en su defensa, pero no le fue tan bien pues Victorino Medina García de 46 años, resultó con un golpe en el pómulo derecho y una herida por el arma punzocortante en el hombro del lado derecho.
El detenido traía un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de hoja.
miércoles, 29 de abril de 2009
MARINA SE LLLEVA A POLICIA DE OTAY
EN LAS GRAFICAS SE MUESTRA EL TRASLADO DEL ELEMENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE OTAY. (FOTOGRAFIAS DE GENARO GALINDO HERNANDEZ)
Regresa Impunidad a Tijuana
TIJUANA.-Tras el atentado que sufrieron elementos de la Policía Municipal la noche del lunes 27 de abril, el gobierno ha lanzado sus ofensivas; sí, se trata de una serie de comunicados en los que "condenan" los hechos en que murieron 7 policías y 2 más resultaron heridos.
Por principio de cuenta tuvimos el primer golpe por parte del gobierno municipal; dos horas después de que se registraron los hechos en 5 distintos lugares de la ciudad, enviaron un escueto informe.
El documento fue enviado por el departamento de Comunicación Social del XIX ayuntamiento, en él simplemente se hizo referencia a los hechos (5 ataques) y se explicó que el gobierno en coordinación con la policía federal, estatal y ejército, realizaba recorridos para atrapar a los agresores.
Ya el día martes 28 de abril, el departamento de Comunicación Social de la Policía Municipal, difundió a través del "parte de novedades" más detalles de los hechos, ya ahí, se manejaron nombres de los elementos fallecidos.
Al medio día del mismo 28 de abril, el regidor priista José Luís Parra Vázquez, emitió su opinión a través de un comunicado, donde nuevamente se condena la agresión. Más tarde en un nuevo comunicado, el regidor panista Bustamante Mora, volvió a referirse a las agresiones como actos cobardes y lamentables.
Ambos comunicados fueron fabricados en la oficina de Comunicación Social del XIX Ayuntamiento de Tijuana.Pasaron más de 12 horas de los atentados y la única acción contundente del gobierno municipal y del gobierno estatal, representado en esta ocasión -como en muchas otras- por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue la de convocar a una conferencia de prensa conjunta, para ofrecer detalles de los hechos de la noche anterior.
La conferencia fue a las 17.30 horas del martes. Atendieron a los medios de comunicación Rommel Moreno Manjarrez, Fiscal de Baja California, y Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad de Tijuana.
Y efectivamente, tal como decía en el mail en el que se convocó a la conferencia, se ofrecieron detalles de los 5 hechos.A 24 horas de que se registraron los embates, las autoridades no tienen nada, sólo 2 oficiales heridos y 7 más en féretros.
Pero ningún detenido.Los deudos de los policías acaecidos, ahora tienen la certeza de que al menos en los comunicados del departamento de Comunicación del XIX Ayuntamiento, se condenan los hechos y se reconoce que los oficiales murieron en cumplimiento de su deber, además del "apoyo" del gobierno.
En Baja California, en los últimos 3 años han acribillado a más de un centenar de elementos de la policía Municipal, Estatal y Federal; en ninguna de estas ejecuciones se ha detenido a los autores intelectuales.
Comunicados y boletines de prensa; con estas armas el gobierno municipal y estatal enfrentan de manera frontal y coordinada a las organizaciones criminales que operan en Baja California y Tijuana.
Por principio de cuenta tuvimos el primer golpe por parte del gobierno municipal; dos horas después de que se registraron los hechos en 5 distintos lugares de la ciudad, enviaron un escueto informe.
El documento fue enviado por el departamento de Comunicación Social del XIX ayuntamiento, en él simplemente se hizo referencia a los hechos (5 ataques) y se explicó que el gobierno en coordinación con la policía federal, estatal y ejército, realizaba recorridos para atrapar a los agresores.
Ya el día martes 28 de abril, el departamento de Comunicación Social de la Policía Municipal, difundió a través del "parte de novedades" más detalles de los hechos, ya ahí, se manejaron nombres de los elementos fallecidos.
Al medio día del mismo 28 de abril, el regidor priista José Luís Parra Vázquez, emitió su opinión a través de un comunicado, donde nuevamente se condena la agresión. Más tarde en un nuevo comunicado, el regidor panista Bustamante Mora, volvió a referirse a las agresiones como actos cobardes y lamentables.
