* “Defensores” de oficio
Por Gilberto Lavenánt
La justicia, es uno de los satisfactores, por llamarle de alguna forma, más anhelados y más costosos. En la mayoría de los casos, fuera del alcance de las personas de medianos o escasos recursos económicos.
Si bien es cierto que en los tribunales se imparte justicia, sin distinción alguna, lo mismo a pobres que a ricos, y se resuelve a favor de quien tenga la razón y el derecho, sin necesidad de pagar un centavo por ello, salvo las tradicionales gratificaciones al personal administrativo, los pobres casi siempre llevan las de perder, por el simple hecho de ser pobres.
Es tanto como la salud de toda persona. La ciencia ha logrado grandes avances en la búsqueda de nuevos medicamentos que permiten combatir males que antes, irremediablemente, eran mortales. Sin embargo, tienen un costo tan alto, que están fuera del alcance de las personas de medianos o escasos recursos económicos, de forma tal que muchos continúan muriendo, a consecuencia de enfermedades curables, tan solo por falta de dinero. Tan solo por ser pobres.
Lo mismo pasa con la justicia. Existen instituciones o instancias administradoras o impartidoras de justicia, pero proliferan las injusticias, principalmente en perjuicio de las personas de medianos o bajos recursos, que no pueden acceder a ellas, no obstante que las mismas son gratuitas.
¿Entonces, en dónde está el problema?
Bueno, en el hecho de que para acceder a las instancias de administración de justicia, se requiere contratar abogados, que tengan la capacidad y experiencia necesaria o suficiente, para hacer valer los derechos de las personas afectadas por un problema o conflicto.
Aunque los honorarios profesionales de los abogados, no sean tan altos como el valor de los bienes o derechos en juego, definitivamente muchas personas no pueden cubrirlos o contratan a profesionistas de pobre nivel profesional e incluso de bajo nivel moral. Sobre todo de pobre sentido de responsabilidad.
En cambio, los ricos, pueden contratar abogados capaces y experimentados, en muchos de los casos profesionistas que gozan de influencias y privilegios en los tribunales, por su prestigio, amistades con los juzgadores o la forma generosa con que ¨aceitan la maquinaria judicial¨.
Afortunadamente, tratando de cubrir o eliminar la desventaja de quienes son pobres, en la búsqueda de justicia, se han creado dependencias que otorgan servicios públicos de asesoría jurídica, sin costo alguno.
Solamente hay que localizar la ubicación de las oficinas de la llamada Defensoría de Oficio, exponer el problema o asunto que les aqueja y se asigna el caso a un Defensor de Oficio, al que no hay necesidad de pagarle un solo centavo.
¿Con esto, se acaban las injusticias en perjuicio de los pobres? Debieran.
El problema, es que muchas de las veces, quienes desempeñan al cargo de Defensor de Oficio, son individuos chambistas, que solo buscan un empleo que les permita obtener ingresos, sin mucho esfuerzo, que generalmente no tienen ni la capacidad profesional, ni la experiencia, para atender los asuntos que les encomiendan. Y como las personas del asunto a manejar, no les pagan ni un solo centavo, pues no les ponen interés e incluso parte de su tiempo oficial, lo dedican a atender asuntos particulares, o sea de clientes que si les pagan. Los de a gratis, ahí que salgan como sea.
En Playas de Rosarito, recientemente ocurrió un caso, que sirve de ejemplo para mostrar lo que implica el contar con los ¨valiosos servicios¨ de un defensor de oficio. La señora Marcela Moctezuma Granados, solicitó apoyo de este tipo, para hacer frente a una demandada de acción rescisoria de contrato de compraventa, relativo a la vivienda que habitaba con su familia.
El asunto se ventiló ante el Juzado de Primera Instancia Civil de ese municipio, bajo expediente número 1081/2008 y en el que incluso hubo un tercero llamado a juicio. El asunto se perdió y la señora en mención fue desalojada de su vivienda, porque habiendo sido citada a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y sentencia, por conducto del defensor de oficio, de nombre Miguel Ángel Torres Pérez, a éste se le olvidó avisarle, de forma tal que, ante su inasistencia, se le tuvo por confesa respecto a los hechos contenidos en el escrito inicial de demanda, le dictaron sentencia en contra y la lanzaron a la calle, con su familia, además de que la condenaron al pago de gastos y costas del juicio. El abogado simplemente le dijo que ¨ni modo¨, que desalojara su casa, porque ya no había nada que hacer.
La afectada presentó su queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la cual con fecha 31 de diciembre del 2010 emitió la Recomendación 14/2010, dirigida al Secretario General de Gobierno del Estado, en la que se hace mención de tales hechos, en los que aparece como agraviada la señora Marcela Moctezuma Granados y como responsable el Defensor Público Miguel Angel Torres Pérez, por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en la modalidad de prestación indebida de servicio público, negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional y omisión en la notificación, que se tradujo en una injusticia.
Es absurdo y lamentable, que la irresponsabilidad de un individuo, comisionado para defender a una persona de medianos o escasos recursos económicos, de cómo resultado, la injusticia que se pretende evitar. Con esos ¨defensores¨ de oficio, mejor solos.
gil_lavenant@hotmail.com
