A tres meses de instalado el Consejo Ciudadano de Combate a la Corrupción en Baja California, el instrumento no camina y sigue atorado por la evidente falta de voluntad política, una franca cerrazón y una abierta negligencia de los actores políticos: léase el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sus lacayos diputados y una camarilla del empresariado estatal, que lo mismo “maman y dan de topes”.