Ambos comunicados fueron fabricados en la oficina de Comunicación Social del XIX Ayuntamiento de Tijuana.Pasaron más de 12 horas de los atentados y la única acción contundente del gobierno municipal y del gobierno estatal, representado en esta ocasión -como en muchas otras- por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue la de convocar a una conferencia de prensa conjunta, para ofrecer detalles de los hechos de la noche anterior.
La conferencia fue a las 17.30 horas del martes. Atendieron a los medios de comunicación Rommel Moreno Manjarrez, Fiscal de Baja California, y Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad de Tijuana.
Y efectivamente, tal como decía en el mail en el que se convocó a la conferencia, se ofrecieron detalles de los 5 hechos.A 24 horas de que se registraron los embates, las autoridades no tienen nada, sólo 2 oficiales heridos y 7 más en féretros.
Pero ningún detenido.Los deudos de los policías acaecidos, ahora tienen la certeza de que al menos en los comunicados del departamento de Comunicación del XIX Ayuntamiento, se condenan los hechos y se reconoce que los oficiales murieron en cumplimiento de su deber, además del "apoyo" del gobierno.
En Baja California, en los últimos 3 años han acribillado a más de un centenar de elementos de la policía Municipal, Estatal y Federal; en ninguna de estas ejecuciones se ha detenido a los autores intelectuales.
Comunicados y boletines de prensa; con estas armas el gobierno municipal y estatal enfrentan de manera frontal y coordinada a las organizaciones criminales que operan en Baja California y Tijuana.
TIJUANA: EL RETORNO DE LA TORTURA
José Luis Pérez Canchola
El Mexicano, 27 de abril de 2009
Durante los gobierno de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, se torturaba a ciencia y paciencia de los políticos y de la clase gobernante. Se torturaba igual a criminales que a los críticos del sistema. Durante aquellos dos sexenios, muchos de los que alguna vez fuimos detenidos por ser de oposición al gobierno y enviados a las celdas judiciales, sabemos de estas historias. Los gritos, los lamentos, las suplicas de los que eran golpeados en la noche o madrugada para que confesaran algo. Recuerdo los sótanos del edificio de la Calle 8 y Constitución, en el centro de la ciudad de Tijuana, justo debajo de las oficinas de los jefes policíacos de la municipal y de la judicial. Era el año de 1971. .
Al profesor Manuel Licea y al que esto escribe nos arrestaron por andar haciendo propaganda en contra del gobierno de Echeverría. Al menos eso nos dijeron al llegar a la Comandancia de la municipal. “De esta vamos a salir fácil, le dije a Licea”. Pero luego nos turnaron a los separos de la policía judicial y el asunto se complicó. En la madrugada un mando policiaco nos acuso de ser parte de los líderes de un grupo guerrillero. Ahora sí nos jodimos –pensé- y decidí guardar silencio. La segunda noche llegaron dos agentes de la Secretaría de Gobernación. Nos interrogaron por separado durante horas sin pasar de los gritos y las amenazas de enviarnos al Campo Militar No. 1 en el Distrito Federal. Salimos al tercer día gracias a una movilización popular y de estudiantes que organizaron Gabriel Ramos y Blas Manrique. Ambos políticos de izquierda y líderes sociales siempre dispuestos a manifestarse contra cualquier abuso de la autoridad. Manuel Licea, Gabriel Ramos y Blas Manrique ya fallecieron. Se me adelantaron.
El caso es que durante aquellas noches y en aquellas celdas pestilentes los policías judiciales torturaban vendedores de marihuana, ladrones de auto partes, asaltantes callejeros y degenerados sexuales. Hubo uno acusado de violación que lo golpearon hasta dejarlo tirado sin sentido. El cuarto de tortura estaba frente a mi celda y cada que salían los policías después de aquellas golpizas, decían en voz alta “para que aprendan”.
Había un celador que día y noche cuidaba las puertas de las celdas con llave en mano para lo que se ofreciera. Era el que sacaba y metía a los delincuentes de poca monta para llevarlos ante los policías, quienes los interrogaban a base de puñetazos, patadas, toques eléctricos y bolsa de plástico. Era evidente que dicho celador gozaba aquel ambiente tan patético como dramático. Le decían el “poca luz”. Después me di cuenta que el apodo le quedaba bien ya que le faltaba un ojo.
