Fundalex reitera condena agresión a José Luis Camarillo‏

* Se exigen resultados al alcalde Bustamante y congruencia a Capella
* Se pide al alcalde y gobernador electos fijen su postura sobre ejercicio periodistico


TIJUANA.- El periodista José Luis Camarillo fue sometido por tres policías municipales cuando realizaba la cobertura del desalojo de cuatro familias del Arroyo Alamar de Tijuana durante la mañana del viernes 23 de agosto.
Los policías lo increparon y trataron de arrebatarle la cámara fotográfica, la grabadora y sus aparatos de comunicación, hasta que uno de los agentes le aplicó, por la espalda, una llave china para someterlo.
Después, Camarillo estuvo 30 minutos en calidad de detenido en una celda municipal bajo el supuesto de obstruir la acción de la justicia.
Después lo dejaron libre. Así si mayor explicación.
Este incidente no aparece, como muchos incidentes delictivos en el parte informativo de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal, aunque por la tarde del viernes se emitió un comunicado tratando de justificar la agresión.
En el documento, el titular de la SSPM, Alberto Capella, sostiene que en este “incidente” la “presencia de oficiales de la Dirección General de Policía y Tránsito tuvo como propósito proteger la integridad física de quienes ejecutaban el ordenamiento así como de otras personas, ante la presencia de maquinaria pesada”.
Señala que los policías municipales le indicaron a los periodistas que, por su propia seguridad, se mantuviera fuera del área de trabajo.
“Posiblemente en su afán de imprimir fotografías de mayor interés rebasó el límite establecido y motivó la intervención de los oficiales. Los demás periodistas acataron la advertencia y no tuvieron ningún problema para llevar a cabo su labor”.
La Fundación para la Libertad de Expresión condena la estulticia de las autoridades que justifican la agresión y además lanzan una advertencia velada de lo que podría pasar si los reporteros, camarografo y fotógrafos no acatan las instrucciones de policías.
De manera oficial, el gobierno de Carlos Bustamante señaló que la presencia de los policías fue para proteger a quienes realizaron el desalojo y otras personas sin especificar.
La FUNDALEX precisa que ninguna agresión ni detención fuera de la ley se justifican y el simple hecho de pretender hacerlo documenta la calidad de los servidores públicos.
En el caso de Capella, señaló Antonio Heras presidente del capítulo Baja California de esta fundación, esta muy lejos de ser aquella persona que presidio el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de Baja California cuando contó con el apoyo de empresarios tijuanenses y del gobernador Eugenio Elorduy.
El señor Carlos Bustamante esta obligado a presentar una disculpa publica al comunicador, toda vez que la corporación policiaca detuvo en barandilla a Camarillo por realizar su trabajo y lo dejo libre sin mayor explicación.
Al titular de la SSPM le exigimos de a conocer la identidad de los agentes que agredieron al reportero y del mando superior que ordeno la acción injusta, ilegal e irracional.
A la Sindicatura se le pide una investigacion clara y exhaustiva sobre este ilicito cometido por policias municipales y fije una fecha perenotoria para dar a conocer los resultados y no herede un problema generado por servidores publicos del XX Ayuntamiento.
A la administración del alcalde electo de Tijuana Jorge Astiazaran y del gobernador electo Francisco Vega les solicitamos fijen su postura sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico por considerar que es uno de los derechos fundamentales de la sociedad e implica una alta responsabilidad profesional sujeta al Estado de Derecho.