Por Gilberto Lavenant
Cuando los funcionarios públicos, como el Gobernador o los alcaldes, toman posesión de sus respectivos cargos, les cuestionan si es que protestan guardar y hacer guardar las leyes fundamentales y las que de estas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo, y se les advierte que : si así no lo hicieren, “que el pueblo os lo demande”.
Obviamente, como los políticos no tienen palabra, pues no cumplen el compromiso asumido al rendir protesta, y hacen lo que les da la gana. Ni cumplen o respetan las leyes fundamentales, ni velan por el interés y el bienestar de los gobernados.
¿Por qué tanta irresponsabilidad? Bueno, podría decirse que es lo normal, que los políticos están acostumbrados a hacer promesas que no han de cumplir, sabedores no solamente que el prometer no empobrece y que si no cumplen, “no os lo demandan”. Protestan –reclaman- en forma aireada, como en el caso del exalcalde ensenadense, Enrique Pelayo Torres, pero no se les fincan responsabilidades. Dicho en otras palabras, no se procede legalmente en su contra, ni administrativa, ni judicialmente.
Pero eso no es todo. Un principio elemental de derecho público, es de que la autoridad o los funcionarios, no pueden hacer más que lo que la ley les permite. Que están obligados a respetar toda ley y que todo aquello que hagan, al margen o por encima de lo permitido legalmente, implica un acto arbitrario, un abuso de autoridad.
La inobservancia de las leyes, por parte de los funcionarios públicos, destaca en el manejo de los recursos del gobierno. Para el funcionamiento de la administración pública, tanto estatal como municipales, el Gobernador y los alcaldes deben presentar proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, para el siguiente ciclo fiscal.
Por cuanto hace a los ingresos, en dicho proyecto plantean los montos o porcentajes que cobrarán de impuestos, derechos y sanciones, así como las actividades correspondientes gravables. Corresponde a los legisladores, en este caso a los integrantes del Congreso Estatal, el aprobar dicho proyecto, y al hacerlo, se eleva al rango de ley. No pueden cobrar nada, que no esté ahí comprendido.
En base a los cobros autorizados legalmente, se hace un proyecto de presupuesto, en el que se señalan los montos y rubros en que se habrán de aplicar. Al aprobar los legisladores dicho proyecto, también se convierte en ley. Los funcionarios no pueden, o mejor dicho, no deben, gastar más que lo autorizado y en los montos y actividades que se precisen.
Tan riguroso debe ser, que los funcionarios se ajusten a lo previsto en la Ley de Ingresos, como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos. Si se salen de esos límites legales, incurren en responsabilidades y deben ser sancionados.
¿Por qué entonces, tanto el gobernador Osuna Millán, como los alcaldes priístas que acaban de concluir sus respectivas gestiones, dejaron fuertes adeudos o compromisos incumplidos? ¿En qué momento abandonaron los lineamientos de los presupuestos autorizados para sus respectivas gestiones? ¿Por qué y en qué gastaron más de lo autorizado?
El Gobernador Kiko Vega, al presentar el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ciclo fiscal 2014, solicitó autorización para adquirir créditos o contraer deudas, por unos 2 mil 500 millones de pesos, argumentando que Osuna Millán dejó contraídas las finanzas estatales. Los números no cuadran.
La regla, en materia de finanzas públicas, es que la medida de los ingresos previstos, es la medida de los gastos. El presupuesto de egresos del gobierno estatal, es de 39 mil 629 millones de pesos, pero para alcanzar a cubrir dichos gastos, tendría que contraer adeudos por 2 mil 884 millones de pesos, o sea casi 3 mil millones de pesos. Esto, apenas al inicio de su gestión.
¿Por qué pretender gastar, mucho más de los ingresos previstos? Esto, definitivamente es un mal principio para una nueva administración, que heredó adeudos por unos 14 mil millones de pesos. Con esa visión, en el 2014, Kiko solicitará autorización para adquirir adeudos, por otros 2 mil millones de pesos, y en el 2015 otro tanto, y en el 2016. Y así, al concluir su gestión, el gobierno estatal estará hipotecado.
¿Por qué razón, antes que pensar en endeudar aún más al gobierno estatal, no se inician acciones para determinar en qué aplicó Osuna Millán, lo que solicitó prestado, rebasando en más de 7 mil millones de pesos lo presupuestado? ¿Por qué pretender aplicar el “borrón y cuenta nueva” a favor de Osuna Millán, en lugar de llamarlo a cuentas?
Por cuanto hace a los alcaldes priístas, que concluyeron su gestión hace unos días, no solamente contrajeron adeudos, sino que dejaron sin pagar adeudos millonarios a proveedores y no cubrieron varias catorcenas, así como prestaciones a burócratas.
Tratando de que los servicios públicos no se colapsen, ante la falta de pago de salarios, mantenimiento o adquisición de equipo, así como de insumos diversos, los alcaldes han tenido qué recurrir a nuevos adeudos.
Sin embargo, pese a este caos financiero, tanto en el gobierno estatal, como en los municipales, nadie, absolutamente nadie, ha dicho que es necesario determinar las responsabilidades en que incurrieron el exgobernador y los exalcaldes.
Cuando asumieron sus respectivos cargos, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir lo establecido en las leyes fundamentales, y que en caso contrario “el pueblo os lo demande”.
Bueno, pues adelante, que os lo demande, o los nuevos gobernantes serán cómplices, incluyendo a los legisladores, facultados en materia de leyes de ingreso y presupuesto, así como fiscalización del gasto público. Ya basta de encubrimientos.
gil_lavenants@hotmail.com
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