TIJUANA.- Desde el 6 de Octubre del año pasado, el sector empresarial de Baja California, entregó a la actual Legislatura estatal, la iniciativa ciudadana que propone reformas fundamentales a la instituir una nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, informó Héctor Contreras Luengas, Presidente del Consejo Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California.
Esta demanda, dijo, sigue latente, en espera de que sea revisada y dictaminada por la Comisión para la Reforma del Estado, presidida por el diputado Héctor Terán y sea sometida a la brevedad ante el pleno legislativo para su aprobación.
Indicó que se debe de hacer en cumplimiento a lo dispuesto por el Congreso de la Unión al reformar el Artículo 6 Constitucional en esta materia, en julio del 2008.
El líder de los empresarios en Baja California, criticó la lentitud de respuesta por parte del Congreso local en atender esta iniciativa que abrogaría la actual Ley de Acceso a la Información Pública, publicada en el Periódico Oficial No. 36, de fecha 12 de Agosto de 2005.
“Con su inexplicada tardanza, expresó, el Poder Legislativo desalienta la participación ciudadana en el esfuerzo por contar con leyes acordes a las necesidades sociales de nuestra entidad”.
Contreras Luengas agregó que deben acatarse los mandamientos constitucionales, puesto que, “desde el mes de julio del 2008, el Congreso Local debió de cumplir con el mandamiento del Congreso de la Unión, cuando reformó el Artículo 6 de la Constitución federal en esta materia.”
El presidente de los CCE´s del estado, recordó que Baja California es la única Entidad federativa que no cuenta con legislación acorde a los lineamientos o bases mínimas que impuso el Congreso federal.
Este derecho, dijo, es una garantía fundamental y la Legislatura local ha sido pasiva, pues no obstante que ya se reconoció este derecho en nuestra Constitucional local, eso no basta pues hay que adecuar la ley secundaria a las exigencias constitucionales.
Contreras Luengas manifestó que esta situación es motivo de preocupación a nivel nacional por el presumible grado de opacidad gubernamental existente.
El pasado 19 de mayo, informó el empresario, el diputado federal Eduardo Ledesma Romo presentó un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión en el que exhorta al gobierno de Baja California a atender las reformas en esta materia.
En el citado Punto de Acuerdo propuesto, expone:
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a aprobar las reformas legislativas necesarias en materia de transparencia y acceso a la información pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California a:
a) Promover la transparencia y el acceso a la información en ese Estado y garantizar, dentro del ámbito de su competencia, que la información que se pone a disposición de la sociedad sea clara, veraz, oportuna, confiable y de calidad; y,
b) Informar a esta Soberanía en un plazo no mayor a 30 días, el gasto público ejercido para promover la transparencia y el acceso a la información en ese Estado, en términos del presupuesto de egresos aprobado para 2010 por el Congreso Estatal.
Es el caso que ya transcurrieron más de seis meses desde que fuera presentada formalmente dicha iniciativa en las instancias del Poder Legislativo, presidido entonces por el diputado Antonio R. Cano Jiménez, quien ofreció agilizar el procedimiento para corresponder al interés del empresariado en coadyuvar en estos trabajos y poner a Baja California a la vanguardia en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La iniciativa del sector empresarial, entre sus puntos contiene la creación e institución de un órgano garante con las características que impone el Articulo 6 de la Constitución General de la República, y que además tenga injerencia sobre todos los sujetos obligados, incluyéndose los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fortalece y define, por lo tanto, las facultades del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.
Apenas la semana pasada, el 21 de Mayo en curso, el diputado Armando Corella Terán, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado que debe dictaminar en primera instancia sobre la presente iniciativa ciudadana, declaró a medios que “recién recibió la Iniciativa de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, que se puede catalogar como iniciativa ciudadana al contener la firma de 1334 ciudadanos de todo el Estado de Baja California, siendo entregada por Armando León Ptanick como representante del grupo”.
Dicha iniciativa, que se espera sea sometida a revisión y dictaminacion en los próximos días, plantea los siguientes puntos:
a) Crear un órgano garante sustanciador de recursos, que sea autónomo e independiente en gestión, operación y decisión;
b) Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados;
c) Fijar los procedimientos para garantizar al derecho de toda persona al acceso a la información pública;
d) Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados;
e) Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, de manera que los ciudadanos puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados y por añadidura, promover la cultura del acceso a la información pública; y,
f) Propone como sujetos obligados a proporcionar información a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), municipios, descentralizadas, organismos desconcentrados, fideicomisos, órganos autónomos como universidades e instituciones de educación superior pública, partidos políticos y al propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el organismo regulador de estas acciones, junto a entidades privadas que administren recursos públicos y a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas en los términos que señale la Ley Electoral.
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