Toda esta historia viene a cuento por la reciente denuncia de familiares de los policías municipales detenidos bajo arraigo en la Zona Militar y sometidos a interrogatorios también a base de puñetazos, descargas eléctricas en los testículos y piernas, son amarrados de pies y manos y se les provoca asfixia con bolsas de plástico y siempre con los ojos vendados para que no identifiquen a sus torturadores. Todo con el fin de obligarlos a firmar declaraciones que no les dejan leer. Igual que en los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría.
Algunos de estos agentes ya firmaron supuestas declaraciones y hasta hojas de papel en blanco con tal de que cese la tortura. Así lo dicen familiares de los detenidos en su escrito dirigido a la Cámara de Diputados, a la de Senadores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Lo curioso de este asunto es que los arraigados son policías municipales que fueron detenidos por sus propios jefes de la Policía Municipal, seguramente por sospecha de estar relacionados con crimen organizado, asunto que sólo compete investigar a la Procuraduría General de la República. Los torturadores, dicen los familiares, no son personal del ejército, pero los hechos se registran dentro de las instalaciones militares. Si en verdad vivimos en una democracia, al menos debería de haber alguna autoridad que les aclare a los familiares todo este enredo.
Los testimonios que se dan a conocer en la denuncia, fueron recopilados por esposas e hijos de los detenidos. Se trata de textos redactados en tiempos y circunstancias distintas aprovechando los días de visita. Sin embargo por las coincidencias en dichos escritos, resulta evidente que algo turbio y sospechoso sucede al interior del Campo Militar.
Uno de estos testimonios es el siguiente. “Soy esposa de un policía arraigado que se llevaron al cuartel militar el día 24 de marzo del 2009, sin previo aviso ni documento a la mano. Alguien conocido como Sr. Huerta se lo llevó personalmente en su camioneta y lo desarmó a base de engaños. A él le han hecho lo siguiente. Le vendan los ojos, le amarran las manos y los pies. Lo mantienen de rodillas. No le dieron de comer los primeros 4 días. Le deban toques eléctricos en los testículos y los pies. No solo eso. También le ponen bolsa en la cabeza a manera de asfixia. Si se desmayan los reaniman y comienza otra vez la tortura. Esto, manifiestan los detenidos, sucede en presencia del secretario Leyzaola dando las órdenes a los torturadores”.
Otro de los testimonios dice “Mi esposo fue privado de su libertad desde el 21 de marzo. Fue torturado y amenazado. Lo torturaron en tres ocasiones, le ataron las manos, lo envolvieron en una cobija para no dejar huella de los golpes. Lo golpearon durante dos horas para que él firmara lo que a ellos les dio la gana. Le quitaron los zapatos y le metieron los pies en un recipiente con agua y le pusieron unos cables con electricidad en los pies y en los testículos. Eso lo hicieron en repetidas ocasiones”.
Lo grave del caso es que esta práctica de interrogar en condiciones de arraigo mediante tortura y amenazas, no tiene nada que ver con lo discutido en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, cuando se trató lo relacionado con la reforma al artículo 16 constitucional. Más aún, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, aprobado por 366 votos a favor, se dice claramente que la figura del arraigo es una medida cautelar ejecutada por orden judicial y a petición de la institución del Ministerio Público en aquellos casos en que ya se está realizando una investigación o un proceso penal relacionados con delincuencia organizada. Todo esto aparece en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de los días 11 y 12 de diciembre de 2007.
A fin de cuentas el nuevo artículo 16 constitucional en su párrafo 7 dice lo siguiente: “La autoridad judicial, a petición del ministerio publico y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.
Los diputados y senadores invirtieron horas en el debate del artículo 16 constitucional y en particular la figura del arraigo, hubo propuestas y contrapropuestas. Pocos diputados llamaron la atención sobre el riesgo de abrir la puerta a graves violaciones a derechos humanos. Lo cierto es que implantar una medida cautelar como el arraigo, cuando vemos que la mayoría de los mandos policíacos y ministeriales no respetan la ley y en muchos casos ni la conocen, es francamente abrir más las puertas a las violaciones de derechos humanos en contra de personas que bajo tortura no tienen otra alternativa de firmar lo que sea. Por supuesto que hay que aplicar todo el peso de la ley a los se dedican a cometer delitos, pero también se debe aplicar a los que torturan.
