Demandas federales y penales a Sempra Energy y Z Gas

ENSENADA.- La controvertida construcción de la “Terminal Marítima para Recepción y Almacenamiento de Gas Licuado (LP) de Petróleo en Ensenada”, propiedad de la trasnacional Z GAS, sigue sujeta a diversos juicios con el fin de obtener la suspensión definitiva y la demolición de todas las obras que fueron aprobadas indebidamente, informó José M. Vázquez Galindo, representante legal de Mirador Baja grupo demandante de la gasera.
Culpó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Gobierno del Estado de Baja California y al Ayuntamiento de Ensenada, de favorecer por encima de las leyes a dicho grupo, al tiempo que confió en que a final de cuentas la justicia les será favorable por los evidentes atropellos y corrupción cometidos por Z GAS.

Recordó que el proyecto de “Terminal Marítima”, es sin duda una industria de transformación calificada por la Semarnat como “ALTAMENTE PELIGROSA” por el almacenamiento de un millón trescientos mil litros de gas que pretende almacenar a la altura del km. 83 de la autopista Ensenada-Tijuana, entre el desarrollo residencial Bajamar y Energía Costa Azul (Sempra Energy).

José M. Vázquez reiteró que Z GAS inició las obras desde hace varios meses sin tener en ese entonces licencias de construcción, violando normas, reglamentos y leyes, al amparo de la protección Municipal y Estatal.

“En este país ser poderoso en lo económico y político tal como goza la trasnacional Z GAS es sinónimo de impunidad, ya que empezó a construir sin ningún permiso de uso del suelo, impacto ambiental, licencias de construcción”.

Desde que fue dado a conocer dicho proyecto, fue objetado por Colegios de Profesionales, organizaciones vecinales de Bajamar y otras, principalmente por violación al programa de uso del suelo que regula el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana, Rosarito y Ensenada (Cocotren), debido a los daños irreversibles a la flora y la fauna y por poner en riesgo todo el entorno en un radio de 10 kilómetros a la redonda.

Con esos hechos, dijo Vázquez Galindo, la empresa Mirador Baja (propietaria del predio colindante donde se construye dicha industria gasera) interpuso un INTERDICTO DE OBRA PELIGROSA ante el Juez Civil Tercero de la Ciudad de Ensenada para solicitar en principio la suspensión de la obra por los motivos expuestos ya que como se ha demostrado en el procedimiento, la demandada Z GAS viola flagrantemente los derechos de terceros al causar daños irreversibles al medio ambiente y a la seguridad de los vecinos.

“Siendo de vocación turística residencial nuestro terreno jamás podrá utilizarse para ese fin ya que nadie querrá asentarse junto a una bomba de tiempo de 138 millones de litros de gas LP, que equivalen a la instalación de más de mil 500 empresas todas y cada una de ellas clasificadas en lo individual como de Alto Riesgo”, puntualizó.

Esto, en concordancia a la calificación que hace el acuerdo de la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la Federación y la Semarnat, del 4 de mayo de 1992 y vigente.

Lo anterior, confirmado por pruebas periciales exhibidas en la demanda por Mirador Baja, subrayó el abogado y representante legal, que demuestra un dictamen de riego elaborado por Geomar Consultores, que la instalación de esta terminal, con la capacidad de almacenamiento de gas, en caso de un accidente provocaría daños humanos y materiales abarcando un radio de acción de 10 kilómetros.

“Sin contar que pudiera haber una reacción en cadena con la otra empresa ya instalada Energía Costa Azul (Sempra Energy) que también es de almacenamiento de gas, en esas condiciones desaparecería el desarrollo más poblado denominado Bajamar, incluyendo daños a la flora y fauna marina, la Autopista Escénica y las granjas marinas de la Bahía de Salsipuedes”, alertó.

Las afectaciones a la fauna y flora silvestre comenzaron desde hace más de un año, donde Z GAS solamente se hizo acreedora de una leve sanción de $105 mil pesos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Se mantiene la batalla legal

José M. Vázquez, indicó que la audiencia de conciliación y desahogo de pruebas que se tramita en el Juzgado Tercero Civil de Ensenada ha sido diferida en varias ocasiones sin causas fundadas por argucias legales de la demandada, apoyadas y complacidas diligentemente por el Juez no sin antes dictar un acuerdo de levantamiento de la suspensión de la obra mediante una contrafianza de 200 mil pesos que impuso a la demandada.

Acuerdo que NO HA QUEDADO FIRME YA QUE LA ACTORA MIRADOR BAJA INTERPUSO RECURSO DE AMPARO que se tramita ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Ensenada, quien sigue el mismo patrón de obediencia a Z GAS difiriendo la audiencia constitucional con el propósito de darle más tiempo hasta que concluya su obra.

“Esta conducta ya ha sido denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal para su investigación y castigo”.

Tal parece que cada Gobierno tiene a su consentido, aseguró Vázquez Galindo, pues paradójicamente a Energía Costa Azul (Sempra Energy) lo apadrinó el exgobernador panista Eugenio Elorduy Walter, el cual tiene un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados y Senadores para su investigación por la participación familiar en este asunto.

Ahora, todo parece indicar que el actual gobernador panista, José Osuna Millán, apadrina ciegamente la terminal de Z GAS sin importar que viole el USO DEL SUELO como se hizo con la planta de Energía Costa Azul (Sempra Energy), “Si uno ya lo violó por qué yo no… al fin las leyes se hicieron para violarlas….”

