Palacio de Miraflores y Los Pinos

Por Eduardo Ibarra Aguirre
Gracias a los cables revelados por Wikileaks y su aguerrido fundador Julian Assange --arrancado de la prisión por la protesta global, aunque persiste la amenaza de regresarlo, merced a los más malos que buenos oficios del complejo militar industrial y los que velan por sus intereses desde la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado--, los lectores mexicanos corroboran los bochornosos grados de subordinación de la política exterior mexicana a la geopolítica estadunidense.
La más reciente revelación muestra al gobierno de Felipe Calderón “preocupado porque los pacientes de la Misión Milagro recibían sesiones informativas pro Venezuela y anti Estados Unidos”.

Leyó usted bien, el “informe de seguridad sensible”, fechado el 27 de octubre de octubre de 2008 y procedente de la embajada de Estados Unidos y elaborado con base en información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ningún lado reporta que el Palacio de Miraflores estimule sentimientos antimexicanos.

Como es conocido, en 2005 el gobierno de Hugo Rafael Chávez puso en marcha, con la participación decisiva de médicos y tecnología cubanos, el proyecto Operación Milagro, un plan sanitario conjunto de Caracas, La Habana y ahora La Paz, que intenta dar solución a determinadas patologías oculares de la población latinoamericana, y que forma parte de los programas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Se busca, para 2015, dar atención quirúrgica a 6 millones de pacientes con cataratas, desprendimiento de retina, carnosidades y estrabismo en 31 países de América Latina y el Caribe. En el caso de Cuba también lo hace en Asia y África, y sin que los beneficiarios paguen un centavo, pues está dirigido a los sectores populares.

Desde entonces, un millón 500 mil latinoamericanos se beneficiaron con el plan de la Alba y hasta 2007 más de 200 connacionales, frente a 1 millón 600 mil que padecen cataratas, si nos atenemos a los datos de la Secretaría de Salud azteca.

Por esa simbólica cifra de mexicanos beneficiados, el entonces subsecretario para América del Sur, de la SRE, alertó “sobre el componente ideológico del programa” porque volvían a México “con el mensaje de que el gobierno de Venezuela les proporcionaba un servicio que su propio gobierno no quería o no podía”. Lo cual es cierto, pero incomprensible para un funcionario de cortos alcances, y menos comprendió que no existe gobierno en toda la aldea que no obtenga algún beneficio, así sea de imagen, por la ayuda que presta a otros países o a sus habitantes.

Mas la preocupación de este burócrata se extendió a Los Pinos y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El inquilino principal del primero, “giró instrucciones” para impedir el aterrizaje de un avión venezolano, a fines de julio de 2007, que debía trasladar a 10 niños y 80 ancianos de Ecatepec, estado de México. Ignoro la suerte que corrieron las clínicas que se abrieron en Coahuila y Michoacán, administradas por sus respectivos gobiernos, pero el 9 de agosto del mismo año, Calderón puso en marcha en Morelia, Michoacán, Volver a Ver, una mala copia del proyecto de la Alianza Bolivariana.

Los analistas y espías que dirige Guillermo Valdés Castellanos, el otrora encuestador favorito del candidato presidencial panista, tenía “identificados a finales de 2008 a unos 500 activistas bolivarianos de nacionalidad mexicana”, que “tienden a vincularse con grandes movimientos sociales”. La ineptitud es inocultable, y no sólo para “fichar” a los adversarios políticos, sino sobre todo para dar su aporte en la lucha contra el narco, como lo exhibió otro cable supervisado por Carlos Pascual.

Acuse de recibo

El lunes escribí: “Justicia y gracia para los amigos pareciera ser la máxima del jefe de (Arturo) Chávez”. El corrector automático de la computadora pluralizó gracia, sin darme cuenta… Correspondo a los agradecibles deseos decembrinos de Beatriz Elena Paredes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; Razones de Ser, de Buenos Aires, Argentina; la agencia NotieSe y el suplemento Letra S; Difunet, agencia dirigida por Renato Consuegra; la doctora Ana Isabel Sanz, de Valladolid, España; Dolores Unzueta Reyes; Alfa Editores Técnicos; Antonio del Campo Gordillo, activista social de Comalcalco, Tabasco; Salvador Cervantes Ponce, Miriam Rodríguez Cabo Castillo y Guadalupe Licibeth Gutiérrez. Además de los integrantes del Grupo María Cristina: Francisco Portillo Alán, caricaturista y académico de la Universidad Nacional; la doctora Yolanda Cristina Massieu Trigo; el periodista Héctor Delgado; Raúl Cruz Zapata, director de la revista Expresión Autónoma; Humberto Hernández Haddad, abogado y analista; Rodolfo Morales Rincón, politólogo avecindado en Oaxtepec, Morelos; Agustín Díaz Lastra, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el doctor y ambientalista Ramón Ojeda Mestre; el reportero Federico Campbell Peña; José Jacques Medina y Marta Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano.