COLUMNA: Palco de Prensa

* Las descalificaciones
Por Gilberto Lavenánt
Las descalificaciones, es el método más sencillo para defenderse o para eludir responsabilidades. Si alguien dice algo que nos incomode o afecte nuestros intereses, pues simple y sencillamente decimos que seguramente es del partido contrario, o que obedece a intereses oscuros, o que no quisimos ceder a sus pretensiones o exigencias. Es simple. La mayoría de las personas lo hacen.

Pero tratándose de funcionarios públicos, que reciben un salario por su servicio, y no cumplen cabalmente con la función para la cual se les designó, o incurren en excesos, no se vale recurrir a dicho método, porque la función pública por si sola reclama responsabilidad, eficiencia. Y ante un señalamiento o investigación, no hay más que someterse, para que se determinen responsabilidades y surja la certidumbre. Si se acreditan los dichos o culpas, pues a separarlo del cargo. Si resultan infundados, pues enhorabuena, será grato comprobar que se tiene en la función pública a un individuo honesto, eficiente.

Este es el método al que recurrió el Alcalde Jorge Ramos, para defender a su protegido el controvertido Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, ante los graves señalamientos que hizo respecto a dicho funcionario el Lic. Heriberto García García, Procurador de los Derechos Humanos, en la Recomendación Número 6/10, dada a conocer el jueves pasado.

El Alcalde, evidentemente sin siquiera hojear el escrito de Derechos Humanos, simplemente califica de ataques y acusaciones, los señalamientos contenidos en la recomendación del Procurador de Derechos Humanos y además deduce que tienen tintes políticos y están vinculados con intereses en la sucesión del gobierno de la ciudad.

Ramos Hernández afirma que la chamba de Secretario de Seguridad Pública Municipal, se convirtió en algo político y de manera temeraria asevera que el crimen le apuesta a que no haya continuidad en muchas cosas que le afectan y que una de ellas es la política.
En dicha recomendación, a Leyzaola lo señalan como torturador, y violador de los derechos humanos, e incluso se recomienda que lo cesen. No obstante la gravedad de esto, y que se trata de una institución pública, la que hace tales señalamientos, el Alcalde se va por el camino fácil de las descalificaciones.

En pocas palabras, llama manipulador al jóven Procurador de Derechos Humanos, le liga a intereses politicos, casi le llama mentiroso y, lo más grave de todo, prácticamente refiere que está al servicio del crimen organizado.

Pudiendo haber guardado la compostura y el decoro, pudo haber dicho que estudiaría la recomendación, que verificaría la veracidad de los señalamientos, y que de comprobar la certidumbre de los mismos, exigiría que se aplicara el rigor de la ley, o de lo contrario, siendo infundados, solicitaría se dejara a salvo el nombre del acusado.

Pero la descalificación es el recurso más barato y comodino. Se le usa con frecuencia cuando se carece de una argumentación sólida en defensa de alguien. El sembrar la duda en los actos del contrario, resulta más sencillo, aunque vulgar. Y muchas veces funciona.

Solo que en el caso que nos ocupa, el asunto tiene características especiales. Se trata de una dependencia creada precisamente para no permitir violaciones de derechos humanos de muchas personas, como ocurre frecuentemente. Obviamente, para desacreditarla, se argumenta que ésta siempre se dedica a defender a los criminales.

Y esto, o sea la descalificación, se dá hasta en los más altos niveles de gobierno. Recuerden
el caso del ahora ex-Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando en junio pasado, llamó a las comisiones de derechos humanos, tanto nacional, como estatales, a no ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, “ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de la autoridad”.

Ahora resulta que incurrir en atropellos, vejaciones, salvajadas, dizque por tratarse de delincuentes, cuando ni siquiera han pasado por un proceso en el que se acrediten las acusaciones y concluya con una sentencia condenatoria, se justifican si fue en el combate contra el crimen organizado. De poco o nada sirve decir que en este asunto, los vejados, fueron puestos en libertad por un juez federal, precisamente porque no se acreditaron los señalamientos en su contra. Pero la Procuraduría de Derechos Humanos si está cierta de los abusos de Leyzaola y su gente. Pore so la recomendación que hizo.

Solo que siendo Leyzaola protegido del Alcalde Ramos Hernández, no hay acusación que valga. El Alxalde le ha conferido fuero que no le corresponde legalmente y se convierte en un monumento a la impunidad.

Por si todo eso fuese poco, resulta absurdo que el Presidente Municipal, prácticamente se burle de una institución pública, que atendiendo una petición ciudadana, indaga y se atreve a señalar arbitrariedades y da los nombres de los autores. La instrucción oficial es simple : recibe la recomendación en contra de Leyzaola y ordena sea utilizada como papel sanitario.

El Lic. Heriberto García García, Procurador de los Derechos Humanos, es un funcionario respetuoso y merece ser respetado y la institución que representa es respectable y debe ser respetada. Las descalificaciones salen sobrando.

gil_lavenant@hotmail.com