COLUMNA: Palco de Prensa

* La “Ley Tijuana”
Por Gilberto Lavenánt
El Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, el Lic. Heriberto García, hizo referencia esta semana, a una añeja costumbre de muchos de los elementos de la policía municipal. La de “cazar” a indocumentados mexicanos en nuestro propio país, aquí en Tijuana, y a muchos de ellos encerrarlos tras las rejas, acusados por el “feo y grave delito” de no portar identificación oficial, o el de “no demostrar su manera honesta de vivir”. Si viven de milagro, luego de ser deportados por las autoridades norteamericanas. Resulta absurdo y criminal, exigirles que se identifiquen y además que acrediten de qué viven.

Esto no es nuevo, es una añeja costumbre que muchos policías practican y utilizan como su “modus vivendi”. Quizás por aquello de que “la costumbre se hace ley”, ahora identifican a ese tipo de atracos como la “Ley Tijuana”.

Los policías que hacen esto, conocen a la perfección los horarios en que se llevan a cabo las deportaciones de connacionales. Lo único que tienen que hacer es estacionarse en puntos estratégicos, para “cachar” a los mexicanos al cruzar la frontera hacia territorio mexicano. La revisión corporal -basculeada, le llaman- es obligatoria, necesaria e ineludible. Si portan algo de dinero, aunque sean unas monedas, en forma “generosa” les permiten continuar su camino. Si traen los bolsillos vacios, pues entonces los cargan en las patrullas y los llevan a la cárcel, por “vagos” y “malvivientes”, o “por no demostrar su manera honesta de vivir”.

Cuando las deportaciones se hacen en autobuses, les “ponen cola” a los vehículos en los que son transportados hacia otros municipios y otras entidades, celosos porque saben que en ocasiones “convencen” a los choferes, obviamente no de a gratis, para que les permitan descender en las zonas despobladas, de forma tal que puedan regresar de inmediato a Tijuana y a intentar de nueva cuenta internarse a territorio norteamericano.

El Procurador de Derechos Humanos dice que diariamente son deportados entre 500 y 600 migrantes por Tijuana procedentes de Estados Unidos, y que muchos de ellos son maltratados al cruzar la frontera, al aplicárseles “La Ley Tijuana”, que consiste en detenerlos por no tener forma de identificarse; violando así sus derechos inalienables como seres humanos.

Pero mientras esto pasa, de manera cotidiana, injusta, arbitraria, grotesca e inhumana, por ahí andan casi “canonizando” al Secretario de Seguridad Pública Municipal, al controvertido Julián Leyzaola, por quien el propio Alcalde Jorge Ramos ha dicho que estaría dispuesto a “meter las manos al fuego”. Quizás nadie le ha advertido que sin duda alguna se va a “quemar”, o bien tiene compromisos que cumplir con dicho individuo.

Ahora que si ignora lo de la aplicación de la “Ley Tijuana”, pues entonces habría que recomendarle al Procurador de los Derechos Humanos que explique al Alcalde en qué consisten este tipo de atrocidades que cometen los policias municipals en contra de mexicanos, que padecen más vejaciones en territorio mexicano, que en el norteamericano. Probablemente el Alcalde dice la verdad y no sabe de esto, porque no vive en Tijuana. Son hechos públicos, notorios y añejos.

Lo que resulta extraño, es que el Alcalde Ramos Hernández se aferre a tratar de “purificar” a la policía municipal, por decreto. Como lo prueba el hecho de que esta semana, en una apurada Sesión de Cabildo, y por la vía del “fast crack”, o sea sin discusión previa, fue reformado el Reglamento de la Administración Pública Municipal, con el propósito de obligar a las siguientes administraciones municipales a insistir en obtener la certificación de calidad y eficiencia internacional, conocido como CALEA.

Las mañas, las actitudes arbitrarias e ilegales, los atropellos y abusos de autoridad, no se acaban porque alguien extienda un documento en el que se haga constar, de manera técnica o científica, que los policías municipales son eficientes, administrativamente, si en la calle, en el servicio, siguen siendo los mismos de siempre. Obviamente, con la complacencia y autorización o “visto bueno” de su jefe. Si, le atinaron, del soberbio Leyzaola.

Es tan serio esto, que la mayoría de los ciudadanos, al menos aquí en Tijuana, se sienten más seguros cerca de un malandro, que cerca de un policía. Porque la llamada “Ley Tijuana”, y aquí si debemos hacerle la aclaración al Procurador de los Derechos Humanos, se aplica a todos por igual, sin distinción de credos religiosos o filiación partidista.

Y cuidado con que alguien les ofrezca dinero, a cambio de “evadir” la aplicación de dicha “Ley”, porque se dan dos posibilidades : si la oferta es interesante o elevada, seguramente la acepten con un “criterio razonable”, pero si es poco o reducido el monto, le aplicarán todo el rigor “legal”.

Se dan también los casos en que para “convencer” a las víctimas de que sean generosas y hagan mejores propuestas, les “cargan” pequeños envoltorios de supuestas drogas, para luego amenazarlas de que si no cooperan, o se quejan ante autoridades superiores, pues entonces los “empapelarán” ante las autoridades federales.

La llamada “Ley Tijuana”, es una triste y lamentable realidad que se vive en Tijuana. Que conste, lo dijo el Procurador de los Derechos Humanos, Lic. Humberto García. No se trata de especulaciones o inventos del autor de Palco de Prensa, con la intención de fastidiar al señor Leyzaola, que sueña con eternizarse en la corporación. Síganlo promoviendo, que “méritos”, le sobran.

gil_lavenant@hotmail.com