El día de ayer, miércoles 7 de Septiembre, ocurrió algo que seguramente beneficiará en grande a los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito, que Preside Javier Robles Aguirre. Esto ocurrió en el Centro Cultural Riviera del puerto de Ensenada.
En la sesión del pleno de la XX Legislatura Estatal, que preside el Lic. Carlos Murgía Mejía, se presentó un Punto de Acuerdo, para integrar una Comisión Investigadora, que indague todo lo que sea necesario para verificar las irregularidades, abusos y fechorías que cometen individuos sin escrúpulos, que se ostentan como propietarios de Playas de Rosarito.
Si, aunque les parezca sorprendente, utilizando artimañas legaloides, sorprendiendo incautos, y aprovechándose de la buena fe, en algunos casos, y comprándo voluntades, en otros, dos grupos de vivales se han dedicado a esquilmar a los rosaritenses y a residentes del sur de Tijuana. Se trata de un predio de más de 19,000 hectáreas, cuyo título de propiedad fue expedido el 30 de julio de 1879 por el Presidente Porfirio Díaz, a nombre de “Joaquín Machado, Hermanos y coherederos de Manuel Machado”.
El único propietario cierto de dicho predio, en el que está asentado casi la totalidad del poblado de Playas de Rosarito y una parte de Tijuana, falleció en noviembre de 1910. Desde entonces, se han denunciado en tres ocasiones juicios intestamentarios para adjudicarse El Rosario, y una cuarta en el 2000, a favor de 9 personas de apellidos Machado Valdez, de manera truculenta e irregular.
Quienes han observado las actuaciones del expediente relativo a dichas sucesiones acumuladas, han detectado con suma facilidad las múltiples irregularidades en que se incurrió, como el presentar a Playas de Rosarito como un predio baldío, como un ranchito desierto de 19,300 hectáreas, con un plano certificado por Mario Zepeda Herrera, siendo funcionario de Catastro de Playas de Rosarito, quien por cierto actualmente funge como Director de Catastro del XX Ayuntamiento de Tijuana, así como un avaluo, relativo a El Rosario, o sea Playas de Rosarito, en el que se asevera que no presenta construcciones de ningún tipo. El perito en todo esto lo fue un tal Cecilio Pintado, por si lo conocen, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Es peligroso.
Este asunto no es nuevo, muchas personas han sido despojadas por estos vivales, aprovechando el desconocimiento que sobre el tema tienen muchos rosaritenses. Las “negociaciones” empiezan exigiéndoles el 50 % de los predios, los engañan invitándolos a celebrar contratos de coinversión y finalmente los despojan del total de sus propiedades.
De ello está enterado el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, y no ha hecho nada para evitarlo. Lo sabe también Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, y tampoco ha hecho nada. El exalcalde de Playas de Rosarito, Hugo Torres, tuvo amplio conocimiento de ello, pero al parecer “negoció”, no metiéndose con los rufianes, a cambio de que no le afectaran sus propiedades. Dos exalcalde, José Enrique Díaz Félix y Antonio Macias, son socios o empleados de los atracadores. Hay pruebas de ello y esto lo comentaremos en los próximos días.
El asunto fue planteado en días pasados al diputado Julio Felipe García, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, quien viendo la gravedad de las cosas, lo expuso a sus compañeros legisladores y ayer miércoles se presentó el correspondiente Punto de Acuerdo por parte del Diputado David Lozano. La votación aprobatoria, fue unánime.
En estas triquiñuelas, que no son cualquier cosa, pues se habla de montos de varios millones de dólares en cada caso, participan dos grupos. Por un lado, los supuestos herederos de Joaquín Machado y de los presuntos hermanos de este, a quienes durante varios daños representó Jaime Armando López Ferreiro.
En el otro grupo, aparece a la cabeza Pedro Ramírez Campuzano, hijo del Arq. Pedro Ramírez Vazquez, quien se escuda en un membrete de una empresa denominada Moreno y Compañía. Entre los abogados de este grupo aparecen Oscar Tellez Ulloa, Francisco Contreras, Alfredo Alvarez Cárdenas, Alejandro González Alcocer e incluso Enrique Gómez Llanos, recién designado integrante del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
En la exposición de motivos, el diputado Lozano manifestó que “…El asunto que hoy exponemo, resulta de gran importancia para todos los habitantes de los municipios de Playas de Rosarito y Tijuana. En particular, nos referimos al caso del predio de más de 19 mil 300 hectáreas denominado “Rancho El Rosario o Rosarito” que abarca la totalidad del poblado de Playas de Rosarito y la zona sureste de Tijuana, inmueble del cual se tiene conocimiento de que el título de propiedad fue otorgado el 30 de Julio de 1879, por el Presidente Porfirio Díaz, en pago de servicios militares prestados por don Manuel Machado, entonces fallecido, y que el origen de esta problemática de tenencia de la tierra, parte precisamente de la expedición de dicho título”.
El legislador dijo que esto ha dado lugar, además de inseguridad e incertidumbre en la tenencia de la tierra, a que, a 132 años de distancia de la expedición del título de El Rosario, que se cometan un sinnúmero de extorsiones, obteniendo ilícitamente millones de dólares, por parte personas diversas, bajo la premisa de decirse herederos de Joaquín Machado o de sus supuestos hermanos. Algo similar a lo ocurrido en el caso de ICSA, Inmuebles Californianos, S.A., empresa que se decía propietaria de Tijuana, al haberse adjudicado derechos de los propietarios originales del Rancho de Tía Juana.
Tantas veces se ha denunciado este tipo de atracos, que parecía que todos estaban involucrados en estas fechorías. Los legisladores estatales priístas, viendo el tamaño de las irregularidades, decidieron “tomar el toro por los cuernos”. Ayer se dió el primer paso.
gil_lavenants@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario