Por Gilberto Lavenánt
Cada año, en temporada de lluvias, o un poco después, una o más viviendas se derrumban en Tijuana. Esto ya es considerado como algo natural. Miles de familias están en “lista de espera”, sin saber en qué momento les alcanzará la tragedia y si es que podrán sobrevivir.
Las causas de son varias. Una de ellas el hecho de que miles de familias se han asentado en laderas y cañones, inaccesibles y peligrosos, ante la falta de lugares planos en donde construir sus viviendas, y ante la negligencia de las autoridades que no hacen nada para impedirlo.
Es criminal lo que ocurre. Con picos, palas e incluso hasta con las uñas, rebajan cerros, para levantar ahí modestas viviendas, a las que con demasiadas dificultades llegan y de las que difícilmente pueden salir en temporada de lluvias.
Con el paso del tiempo, a las modestas viviendas les agregan paredones o muros de contención, presuntamente para protegerse de deslaves o caída de objetos diversos, de familias ubicadas cerro arriba. Sin una cimentación adecuada, el sobrepeso y la humedad, tarde que temprano, hacen ceder la tierra y las endebles construcciones ruedan en las pendientes descendentes o simple y sencillamente se desploman, al perder el equilibrio.
Con frecuencia ocurre que los habitantes de las viviendas, son sorprendidos en el interior de las mismas y en el alúd, quedan sepultados por toneladas de tierra, pìedras y escombros. Entonces, surgen las tragedias. Los esfuerzos de tantos años para crear un modesto patrimonio en zonas de riesgo, quedan aniquilados, y en muchos casos hasta les cuesta la vida.
Hace unos días, en la Colonia Sánchez Taboada, casi al amanecer, un muro de contención cayó sobre una vivienda de madera. En su interior se encontraba una jóven mujer y sus tres hijos. Todos fallecieron, lamentablemente.
Como este, hay muchos otros sitios en la ciudad, que constituyen trampas mortales, que en cualquier momento podrían ocasionar tragedias y que ningúna autoridad ha sido capaz de hacer algo para tratar de evitarlo. A lo más que llegan, en ocasiones, es a marcar con una cruz las viviendas que están en esas condiciones.
Pero los deslaves por autoconstrucción, son solo una parte de esta catástrofe que está a la vista de todos. Muchos otros casos se originan en la falta de escrúpulos de supuestos “desarrolladores urbanos”, que con la complacencia, complicidad y negligencia de las autoridades competentes, -incompetentes, mejor dicho-, de los tres niveles de gobierno, permiten que realicen flamantes fraccionamientos, en donde durante años fueron simples basureros, cañones o laderas de cerros.
Enormes pendientes, las “maquillan”, levantando altísimas bardas, tratando de contener rellenos, sin ningún sustento técnico, sin ninguna medida de seguridad. El caso de Laderas de Monterrey, en donde se desplomaron varias viviendas de lujo, entre las que se encontraba la habitada por el Senador panista Alejandro González Alcocer, ha sido uno de los casos más sonados.
Ahí, de inmediato intervino el entonces Alcalde de Tijuana, el panista Jorge Ramos Hernández, así como Francisco Blake Mora, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado, ahora flamante Secretario de Gobernación, pero no lo hicieron para auxiliar y proteger a los afectados, sino, como se establece en los contratos, “…para sacar en paz y a salvo” al desarrollador, de apellido Curiel.
La historia se repite en el Fraccionamiento Vistas Monterrey, al parecer obra del mismo desarrollador, en donde una barda de contención, se está derrumbando, poniendo en peligro bienes y vidas de muchas familias asentadas en la parte baja.
Otro caso más, en el Fraccionamiento Chapultepec, Novena Sección.
Estos fraccionamientos, son de los llamados residenciales, exclusivos para familias de nivel medio para arriba, en donde los precios de lotes y viviendas son altísimos.
En ellos, el tratamiento oficial es el mismo. Las autoridades acuden a proteger a los fraccionadores, a quitarles riesgos y cargas, a pagar estudios para supuestamente conocer las causas de las catástofres. Al final de cuentas los afectados quedan desamparados y tienen que sufrir pérdidas totales. Que se sepa, ningún desarrollador ha sido sancionado, en estos casos. Es más, hasta cuidan de no mencionar sus nombres.
En Tijuana, el cambio de un gobierno panista, a un gobierno priísta, no implicó un cambio de actitud en el ayuntamiento local. Pareciera que la impunidad es una regla de cumplimiento obligatorio.
Miles de familias siguen enfrentando riesgos mortales. Unas por estar asentadas en zonas de alto riesgo, precarias y sin ninguna precaución o asistencia técnica. Otras, por haber caído en manos de fraccionadores sin escrúpulos, fraudulentos.
Mientras tanto, los gobernantes, de los tres niveles de gobierno, siguen pasivas, teniendo frente a ellos el escenario de posibles catástrofes, a la vista. En espera de que ocurran las tragedias y que alguien les diga : aplaudan.
Ni para qué imaginar lo que pasaría ante un sismo de regular intensidad. Los resultados serían más que dramáticos y muchos le atribuirían los hechos a la naturaleza, en tanto que los ineptos funcionarios harán sus máximos esfuerzos para encontrar las posibles causas de ello, cuando ya ni llorar sea bueno.
gil_lavenant@hotmail.com
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