Las familias de los policías municipales detenidos bajo arraigo en el campo militar seguramente que tienen sus abogados y tendrán que reclamar la reparación del daño causado por tortura que establecen nuestras propias leyes, con independencia de si los acusados resulten realmente responsables o no de lo que se les acusa. Ahora por mandato de los organismos internacionales, incluyendo la ONU, los gobiernos están obligados a castigar penalmente a los torturadores, sobre todo después de que México firmó el Protocolo de Estambul que obliga a los Estados Partes de la ONU a tratar como delito grave los casos de tortura y la complicidad.
En base a mi experiencia en el Consejo de la Academia Nacional de Seguridad Pública de la federación y como parte del equipo de asesores en la Cámara de Diputados en temas de derechos humanos y seguridad pública, puedo comentar que incluso en el Plan Mérida, firmado entre México y los Estados Unidos, se establece en su sección 114 (a) del Titulo I, la suspensión de la asistencia económica destinada a combatir el crimen organizado, en aquellos casos en que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, conozca de hechos debidamente fundados relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas o por cualquier cuerpo policial.
Tal asistencia económica podrá continuar, se dice en el texto del propio Plan Mérida, sólo en caso que el gobierno mexicano demuestre que los responsables de tales violaciones, sean militares o policías, han sido procesados penalmente.
Lo que procede en este caso es hacer la denuncia y solicitar la investigación correspondiente al Departamento de Estados de los Estados Unidos, y depositar el escrito en el consulado norteamericano más cercano o enviarlo por paquetería a Washington. Tan sencillo como eso.
Como podemos ver, ahora las victimas de violaciones graves a sus derechos humanos tienen muchos recursos legales y políticos dentro y fuera del país, no como en los tiempos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, cuando todas las policías torturaban a ciencia y paciencia de los políticos y gobernantes. Ahora lo importante es evitar que aquellos tiempos regresen y aún cuando se trate de un solo caso de tortura, debemos denunciarlo y exigir que se castigue, tal y como lo ordena la ley. Ni más ni menos.
El Mexicano, 27 de abril de 2009
Durante los gobierno de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, se torturaba a ciencia y paciencia de los políticos y de la clase gobernante. Se torturaba igual a criminales que a los críticos del sistema. Durante aquellos dos sexenios, muchos de los que alguna vez fuimos detenidos por ser de oposición al gobierno y enviados a las celdas judiciales, sabemos de estas historias. Los gritos, los lamentos, las suplicas de los que eran golpeados en la noche o madrugada para que confesaran algo. Recuerdo los sótanos del edificio de la Calle 8 y Constitución, en el centro de la ciudad de Tijuana, justo debajo de las oficinas de los jefes policíacos de la municipal y de la judicial. Era el año de 1971. .
Al profesor Manuel Licea y al que esto escribe nos arrestaron por andar haciendo propaganda en contra del gobierno de Echeverría. Al menos eso nos dijeron al llegar a la Comandancia de la municipal. “De esta vamos a salir fácil, le dije a Licea”. Pero luego nos turnaron a los separos de la policía judicial y el asunto se complicó. En la madrugada un mando policiaco nos acuso de ser parte de los líderes de un grupo guerrillero. Ahora sí nos jodimos –pensé- y decidí guardar silencio. La segunda noche llegaron dos agentes de la Secretaría de Gobernación. Nos interrogaron por separado durante horas sin pasar de los gritos y las amenazas de enviarnos al Campo Militar No. 1 en el Distrito Federal. Salimos al tercer día gracias a una movilización popular y de estudiantes que organizaron Gabriel Ramos y Blas Manrique. Ambos políticos de izquierda y líderes sociales siempre dispuestos a manifestarse contra cualquier abuso de la autoridad. Manuel Licea, Gabriel Ramos y Blas Manrique ya fallecieron. Se me adelantaron.