El Grupo Z Gas, añadió, tiene una investigación en su megaproyecto de Manzanillo, Colima, exactamente por los mismos motivos, las autoridades de ese entonces les autorizaron la construcción en un terreno ejidal con destino ecológico, intervinieron muchos políticos que están demandados civil y penalmente por su responsabilidad en otorgar permisos y principalmente por violar la Ley de Desarrollo Urbano, de igual forma existe otro proyecto suspendido en Guatemala por los mismos motivos.

“Tal parece que seguimos comprobando que en nuestro país la impunidad por parte de las autoridades sigue vigente como una doctrina”, lamentó el abogado.

Consideró reprobable e indignante la actitud de las autoridades locales, estatales y algunas federales que se dejan “influenciar y deslumbrar” permitiendo a la ligera y con argucias la instalación de una industria tan peligrosa que afecta a todo el entorno sin tomar en cuenta los daños que ello conlleva.

En el análisis de los permisos que se han podido obtener, porque hay muchos ocultos, se ven evidencias que fueron expedidos irregularmente, como ejemplo el USO DEL SUELO Y LICENCIAS, de competencia Estatal y Municipal; el MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, de competencia federal de la Semarnat, en este dictamen se señala que se trata de una industria “altamente peligrosa” y no obstante ello no fue impedimento para que el Ayuntamiento otorgara los permisos sin las debidas áreas de amortiguamiento por lo menos.

José M. Vázquez, aseguró que se observa en todos los permisos que fueron ordenados con una “extraña rapidez” y discrecionalidad, con ese criterio y ese poder tal parece que es más fácil hacer una planta atómica a que le autoricen la construcción de un campo de golf… el donativo al Ayuntamiento de 9 millones de dólares por parte de Z Gas parece ser convincente no importa que no se respete la ley y afecte a terceros.

Evidencia que se corrobora con los permisos exhibidos en el procedimiento y que tienen fechas de julio y agosto cuando en realidad empezaron a almacenar y mover tierras para la construcción desde febrero de 2009, esto solamente puede ser cuando se tiene la complacencia o complicidad de las autoridades porque no pueden argumentar que “no se dieron cuenta”, desde un principio desde Mexicali les dieron órdenes para apoyarlos incondicionalmente aún sin contar con los permisos mencionados.

Adelantó que el caso será llevado a demandas en materia federal administrativa, a denuncias penales en contra de los que expidieron los permisos tanto locales como estatales, y sobre todo en materia de amparo hasta los Tribunales Colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Será en éstos donde se buscará la verdad de la falsa interpretación que hacen los funcionarios sobre el uso del suelo, pretendiendo justificar que para ellos “es lo mismo un expendio de gasolina que una planta o industria de transformación altamente peligrosa” de un millón trescientos mil litros de gas.

La empresa Mirador Baja, destacó Vázquez Galindo, convoca a algunos desarrolladores vecinos en unión de otros grupos de afectados y organizaciones civiles nacionales e internacionales a sumarse a la lucha legal, social y política que mantienen a todos los niveles para defender los derechos que injustamente las autoridades han permitido violentar.

Dentro de ese camino de la legalidad se interpondrán recursos judiciales ante instancias federales que tienen más imparcialidad y confianza --además de las ya hechas contra el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada-, ya que localmente sabemos que son presionados por las mismas autoridades. Se buscará la intervención del Senado de la República y Cámara de Diputados para su investigación y organizaciones internacionales.

ESTE CASO COMO MUCHOS EN EL PAIS, SOLAMENTE PUEDEN SER JUSTIFICADOS POR ACTOS DE CORRUPCION, DONDE LOS GOBERNADORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES SE SIENTEN COMO SEÑORES FEUDALES EN SUS “HACIENDAS”.

BAJA CALIFORNIA, NO ES LA EXCEPCION REMARCO EL REPRESENTANTE LEGAL DE MIRADOR BAJA, DONDE DESDE EL PRINCIPIO FUE UNA ORDEN A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO PARA INSTALAR LA TERMINAL MARITIMA, DESPUÉS “DAR LÍNEA” DESDE ARRIBA PARA EL JUEZ TERCERO CON EL OBJETO DE DICTAR MEDIDAS DILATORIAS EN EL PROCEDIMIENTO Y DIFERIR A COSTA DE LO QUE SEA LA AUDIENCIA PARA SEGUIR GANANDO TIEMPO A FAVOR DE LA DEMANDADA Z GAS.

TODAS ESTAS ACTUACIONES TIENEN DEDUCCIÓN DE LOS FAVORES RECIBIDOS POR LAS AUTORIDADES POR PARTE DE Z GAS, EL EJEMPLO MÁS GRANDE ES EL “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN” QUE CELEBRÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DICHO GRUPO DONDE “LE DONAN NUEVE MILLONES DE DÓLARES”

ESTE TIPO DE CONVENIOS DEMUESTRAN LA FORMA DE LAVAR CULPAS Y QUE DE NINGUNA MANERA REPARA EL DAÑO CAUSADO PRIMERO A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS Y MENOS A LA COMUNIDAD.

Finalmente, José M. Vázquez, anunció que buscarán un acercamiento con el presidente municipal electo de Ensenada y el Cabildo, así como diputados locales electos y el Consejo Coordinador Empresarial, con la esperanza de que se sumen de manera moral y en su caso con acciones para detener una afectación que cambirá de manera irreversible la vocación turística del corredor y económica de Ensenada.