Sempra Energy jamás podrá comprobar con documentos legales los permisos para uso de suelo y de cumplimiento del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), sentenció Lourdes Oliva Valdez, Directora de Catastro y Control Urbano del Ayuntamiento de Ensenada.
Así resumió la funcionaria municipal uno de los temas centrales de las reuniones de trabajo de la comisión especial de diputados federales que investigan las presuntas irregularidades en los permisos otorgados a la transnacional californiana.
La comisión especial estuvo este viernes en Ensenada y se reunió con ciudadanos, funcionarios y especialistas, quienes también denunciaron actos de corrupción y poca transparencia en el proceso de construcción y operación de la planta Energía Costa Azul, filia de Sempra Energy.
Uno de los personajes que reapareció después de más seis años fue Rubén Ayub Martínez, quien fue director de Desarrollo Urbano y Ecología durante el XVII Ayuntamiento de Ensenada (2001-2004) y era el responsable de firmar los permisos de uso de suelo y de construcción de la planta de la transnacional.
En su ponencia ante los diputados federales, Ayub Martínez señaló que se negó a firmar el permiso de uso de suelo y las licencias de construcción, porque Sempra Energy no garantizaba un beneficio real.
Añadió que el proceso de obtención de los permisos de la transnacional, desde 2001, estuvo caracterizado por la falta de transparencia ante la autoridad municipal.
Con respecto a las dependencias federales, como la Comisión Reguladora de Energía y las secretarías de Energía, del Medio Ambiente y de Comunicaciones y Transportes, dijo, nunca tuvimos un acercamiento o intercambio de información, nunca se nos participó de ninguna información inherente a este caro.
"Sencillamente se nos informaba que ya estaban las autorizaciones correspondientes. Lo mismo pasó con las autoridades estatales encabezadas por Eugenio Elorduy Walther, ex gobernador del Estado", aseguró.
Ante la negativa del ex director de Desarrollo Urbano de permisos y licencias, quien lo sustituyó ilegalmente fue el entonces alcalde de Ensenada, Jorge Catalán Sosa, según expuso la actual Secretaria de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ensenada, Diana Monfort.
En su exposición, la funcionaria municipal indicó que el 12 de julio de 2002, el ex alcalde Catalán Sosa entregó, de manera irregular, la prefactbilidad de uso de suelo a la empresa Sempra Energy.
Apuntó que el ex presidente municipal, quien falleció en 2008, carecía de facultades para entregar la prefactibilidad de uso de suelo, la cual también tenía que estar avalada por el secretario de Gobierno.
EL 12 de agosto de 2004, Catalán Sosa autorizó el permiso de uso de suelo a la transnacional. El 27 de octubre de 2004, el ex presidente municipal firmó, con Roberto Magaña, quien entró en sustitución de Ayub Martínez en la dirección de Desarrollo Urbano, la licencia de construcción para la terminal de gas natural licuado, detalló.
La comisión especial de diputados federales sostuvo varias reuniones, primero con funcionarios municipales y luego con alrededor de 27 ciudadanos, miembros de ONG y especialistas del Cicese, UNAM y UABC. Además tuvieron como público a representantes de medios de comunicación y personal de inteligencia militar y del Cisen.
Opacidad y violaciones
El investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), Horacio de la Cueva, sostuvo que algo que ha caracterizado a la transnacional es la falta de transparencia.
En el aspecto ambiental, señaló que la terminal realiza descargas al mar de aguas tratadas que contienen cloro, pero que hasta el momento no se sabe cómo han modificado al ambiente, la pesca y los ranchos atuneros.
"Si se miden, nosotros no sabemos, no estamos enterados, no sabemos si hay estudios a corto y largo plazo", señaló.
Añadió que también se desconoce el impacto a la población de la ballena gris, cuya ruta de viaje por las costas de Baja California, atraviesa frente a la planta regasificadora.
La ausencia de información también está en los impactos a los bosques de algas y al matorral costero, considerado único en México, agregó.
Con relación de la violación a ordenamientos estatales y municipales, el abogado Marco Antonio Lazcano Sahagún recordó que las autoridades estatales violentaron el programa del Cocotren.
El Programa del Corredor Turístico establece que la zona donde se instaló la planta de Sempra Energy es para actividades turísticas y de baja densidad, y no para industriales, como lo es el proceso de transformación que realiza la terminal de la empresa.
Señaló que Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ordena la sujeción a los programas y reglamentos municipales y estatales como era el Cocotren.
Otro de los ponentes fue el ex diputado Ismael Quintero Peña, quien desde 2002 denunció las irregularidades en la entrega de los permisos a la transnacional, pero su informe fue ignorado por las autoridades.
Entre los temas que también se denunciaron fue la ubicación de la terminal, ya que consideran que está en una zona sísmica.
La comisión especial de diputados estuvo integrada por Alejandro y Carabias Icaza, Alejandro Bahena Flores, Agustín Torres, Dina Herrera.
Después de la reunión con funcionarios y ciudadanos, los legisladores realizaron un recorrido por la planta de Sempra Energy, ubicada a 28 kilómetros al Norte de Ensenada.
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