El caso es que durante aquellas noches y en aquellas celdas pestilentes los policías judiciales torturaban vendedores de marihuana, ladrones de auto partes, asaltantes callejeros y degenerados sexuales. Hubo uno acusado de violación que lo golpearon hasta dejarlo tirado sin sentido. El cuarto de tortura estaba frente a mi celda y cada que salían los policías después de aquellas golpizas, decían en voz alta “para que aprendan”.
Había un celador que día y noche cuidaba las puertas de las celdas con llave en mano para lo que se ofreciera. Era el que sacaba y metía a los delincuentes de poca monta para llevarlos ante los policías, quienes los interrogaban a base de puñetazos, patadas, toques eléctricos y bolsa de plástico. Era evidente que dicho celador gozaba aquel ambiente tan patético como dramático. Le decían el “poca luz”. Después me di cuenta que el apodo le quedaba bien ya que le faltaba un ojo.
Toda esta historia viene a cuento por la reciente denuncia de familiares de los policías municipales detenidos bajo arraigo en la Zona Militar y sometidos a interrogatorios también a base de puñetazos, descargas eléctricas en los testículos y piernas, son amarrados de pies y manos y se les provoca asfixia con bolsas de plástico y siempre con los ojos vendados para que no identifiquen a sus torturadores. Todo con el fin de obligarlos a firmar declaraciones que no les dejan leer. Igual que en los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría.
Algunos de estos agentes ya firmaron supuestas declaraciones y hasta hojas de papel en blanco con tal de que cese la tortura. Así lo dicen familiares de los detenidos en su escrito dirigido a la Cámara de Diputados, a la de Senadores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Lo curioso de este asunto es que los arraigados son policías municipales que fueron detenidos por sus propios jefes de la Policía Municipal, seguramente por sospecha de estar relacionados con crimen organizado, asunto que sólo compete investigar a la Procuraduría General de la República. Los torturadores, dicen los familiares, no son personal del ejército, pero los hechos se registran dentro de las instalaciones militares. Si en verdad vivimos en una democracia, al menos debería de haber alguna autoridad que les aclare a los familiares todo este enredo.
Los testimonios que se dan a conocer en la denuncia, fueron recopilados por esposas e hijos de los detenidos. Se trata de textos redactados en tiempos y circunstancias distintas aprovechando los días de visita. Sin embargo por las coincidencias en dichos escritos, resulta evidente que algo turbio y sospechoso sucede al interior del Campo Militar.
Uno de estos testimonios es el siguiente. “Soy esposa de un policía arraigado que se llevaron al cuartel militar el día 24 de marzo del 2009, sin previo aviso ni documento a la mano. Alguien conocido como Sr. Huerta se lo llevó personalmente en su camioneta y lo desarmó a base de engaños. A él le han hecho lo siguiente. Le vendan los ojos, le amarran las manos y los pies. Lo mantienen de rodillas. No le dieron de comer los primeros 4 días. Le deban toques eléctricos en los testículos y los pies. No solo eso. También le ponen bolsa en la cabeza a manera de asfixia. Si se desmayan los reaniman y comienza otra vez la tortura. Esto, manifiestan los detenidos, sucede en presencia del secretario Leyzaola dando las órdenes a los torturadores”.
Otro de los testimonios dice “Mi esposo fue privado de su libertad desde el 21 de marzo. Fue torturado y amenazado. Lo torturaron en tres ocasiones, le ataron las manos, lo envolvieron en una cobija para no dejar huella de los golpes. Lo golpearon durante dos horas para que él firmara lo que a ellos les dio la gana. Le quitaron los zapatos y le metieron los pies en un recipiente con agua y le pusieron unos cables con electricidad en los pies y en los testículos. Eso lo hicieron en repetidas ocasiones”.
Lo grave del caso es que esta práctica de interrogar en condiciones de arraigo mediante tortura y amenazas, no tiene nada que ver con lo discutido en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, cuando se trató lo relacionado con la reforma al artículo 16 constitucional. Más aún, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, aprobado por 366 votos a favor, se dice claramente que la figura del arraigo es una medida cautelar ejecutada por orden judicial y a petición de la institución del Ministerio Público en aquellos casos en que ya se está realizando una investigación o un proceso penal relacionados con delincuencia organizada. Todo esto aparece en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de los días 11 y 12 de diciembre de 2007.
A fin de cuentas el nuevo artículo 16 constitucional en su párrafo 7 dice lo siguiente: “La autoridad judicial, a petición del ministerio publico y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.
