COLUMNA: Palco de Prensa

* Su Alteza, Gobernador
Por Gilberto Lavenánt
Evidentemente tratando de demostrar quien ¨las manda tocar¨ y por lo tanto quien gobierna o quien manda en Baja California, el miércoles 20 de octubre, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, mediante escrito presentado en la oficialía de partes, comunicó a la Legislatura Estatal su negativa a publicar la iniciativa, aprobada por los diputados locales, para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y en base a la cual adoptaron una nueva estructura, que es con la que han estado operando.
Se había advertido, y los funcionarios estatales que han comparecido ante los legisladores locales, para la glosa del tercer informe de gobierno de Osuna Millán, lo han vivido en carne propia, que serían difíciles las relaciones entre el Gobernador y la XX Legislatura, en la que predomina la mayoría priísta.

Antes de ésta, con la XIX Legislatura, los deseos del Gobernador, eran algo así como una orden. Y los diputados, al menos los panistas, que eran mayoría, las acataban sin chistar. En tales condiciones no había nada que se frenara, si llevaba el ¨Vo.Bo.¨¨del Gobernador. Sin importar el tenor de las reformas o iniciativas de ley, todas pasaban. Incluso aunque fuesen absurdas, incongruentes o lesivas para los bajacalifornianos.

La nueva Legislatura, apenas iniciadas sus actividades, determinó reformar la ley orgánica, en base a la cual funciona. Era el Decreto 01, con el que inauguraban sus labores. Esta es la estructura con la que opera. Pero para que las reformas surtieran efectos, solo faltaba que el Gobernador Osuna Millán las promulgara, o sea que ordenara su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, Osuna Millán aprovechó la ocasión para demostrar que él es el jefe político del Estado, el que gobierna en la entidad, y que nada se hace, si él no lo dispone así. Les dió palo a los nuevos legisladores con su primera iniciativa de reforma. Este miércoles les comunicó su decisión de no publicarla y que por lo tanto, aunque ya fue aprobada, no sería elevada al carácter de Ley. Técnicamente, esto crea un serio trastorno al poder legislativo, pues no puede operar conforme a lo reformado, sino en base a la antigua ley, aún vigente.

Pero es un problema que tiene solución. Si bien es cierto que el llamado derecho de veto, que le otorga al Gobernador el artículo 34 de la Constitución, les frena temporalmente, el mismo numeral observa que ¨El proyecto de ley a que se hubieren hecho observaciones, será sancionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros¨.

Esto, en español, significa que aunque se demore un poco más de tiempo, las reformas vetadas por el Gobernador, tendrá que promulgarlas, o sea ordenar su publicación y por lo tanto habrán de adquirir fuerza de ley, si vuelven a ser aprobados por ¨dos tercios del número total de sus miembros¨. Siendo 25 legisladores, se requiere el voto de 17 de ellos. La famosa mayoría calificada.

El Gobernador fundamenta el veto que hace valer, en argumentos de supuesta inconstitucionalidad, que implica un crecimiento desmedido en la estructura burocrática del poder legislativo y atendiendo principios de austeridad y a fin de evitar duplicidad de funciones.

Sin embargo, para los legisladores, al menos para la Presidente de la XX Legislatura, Nancy Sánchez Arredondo, el Gobernador no es tribunal competente para juzgar la labor del Poder Legislativo y que por lo tanto volverán a aprobar las reformas vetadas.

Para hacer frente al veto osunista, invocan tésis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversia constitucional hecha valer por el Poder Legislativo de Tabasco, en mayo del 2005, en un caso similar, en la que se advierte que el ejercicio del derecho de veto del Gobernador, no es ilimitado, en tanto que existen actos que no pueden ser objeto de éste, en atención al principio de la no intervención de un poder en otro, como en este caso el Ejecutivo en el Legislativo, tratándose de actos de determinada naturaleza, como el hecho de que los legisladores hagan reformas a su ley orgánica.

Por ello se insiste que esto, técnicamente, es un asunto que tiene solución, cuando las reformas sean nuevamente aprobadas y el Gobernador deba acatar las disposiciones constitucionales, o en su caso, cuando el asunto sea llevado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le ordene la promulgación.

Lo que no tiene solución, es, aparentemente, el serio enfrentamiento que se está dando entre el ejecutivo y el legislativo, lo que va a trastornar seriamente la vida política, económica y social de los bajacalifornianos, porque el Gobernador Osuna Millán, en lugar de establecer relaciones armónicas con el Poder Legislativo, donde impera la mayoría priísta, ha decidido enfrentarles, retándolos, o agrediéndolos, como lo hizo con este veto.

Su Alteza, Gobernador, debe entender que no es rey, que solo representa a uno de los tres poderes que integran el gobierno de Baja California, y que para ejercer su mandato, depende de la aprobación y autorización de sus actos, por parte del Poder Legislativo. Debería leer el capítulo de la Constitución local, relativo a las facultades del Congreso del Estado. O bien, cambiar a sus asesores jurídicos e incluso a los asesores políticos.

La soberbia, no es buena consejera, y en el caso que nos ocupa, resulta evidente que la hay en exceso. Olvidan que los pleitos, ni ganados son b1uenos. Y ésto, es solo el principio.

gil_lavenant@hotmail.com