¿Vecinos?: Indolente ante el encubrimiento de una tragedia ocurrida en diciembre del 2005, el ex procurador de Bajá California, Antonio Martínez Luna debe ser explicar por qué cobijó a los sospechosos, manipuló la Averiguación Previa e incluso intentó involucrar a la familia de la víctima. ¿Recibió instrucciones del ex gobernador Eugenio Elorduy? ¿Sera cierto que Emmanuel Valencia Pérez ha sido su vecino en San Diego durante los años que estuvo prófugo?
Resulta incomprensible que Martínez Luna permitió la huida del principal sospechoso del asesinato de la adolescente Sara Benazir Chavolla Ruiz, quien la tarde del 7 de diciembre del 2005, fue lanzada desde un vehículo en marcha y arrollada por un taxi que circulaba detrás de esa unidad. La jovencita fue atada de pies y manos.
Después de casi 8 años, Fernando Emmanuel Valencia Pérez (el Backstreet) fue detenido por la autoridad norteamericana y entregado a la justicia mexicana para ser juzgado. Sin embargo las descaradas inconsistencias en la integración de la Averiguación Previa elaborada bajo la responsabilidad de Martínez Luna, auguran que Valencia alcanzará su libertad. Luego del terrible asesinato, funcionarios del Gobierno de Baja California maniobraron descaradamente para que Valencia esquivara la justicia. Emanuel Valencia fue detenido y puesto frente al Agente del Ministerio Público para que respondiera por ese asesinato.
Pasadas algunas horas alcanzó su libertad y desde luego levantó las sospechas de Manuel Chavolla Flores y Sara Elena Ruiz Meza, padres de la joven asesinada. Justo en ese momento surgió el nombre de Adrián Humberto Murillo González, quien se desempeñada como miembro del Consejo de la Judicatura. En su calidad de tío de Valencia pudo pedirle apoyo al entonces gobernador Eugenio Elorduy Walter.
Elorduy pudo bajar la instrucción al entonces procurador, quien de inmediato maniobró para desestimar las evidencias que apuntaban sobre el Backstreet. El colmo fue que Valencia alcanzo su libertad con las reservas de ley y de inmediato cruzó la frontera. Antes de concluir su gestión para irse a vivir a San Diego, el entonces procurador se atrevió a cuestionar la reputación de la jovencita asesinada. Martínez Luna agobió a los familiares de Sarita Benazir al referirse a prácticas impensables de la víctima.
Sorprenden las versiones que aseguran que Martínez Luna se fue a vivir en la misma zona que escogió Valencia para esconderse. Una versión que obtuvo Cicuta señala que el ex procurador siempre supo el sitio donde vivía el prófugo.
Aunque la fuente no podría probar su dicho, señala que ambos acostumbraban reunirse en una cafetería ubicada en Chulavista California., lo que comprobaría el encubrimiento y explicaría la impunidad de Valencia durante los últimos ocho años.
Un texto publicado hace dos años en un medio de circulación nacional asegura que los agresores gozan de impunidad que les proporcionó la dilación en la procuración de justicia, además que las autoridades tardaron seis meses en consignar y solicitar la orden de aprehensión, esto a pesar de las evidencias.
Las actuales autoridades tienen fundadas sospecha es que el procurador Martínez Luna recurrió a argucias legales para brindarle impunidad a Emanuel Valencia, quien sin mucho problema cruzó la frontera para internarse en territorio norteamericano.
Después de casi 8 años la autoridad norteamericana lo interceptó mientras intentaba gestionar su legal estancia y se especula que la alerta fue planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Especialistas en el arte del litigio estiman que la combinación de errores en la averiguación y la experiencia del abogado Marco Antonio Macklis, son suficientes para suponer que Emmanuel Valencia alcanzaría su libertad rápidamente
Y es que los familiares de Sarita se mantienen indignados porque Martínez Luna se atrevió a hostigarlos sin empacho al tachar a Sarita de liviandad sexual, a pesar que en la necropsia se probó que la niña estaba intocada. La ex diputada Elvira Luna Pineda, quien despachaba como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, afirmó que las líneas de investigación intentaron culpabilizar a la víctima al cuestionarle la vida que llevaba. En la procuraduría deslizaron que el ligero comportamiento de Sarita pudo llevarla a una muerte violenta.
El asunto es que la autoridad debe llamar a cuentas a Martínez Luna, al ex gobernador Eugenio Elorduy, al abogado Humberto Murillo, además del agente del Ministerio Publico y al juez que trastorno el más escandaloso caso de impunidad.
Xolos
Justificadamente indignada se encuentra la sociedad tijuanense y los representantes de los medios de comunicación ante la abierta agresión de elementos de la Policía Municipal en contra del reportero José Luis Camarillo. Éste último fue agredido, aprehendido y encarcelado por entrevistar a vecinos de la zona donde se realizaba un desalojo.
El ex procurador los Derechos Humanos Baja California Raúl Ramírez Bahena lanza un dardo envenenado al subrayar que la destitución de los policías agresores no resuelve el problema de fondo. Los policías no reciben la capacitación necesaria para respetar los derechos humanos. La Fundación para Libertad de Expresión (FUNDALEX) califica de injustificable la agresión en contra de Camarillo.
La actitud de estos gorilas con uniforme policiaco, captadas por la cámara de video del propio reportero, no debe –de ninguna manera— tolerarse. Si eso hacen los trogloditas con un reportero, que pueden esperar los ciudadanos comunes.
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