Los diputados y senadores invirtieron horas en el debate del artículo 16 constitucional y en particular la figura del arraigo, hubo propuestas y contrapropuestas. Pocos diputados llamaron la atención sobre el riesgo de abrir la puerta a graves violaciones a derechos humanos. Lo cierto es que implantar una medida cautelar como el arraigo, cuando vemos que la mayoría de los mandos policíacos y ministeriales no respetan la ley y en muchos casos ni la conocen, es francamente abrir más las puertas a las violaciones de derechos humanos en contra de personas que bajo tortura no tienen otra alternativa de firmar lo que sea. Por supuesto que hay que aplicar todo el peso de la ley a los se dedican a cometer delitos, pero también se debe aplicar a los que torturan.
Las familias de los policías municipales detenidos bajo arraigo en el campo militar seguramente que tienen sus abogados y tendrán que reclamar la reparación del daño causado por tortura que establecen nuestras propias leyes, con independencia de si los acusados resulten realmente responsables o no de lo que se les acusa. Ahora por mandato de los organismos internacionales, incluyendo la ONU, los gobiernos están obligados a castigar penalmente a los torturadores, sobre todo después de que México firmó el Protocolo de Estambul que obliga a los Estados Partes de la ONU a tratar como delito grave los casos de tortura y la complicidad.
En base a mi experiencia en el Consejo de la Academia Nacional de Seguridad Pública de la federación y como parte del equipo de asesores en la Cámara de Diputados en temas de derechos humanos y seguridad pública, puedo comentar que incluso en el Plan Mérida, firmado entre México y los Estados Unidos, se establece en su sección 114 (a) del Titulo I, la suspensión de la asistencia económica destinada a combatir el crimen organizado, en aquellos casos en que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, conozca de hechos debidamente fundados relacionados con violaciones graves a derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas o por cualquier cuerpo policial.
Tal asistencia económica podrá continuar, se dice en el texto del propio Plan Mérida, sólo en caso que el gobierno mexicano demuestre que los responsables de tales violaciones, sean militares o policías, han sido procesados penalmente.
Lo que procede en este caso es hacer la denuncia y solicitar la investigación correspondiente al Departamento de Estados de los Estados Unidos, y depositar el escrito en el consulado norteamericano más cercano o enviarlo por paquetería a Washington. Tan sencillo como eso.
Como podemos ver, ahora las victimas de violaciones graves a sus derechos humanos tienen muchos recursos legales y políticos dentro y fuera del país, no como en los tiempos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, cuando todas las policías torturaban a ciencia y paciencia de los políticos y gobernantes. Ahora lo importante es evitar que aquellos tiempos regresen y aún cuando se trate de un solo caso de tortura, debemos denunciarlo y exigir que se castigue, tal y como lo ordena la ley. Ni más ni menos.
HOMICIDA QUE ASESINÓ A JOVEN EN MEXICALI ES APREHENDIDO POR LA PEP EN ENSENADA
ENSENADA.- Un sujeto que era buscado por el delito de homicidio calificado y lesiones en riña fue aprehendido por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) cuando se escondía en Ensenada, Baja California.Agustín Mercado Flores, de 30 años, presuntamente asesinó a Marco Antonio Camargo Avalos, de 20 años, la noche del 28 de septiembre de 2002, cuando participó en una riña en la colonia Hidalgo, Mexicali, y con una piedra que le lanzó a la cabeza le causó graves lesiones.
Para evitar ser detenido, Mercado Flores se mudó a Ensenada, en donde había permanecido oculto los últimos 6 años.
Agentes de la PEP que realizaron trabajo de inteligencia, conocieron de la ubicación del presunto homicida, cuyo caso se encuentra en el expediente 6465/02/100/AP. Mercado Flores era también buscado por el delito de estupro que presuntamente cometió en 2003.
El trabajo coordinado de varias áreas de la Policía Estatal Preventiva (PEP), entre ellas la de Inteligencia, permitió que este día se realizara el operativo para detener a Agustín Mercado Flores, de 30 años, cuando se encontraba en las calles Toscana y San Pedro, del Fraccionamiento Villas del Real III.
