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Acompañada del equipo jurídico, la presidenta del PRI en el Estado entregó la documentación correspondiente en la Unidad de Atención y Orientación Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Estas son solo unas muestras de cómo Francisco Vega de Lamadrid lucra con todo. Lucra con la necesidad ajena, lucra con los recursos y los cargos públicos”, señaló.
En su denuncia, la dirigente priista establece que en una compleja triangulación financiera y tratando de evadir la Ley, Francisco Vega de Lamadrid se hizo de un enorme terreno de más de 8 mil metros cuadrados cuando era Presidente Municipal, simulando ventas a través de terceras personas.
En noviembre del 2001, en sus últimos días como Alcalde de Tijuana, Vega de Lamadrid puso a la venta un terreno ubicado en Villa Fontana, sobre la Avenida Aranjuez, con una dimensión de ocho mil 326 metros cuadrados y que albergaba algunas construcciones.
De acuerdo al contrato de compraventa con el número de partida 5269283, la venta se concretó en cinco millones 503 mil pesos. Sin embargo, en noviembre de 2002, el comprador inicial vendió el predio a Vega de Lamadrid y a dos de sus hermanos, Enrique Alejandro y José Fernando, por 5 millones 639 mil pesos (contrato de compraventa, partida 5299740).
En 2004 se registra un contrato de donación (partida 5372284) donde Enrique Alejandro Vega de Lamadrid, cede la parte de su bien a Elena de Lamadrid Fernández, madre del actual candidato de Unidos por Baja California a la gubernatura del Estado.
De acuerdo con la relación de hechos, en Julio del 2007 la señora coloca a Francisco Vega de Lamadrid como “albacea” y quien administra los bienes. Para ese año, los terrenos y sus construcciones alcanzaron un valor de 21 millones 412 mil 394 pesos; cuatro veces más que el precio original.
Sánchez Arredondo indicó que en la actualidad en los predios de la familia Vega de Lamadrid que se encuentra en la colonia Villa Fontana operan varios locales y comercios.
“Estos hechos demuestran no sólo la avaricia del candidato de Unidos por Baja California, sino su ineficacia e incapacidad como funcionario público, lo que provocó que le fueran observadas sus cuentas publicas patrimoniales correspondientes a su gestión”, puntualizó.
Por esa razón, agregó, la Coalición Compromiso por Baja California presentó la denuncia pues “debemos cerrarle el paso a la avaricia para que la mezquindad y la corrupción que tanto lastiman a los bajacalifornianos no se empodere en el Gobierno del Estado”.
DENUNCIA POR DELITOS ELECTORALES
De la misma forma, la dirigente estatal del PRI presentó una segunda denuncia, esta por presuntos delitos electorales, por la distribución con fines de obtener simpatías y el voto de los beneficiados, de miles de tarjetas en las que se ofrece un seguro de vida con un valor de diez mil pesos cada una, llamadas medico telefónicas y llamadas ilimitadas.
Sánchez Arredondo recodó que apenas hace unos días Vega de Lamadrid reconoció la existencia y distribución de dichas tarjetas, aunque argumentó que si bien no eran ilegales, si eran inmorales. Incluso el propio coordinador general de campana, Oscar Vega Marín aceptó que se han distribuido 3 mil tarjetas “aunque por lo que sabemos, son muchas más”.
La presidenta del PRI expresó una vez más su confianza en que las instituciones públicas, en este caso la Procuraduría General de Justicia del estado, actuarán de manera responsable e imparcial atendiendo ambas denuncias.
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