Continuará Gobierno su lucha contra la delincuencia

TIJUANA.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, regidor Bernardo Martínez Gómez ratificó hoy el compromiso de esta administración de combatir frontalmente la delincuencia organizada donde se encuentre, ya sea adentro o fuera del gobierno, con el único objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y recuperar nuestros espacios públicos.
Las acciones emprendidas en contra de delincuentes que atentan contra la seguridad de los tijuanenses han alcanzado grandes logros, y a la vez ha generado diversas inconformidades de quienes estaban acostumbrados a ceder terreno a la impunidad, agregó.



En atención a las recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) emitió hoy por presuntas conductas ilícitas del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola y agentes de la Policía Municipal, en agravio de cinco personas, el edil Martínez Gómez refirió que este gobierno dará puntual seguimiento a las quejas y colaborará con las autoridades encargadas de la investigación para esclarecer esta situación.



Si bien el gobierno de la ciudad coincide con el procurador de los Derechos Humanos en tutelar y garantizar los derechos humanos de todos, también es cierto que las acciones de la autoridad privilegiarán el derecho a la tranquilidad de las familias tijuanenses, y no el de personas que se han visto involucradas en el crimen organizado.



Destacó que así como se ha hecho desde el principio de esta administración, el gobierno municipal continuará combatiendo la delincuencia y el crimen organizado en coordinación con los tres órdenes de gobierno.





De igual forma, el XIX Ayuntamiento de Tijuana fortalecerá el programa de depuración de malos elementos de la Policía Municipal hasta el último día de administración, ya que el principal compromiso de un agente de la corporación es brindar seguridad a la población y capturar a quienes atentan contra la tranquilidad de las familias.



Puntualizó que a la fecha más de 600 policías municipales han sido dados de baja por actos de corrupción, más de 160 de ellos están hoy en la cárcel y otros más enfrentan proceso penal por vínculos con criminales.