COLUMNA: Palco de Prensa

* La batalla legal
Por Gilberto Lavenánt
Solo eso faltaba en este proceso electoral y ya está por empezar : la batalla legal a base de acusaciones ante todas las instancias.

Dicen que si en la guerra y el amor, todo se vale, pues en política con más ganas. Así es que los partidos contendientes en el actual proceso electoral que concluye con los comicios del 4 de julio próximo, inician en estos días la presentación de denuncias de índole penal en contra de sus rivales.

Parece ser que el primero en meterse a este terreno lo será el Partido Revolucionario Institucional, que por conducto de su dirigente estatal, René Mendívil, anunció que este martes 15 de junio habría de presentar denuncias de hechos en contra del Alcalde Jorge Ramos, del candidato panista a Alcalde, Carlos Torres Torres y de los directivos de los partidos que postulan a Carlitos, o sea PAN, Panal y PES, por la supuesta comisión de delitos electorales.
Los representantes de la coalición PRI-Verde afirman que cuentan con pruebas suficientes para acreditar los hechos materia de las denuncias y con las que, afirman, se acredita la participación de Ramos Hernández, Torres Torres y los dirigentes de los partidos que integran la Alianza por Baja California.

Los quejosos –por aquello de que se quejan de actos indebidos- explican que tales hechos consisten en conseguir credenciales de elector y registros electorales mediante la “ayuda” a beneficiarios de “Una mano al Progreso”. Seguramente el Alcalde Ramos Hernández no anda casa por casa haciendo estas operaciones, pero se supone que promotores del citado programa social, lo hacen por encargo de este.
Cuentan que tanto el gobierno municipal como el estatal, están llevando a cabo programas que en años anteriores no desarrollaban y que ahora en época electoral los realizan, mediante la entrega de dinero a cambio de credenciales y registros electorales de los ciudadanos beneficiados.
También afirman que al márgen de la indebida práctica de estos programas sociales, resulta evidente que el Gobierno estatal y municipal están dando una utilización ilegal de credenciales de elector y registros electorales de ciudadanos, lo que está expresamente prohibido en los Códigos Penales Federal y Estatal,

Las denuncias al respecto, según dijo Mendívil, las presentarán ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, reclamando se realice una investigación en torno a dichas presuntas irregularidades, mismas que indicó que son imputables al Alcalde Ramos Hernández, a la diputada federal, Josefina Vázquez Mota, al propio candidato a Alcalde, Carlos Torres Torres y a los dirigentes de los partidos PAN, PANAL y PES. ¿Y el fuero, apá?

Dentro de dichas denuncias harán referencia a la indebida promoción o difusión de obras o programas del Ayuntamiento de Tijuana, así como la participación de funcionarios públicos en la campaña de Torres Torres.

Esto ya lo anticipaba en días pasado el dirigente estatal del PAN, Andrés de la Rosa, denunciando supuestas intenciones priístas de boicotear el proceso electoral, olvidando que algo más o menos semejante hicieron ellos cuando impugnaron la candidatura de Jorge Hank a la gubernatura estatal, argumentando que violaba la llamada “Ley Antichapulin” y cuya candidatura estuvo en suspenso hasta que el tribunal electoral federal decidió dar la luz verde para que pudiese empezar la contienda.

Aún cuando falta observar la formalidad, los fundamentos y sobre todo las pruebas para acreditar las presuntas irregularidades, cabe observar la pasividad adoptada por las autoridades electorales estatales, ha permitido que se presente todo un desorden en estos comicios, no solo por las agresiones recíprocas entre los candidatos participantes en los debates, sino además porque en forma inusitada los gobiernos estatal y municipales están desarrollando programss sociales con evidentes tintes político electorales.

Así mismo, falta ver en qué forma responden los panistas para hacer frente a la batalla legal que está por empezar y hasta qué punto la autoridad electoral se faja los pantalones, a fin de someter a todos los contendientes, tratando de que los comicios concluyan en los mejores términos posibles y no se refleje esto en una mayor abstención.

Lo cierto es que se publicita mucho los programas tendientes a alentar a los ciudadanos a que denuncien la presunta comisión de delitos electorales, y al final de cuentas, no pasa nada. Los delitos electorales son algo así como los delitos de cuello blanco, pues los presuntos autores de los mismos, son personajes políticos intocables. Por eso abusan.

Así que la batalla legal que está por empezar, solo le dará un poco de sabor y colorido a este proceso electoral, un tanto desabrido e incoloro. Nada más.

gil_Lavenant@hotmail.com