Por Gilberto LavenantComentaba el columnista, en días pasados, que el lunes 22 de Octubre, en el periódico capitalino Milenio, apareció una nota informativa que incomodó seriamente al Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Decía entonces que no era para menos. Que por segunda ocasión, durante su mandato, se evidenciaba que para él, las resoluciones de los jueces federales –y quizás también las de los locales- valen gorro. Que como dicen por ahí, se las pasa por el “arco del triunfo”. Bueno, así suele decirse.
Decía el columnista, que el problema no es que se le exhiba como desobediente, sino porque ese tipo de desobediencias, o sea el no acatar o cumplir una sentencia de amparo, tienen como consecuencia que el funcionario sea desaforado y procesado penalmente, porque están tipificadas como un delito. Bueno, eso dice la ley, sólo que, como dicen por ahí, en muchos casos la ley “es letra muerta”.
Apuntaba que así lo advierte la fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución Federal : “…Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda”.
Recordaba que hace poco más de un año, se armó un escándalo cuando trascendió que un juez federal, con residencia en Tijuana, ordenó el cese del Gobernador Osuna Millán, y su consignación penal ante Juez de Distrito que corresponda, por incumplir sentencia de amparo.
Se trataba de un incidente de inejecución de sentencia, promovida por la Sucesión a Bienes de Pantaleón Ontiveros Méndez, que fue despojada, durante la administración de Eugenio Elorduy, de un predio de 40 hectáreas, con la construcción del Corredor 2 mil, en Tijuana. Promovió juicio de amparo, obteniendo sentencia favorable que obligaba al Gobierno Estatal a que lo indemnizara.
Le tocó a Osuna Millán la responsabilidad de cumplir dicha sentencia, pero en su opinión era injusta y cuantioso el reclamo económico. En lugar de pagar, movió sus influencias, los Magistrados que admitieron el recurso, fueron removidos. Hasta la fecha, sigue sin pagar. Decía el columnista que de algo sirve ser amigo del Presidente de la república.
De ese asunto, mañana habremos de comentar algo sumamente interesante. Se trata de un juego de intereses. Mediante el cual se ha “blindado” a Osuna Millán, para no ser tocado, “ni con el pétalo de una rosa”. Al menos durante los pocos días que quedan de la administración de Felipe Calderón. Se trata de una denuncia penal y de un amparo, en los que el protagonista resulta ser precisamente el Gobernador. Ya se está haciendo famoso en los ámbitos judiciales.
Pero es otro el asunto al que el columnista pretende referirse, de nueva cuenta, en esta ocasión. Al refereido en la nota de Milenio, del lunes 22 de octubre, pero también relativo a incidente de inejecución o incumplimiento de sentencia de amparo. Decía en días pasados que éste se originó, porque el Gobernador Eugenio Elorduy expropió un predio mayor denominado El Monumento, en Tijuana, supuestamente para impedir que la empresa trasnacional, Marathon Oil, rival de Sempra Energy, instalara una planta regasificadora, lo que permitió que Sempra, con el camino libre, se instalara al sur de Ensenada.
Comentaba que los propietarios afectados, acreditaron que la expropiación de Elorduy no justificaba el interés público, por lo que recurrieron al amparo, logrando sentencias favorables, mediante las cuales se dejaba sin efecto la acción expropiatoria del gobierno estatal. Que le tocó a Osuna Millán, de nueva cuenta, “pagar los platos rotos” por Elorduy y tuvo que revocar en fracciones lo expropiado.
Explicaba que Osuna Millán no pudo regresar una parte de la superficie expropiada, aproximádamente 136 mil metros cuadrados, que fueron afectados con la construcción de la vialidad que servirá de segundo acceso al Fraccionamiento Playas de Tijuana, con un valor de 600 millones de pesos. Un juez federal, en vía de amparo, ordenó al Gobernador que indemnizara al afectado y ante la negativa de éste, se promovió en su contra incidente de inejecución de sentencia, que tiene como consecuencia el cese del funcionario y su enjuiciamiento penal.
En la nota de Milenio se indicaba que dicho asunto se discutiría en los próximos días, en la Segunda Sala de la Corte, cuyo ponente será el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. El Incidente de Inejecución de Sentencia es el Expediente 548/2012, derivado del Juicio de Amparo 431/2009, promovido por Bruno López Pantoja, ante el Juez Cuarto de Distrito, en Tijuana.
De acuerdo con el portal de la Suprema Corte de Justicia, el asunto estaba listado para resolverse en sesión del 17 de octubre, pero se pospuso hasta la sesión del miércoles 31. Lo cierto es que se transfirió para ser discutido el día de mañana, 7 de noviembre.
Cuando el asunto fue publicitado en Milenio, quizás hubiese pasado desapercibido, pero Osuna Millán, asumiendo el papel de víctima, aprovechó la ocasión para vestirse de héroe. Dijo que no tenía miedo, que no pagará algo que es injusto, que está dispuesto a ir a la cárcel, que lo hace en defensa del interés público. Que no permitirá que lo chantajeen, que unos “vivillos” quieren aprovecharse de éste litigio.
Lo extraño es que en lugar de estar al pendiente de este asunto, el Gobernador Osuna Millán se fue de gira a Asia. Parece no preocuparle. Quizás su amigo Felipe Calderón le aseguró que al menos mientras él siga siendo Presidente de la República, nadie lo tocará.
Bueno, eso es un decir. Dentro de tres semanas, concretamente el 1 de diciembre, inicia su gestión como Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y dicen que su gobierno será de mano dura. Si es así, entonces podría decirse que Osuna Millán, está en la “cuerda floja”. Y podría caer.
gil_lavenants@hotmail.com
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