Por Juan Carlos Domínguez
El caso del Jefe Diego evidenció la inseguridad desbordada en el país; el asesinato de un candidato en Tamaulipas, mostró la parte más salvaje de la guerra contra el crimen organizado; considera el economista y analista político Rolando Cordera.
En el contexto de los primeros días de la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos, marcado por el hermetismo oficial y el amordazamiento supuestamente por decisión propia de medios de comunicación tan influyentes como Televisa; el economista y analista político Rolando Cordera expresaba a ZETA: “Las implicaciones ya no se pueden ocultar. Se acentúa la idea de que no hay seguridad para nadie”.
¿Un duro golpe para Felipe Calderón?, podrían preguntarse algunos, pero Cordera lo ve más allá. “La violencia la vivimos todos, independientemente de los colores con los que andemos por la vida”. Es la gobernabilidad del régimen mexicano, sugiere, nuevamente cimbrada: “Llover sobre mojado”.
Con la actitud del Estado que no investiga o al menos así lo hace creer, la autocensura de los medios, y si apenas la filtración de datos por parte de particulares –tal es el caso del ex senador Fauzi Hamdan– se le pregunta a Cordera, un tanto en broma y un tanto en serio, si no habremos de regresar a los tiempos en que las mismas autoridades han de recurrir a los videntes para resolver crímenes rebasado por sus “capacidades”; no sin reírse responde: “Yo creo que no. Los videntes también pasaron de moda, demostraron su pronta ineficacia y claro, lo que sí es cierto es que no hay, que yo sepa, una regla de dedo o una regla universal que nos permita decir si esta investigación tiene que resolverse en tantas semanas, si no se considera que el órgano encargado no sirve.
Mas se le hace ver al también ex diputado federal y consejero de la Comisión Ejecutiva de Negociaciones y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que las autoridades en México, con tal de dar alguna –cualquiera– respuesta, apremiadas por el tiempo y ante la elección del 4 de julio en puerta; cualquier “solución” al caso Diego puede sacarse de la manga el Estado en las próximas semanas: “Sí, pero en este caso yo creo que hay exigencias de todo tipo; reclamos de todo tipo para que se actúe con la mayor eficacia que sea posible. Ahora, la eficacia de los organismos de seguridad del estado mexicano ha sido cuestionada una y otra vez”.
— ¿Estas acciones le afectarán al PAN en las próximas elecciones?
“No sé si le va afectar sobremanera. No me atrevería a decirlo, porque la manera en como la gente, la ciudadanía, y los que van a votar procesan este tipo de informaciones no es tan lineal. Por un lado, más bien todo indica que en la cabeza del votante hay ya una especie de toma de posesión por adelantado en muchos lados. Y por otro lado, contrariamente a lo que cacareaba el PRI, tampoco está tan claro el resultado en lugares como Oaxaca o Sinaloa. Entonces, si acaeciera algo más extremo, probablemente tendríamos impactos inesperados sobre la decisión del votante. Y además me imagino que el impacto sería muy diferente dependiendo de las regiones. Es probable que tuviera un impacto serio en Sinaloa, pero no necesariamente en Oaxaca”, analiza.
Después de detenerse en la reflexión sobre la guerra que sostiene el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, compartiendo la opinión generalizada del fracaso de la misma y la falta de une estrategia por parte del Estado; Cordera llega al punto de las amenazas, que ya no han quedado sólo en eso sino en atentados consumados contra los políticos y candidatos, como fue el caso reciente de José María Guajardo, abanderado del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas. La reacción inmediata fue el anuncio de que 15 candidatos a munícipes –de distintos partidos– de plano no harían campaña, mientras el dirigente nacional del PAN solicitó seguridad para sus postulantes en aquel estado norteño.
—Si de por sí no hay propuestas de los candidatos, ¿ahora veremos campañas sin candidatos?, ¿hasta dónde va a llegar esto?, se le infiere a Cordera.
“Hasta donde los dejemos, porque eso es otro hecho desde luego de enorme significativo. Pero también lo que se decía es que por todos los cambios que ha habido en los últimos 10 años, la estrategia en particular del narcotráfico cambió, se les impuso otra logística, y México se convirtió en un territorio de paso; en primer lugar. Luego se volvió más difícil concretar el paso a través de la frontera y empezó a pagarse en especie. Y el pago en especie implica entre otras cosas la creación de un mercado interno, y la creación de un mercado interno implica la creación de nuevas actividades.
Para decirlo en mi jerga: más división del trabajo, más vendedores, operadores, cuidadores, etcétera, que no había antes. ¿Qué significa esto a nivel local? Pues de que hay una implicación de una u otra forma entre estas actividades y la administración pública y el poder político. Estamos viendo la expresión salvaje de estos procesos en Tamaulipas. Y en efecto, ¿qué vamos hacer? Pues ojalá se hiciera algo. Pero lo que usted me apunta me parece uno de los hechos más importantes y atemorizantes”.
Frente a este cuadro, a Rolando Cordero, experto economista y analista político, se le ocurre la opción de “federalizar” territorios cooptados por el narco tales como Chihuahua o Tamaulipas; pero también cae en la cuenta que en cierta medida es lo que ya se viene haciendo con el Ejército postrado en las calles: “Es una federalización no dicha. Pero si sólo se concreta en las fuerzas del orden, es una federalización incompleta y puede revertirse y sólo vamos a tener reacciones cada vez más airadas de la sociedad civil contra las fuerzas del orden. Lo que ya está afectando su legitimidad”, concluye.
(Juan Carlos Domínguez)
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