* Se debe frenar el fenómeno de niños sicarios como “El Ponchis”* Al menos 50 mil niños menores están enrolados con la delincuencia organizada en México
* Participan como sicarios, muleros, informantes o en el cultivo y venta de drogas
México.- El Vice-Coordinador Jurídico de la bancada del PAN Oscar Arce, urgió aprobar la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, ya que la delincuencia organizada está captando a miles de menores en sus filas y el caso más evidente es el del niño-sicario “El Ponchis”, detenido hace algunos días en Morelos.
El diputado federal Oscar Arce, autor de una iniciativa de ley en este tema, recordó que el Senado aprobó ya en comisiones una legislación muy similar a la que se analiza en San Lázaro, por lo cual se buscará enriquecer el proyecto y contar con instrumentos que alejen a los menores de la delincuencia.
“No hay un estudio preciso, pero se calcula que al menos 50 mil niños o menores de edad están enrolados o relacionados con la delincuencia organizada en México, que aprovecha que los resquicios legales para formarlos como sicarios, muleros, informantes o en el cultivo y venta de drogas”, dijo el legislador por Baja California.
En entrevista, expuso que la iniciativa de Ley Federal de Justicia para Adolescentes, busca unificar criterios en el país en este tema, ya que actualmente cada estado aplica sanciones a los menores como mejor les parece, con criterios diferentes que no están bien sustentados, dejando en la indefensión en mucho de los casos a los adolescentes.
Esta iniciativa contempla su aplicación a adolescentes de 12 años hasta menores de 18 años en tres franjas de edad: 12 y menores de 14 años, 14 y menores de 16 años y entre 16 y menores de 18 años.
Esta distinción de edades tiene efectos normativos en el catálogo de delitos en los que procederán las formas alternativas de justicia, así como la procedencia de la privación de la libertad en la imposición de medidas sancionadoras.
Actualmente existe en el país una estadística aproximada de más de 50 mil menores involucrados en delitos graves.
Oscar Arce, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisó que la iniciativa de Ley Federal de Justicia para Adolescentes, contiene alrededor de 400 artículos, entre ellos el 83, que habla de una Agencia del Ministerio Público Especializado para menores.
El Artículo ochenta y tres contempla que se garantice durante la fase de detención, el que no se mantenga al adolescente incomunicado ni se le coaccione, intimide, someta a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo que se satisfagan sus derechos a la alimentación y a la salud, así como los demás que se apliquen a su situación.
En la Sección II de esta Ley se contempla a los Cuerpos de Seguridad y de la Agencia Federal de Investigación especializados para adolescentes y sus investigaciones serán acompañadas de los ministerios públicos especializados.
Los agentes federales de investigación, que tengan contacto con niños, niñas o adolescentes probablemente involucrados en conductas tipificadas como delitos federales, tendrán que apegarse a los principios, derechos y garantías previstos en esta ley.
El derecho a optar por un juicio de secrecía es otro derecho que tendrá el adolescente si así lo desea. Sus padres o su defensor determinarán que la audiencia se verifique a puerta cerrada y solo asistirán a ella las partes y los intervinientes.
De igual manera, el juez podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puertas cerradas cuando: Pueda afectar el pudor, la integridad física o la intimidad de alguna de las partes o de alguna parte citada para participar en el juicio.
La Ley Federal de Justicia para Adolescentes, contempla la reintegración social de los menores, en donde se involucren todas las dependencias que ayuden a mejorar su entorno a fin que les den un seguimiento antes, durante y después de que en un momento dado hayan cumplido alguna sanción o sentencia.
Arce Paniagua, destacó que esta ley está sustentada en los derechos fundamentales de la Constitución, tratados, convenios, directrices, reglas y jurisprudencia internacional para todo individuo, así como los derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, le han sido reconocidos a los adolescentes.
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