Una vez que arrestaron al presunto delincuente, los agentes de la PEP lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que sea esta instancia la que continúe los trámites legales correspondientes.
Mediante este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP), refrenda su decisión de no dar tregua a la delincuencia, tanto común como organizada.
Además se reitera el llamado a los ciudadanos para que denuncien al número 089 cualquier actividad sospechosa de ser ilícita o la ubicación de presuntos delincuentes.
No hay detenidos en ejecuciones de policías: PGJE
TIJUANA.- No ningún detenido con relación a la ejecución de siete oficiales de la policía municipal, reconocieron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
En rueda de prensa, los funcionarios admitieron que la ola de ataques contra los uniformados, se debió a que no aceptaron un pago para dejar trabajar a un grupo del crimen organizado en la región, aunque no identificaron a esa organización criminal.
Rommel Moreno Manjarrez, titular de la PGJE, informó que algunos de los casquillos encontrados en las escenas del crimen coinciden con el rayado de tres armas utilizadas en previas ejecuciones y ataques a oficiales municipales.
Uno de ellos ocurrido el once de enero pasado en el fraccionamiento El Refugio en la Zona Este y el asesinato de una joven en la avenida Las Ferias el seis de enero, dijo.
Por su parte, Julián Leyzola Pérez, titular de la SSPM, reconoció que este fue un ataque aleatorio contra los policías y fue un alarde de fuerza para intimidar, aunque advirtió que los delincuentes no lograrán su objetivo.
Las autoridades aceptaron que no hay ningún detenido en relación a la ejecución múltiple y que las personas detenidas estuvieron en calidad de presentados, aunque ya alcanzaron su libertad.
En rueda de prensa, los funcionarios admitieron que la ola de ataques contra los uniformados, se debió a que no aceptaron un pago para dejar trabajar a un grupo del crimen organizado en la región, aunque no identificaron a esa organización criminal.
Rommel Moreno Manjarrez, titular de la PGJE, informó que algunos de los casquillos encontrados en las escenas del crimen coinciden con el rayado de tres armas utilizadas en previas ejecuciones y ataques a oficiales municipales.
Uno de ellos ocurrido el once de enero pasado en el fraccionamiento El Refugio en la Zona Este y el asesinato de una joven en la avenida Las Ferias el seis de enero, dijo.
Por su parte, Julián Leyzola Pérez, titular de la SSPM, reconoció que este fue un ataque aleatorio contra los policías y fue un alarde de fuerza para intimidar, aunque advirtió que los delincuentes no lograrán su objetivo.
Las autoridades aceptaron que no hay ningún detenido en relación a la ejecución múltiple y que las personas detenidas estuvieron en calidad de presentados, aunque ya alcanzaron su libertad.
BALEAN UN DOMICILIO EN LA MAZATLAN DE ROSARITO
* Recibe amenazas la policía por frecuencia policiaca
PLAYAS DE ROSARITO.- Fuerte movimiento policiaco en Rosarito, al cambio de turno los uniformados comenzaron a escuchar narco corridos por la frecuencia policíaca. Eran alrededor de las 8:30 cuando reportaron una cruenta balacera.
Sobre la calle Díaz Ordaz y calle José Maria Morelos, de la colonia Mazatlán, donde llegaron dos vehículos una Durango de color negro y un Tahoe color arena. Hasta el domicilio sin número, donde comenzaron a disparar impactando a una Explorer color arena como se aprecia en las imágenes.
Los vehículos sospechosos recorrieron varias calles de la populosa colonia y enfilaron rumbo al camino vecinal que lleva a l a colonia Morelos por donde los presuntos delincuentes se hicieron ojo de hormiga.
Pese al instantáneo el operativo que montó el único mando que estuvo al frente de la corporación el Subjefe Ventura. Los resultados fueron negativos.
Localizan cadáver de mujer
MEXICALI.-En la colonia Robledo se localizo el cadáver de una mujer con huellas de violencia y en estado de descomposición.
La victima fue identificada por su hermana como María Victoria Contreras Gutiérrez, de 42 años de edad. Se estableció que previamente la victima sufrió el robo de un vehículo Toyota Avalon, color blanco, modelo 2001, con las placas BDP9036 y serie 4T1BF28B51U166061.
El hallazgo se realizó a las 21:18 horas del lunes
La victima fue identificada por su hermana como María Victoria Contreras Gutiérrez, de 42 años de edad. Se estableció que previamente la victima sufrió el robo de un vehículo Toyota Avalon, color blanco, modelo 2001, con las placas BDP9036 y serie 4T1BF28B51U166061.
El hallazgo se realizó a las 21:18 horas del lunes
Hallan camioneta usada por sicarios
TIJUANA.-Un camioneta Envoy sin placas, modelo 2003, en cuyo interior hay cartuchos percutidos 223 y 762, fue localizada en las inmediaciones de la colonia Guerrero por autoridades policiacas.
Hasta el momento se desconoce si en el interior de la unidad hay alguna persona
Cuando transitaba por la calle Ramón Chavira, el director de la policía municipal capitán Gustavo Huerta y su escolta, detectaron un vehículo que esta implicado en la ejecución de policías municipales
Hasta el momento se desconoce si en el interior de la unidad hay alguna persona
Cuando transitaba por la calle Ramón Chavira, el director de la policía municipal capitán Gustavo Huerta y su escolta, detectaron un vehículo que esta implicado en la ejecución de policías municipales
Sospechosos permanecen en instalaciones militares
TIJUANA.- Cinco sujetos que fueron detenidos anoche tras los ataques policías municipales, permanecen bajo una fuerte custodia en las instalaciones de la Segunda Zona Militar en la colonia Morelos.
Aunque se desconoce con exactitud las causas por las que fueron detenidos y llevados a las instalaciones militares en calidad de presentados, fuentes gubernamentales indicaron que estos circulaban en varios vehículos con sofisticado equipo de radio comunicación. Incluso se menciona la posibilidad de que trajeran consigo un equipo de Sistema de Localización Satelital (GPS por sus siglas en ingles).
No obstante, existe un completo hermetismo de las autoridades de la Segunda Zona Militar sobre estas personas. Se prevé que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que emita información sobre la ejecución de los siete oficiales.
Aunque se desconoce con exactitud las causas por las que fueron detenidos y llevados a las instalaciones militares en calidad de presentados, fuentes gubernamentales indicaron que estos circulaban en varios vehículos con sofisticado equipo de radio comunicación. Incluso se menciona la posibilidad de que trajeran consigo un equipo de Sistema de Localización Satelital (GPS por sus siglas en ingles).
No obstante, existe un completo hermetismo de las autoridades de la Segunda Zona Militar sobre estas personas. Se prevé que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que emita información sobre la ejecución de los siete oficiales.
Amenaza en Patrullas; instalan francotiradores
TIJUANA.- Una falsa alarma causada por una llamada anónima que advirtió un ataque armado a las instalaciones de la policía en la Sección Patrullas, provocó esta mañana la evacuación inmediata del personal administrativo y el estado de alerta en la corporación policiaca.
Una voz anónima aseguró, a través de la central de radio, que “irían” por “ellos” (los municipales” a X-1 (clave de las oficinas de la policía en la Zona Centro).
Ante ello, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ordenó la evacuación inmediata de todo el personal administrativo, entre ellas secretarias y empleados de la Sindicatura Municipal.
Así mismo, los altos mandos ordenaron la instalación de francotiradores en el techo de las instalaciones policiacas y el cierre del tránsito vehicular en la avenida Internacional y calle Miguel González Ortega, hasta nuevo aviso.
Y es que todos los policías se encuentran en estado de alerta luego de la ejecución de siete de sus compañeros ocurrida la noche de ayer a manos de grupos armados en distintos puntos de Tijuana.
Una voz anónima aseguró, a través de la central de radio, que “irían” por “ellos” (los municipales” a X-1 (clave de las oficinas de la policía en la Zona Centro).
Ante ello, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ordenó la evacuación inmediata de todo el personal administrativo, entre ellas secretarias y empleados de la Sindicatura Municipal.
Así mismo, los altos mandos ordenaron la instalación de francotiradores en el techo de las instalaciones policiacas y el cierre del tránsito vehicular en la avenida Internacional y calle Miguel González Ortega, hasta nuevo aviso.
Y es que todos los policías se encuentran en estado de alerta luego de la ejecución de siete de sus compañeros ocurrida la noche de ayer a manos de grupos armados en distintos puntos de Tijuana.
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