Dos sucesos criminales, en los que la parte agresora, representaba al gobierno, en un caso, militares, en otro, policías municipales, confabulados con narcotraficantes, ha puesto de cabeza al país.
En el primer caso, elementos del ejército, el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México, acribillaron a 21 presuntos delincuentes y a una mujer menor de edad. La versión oficial, inicial, refería un enfrentamiento con supuestos secuestradores. Las evidencias de la escena del crimen, mostraron que no hubo tal enfrentamiento, sino simplemente una masacre.
Al final de cuentas, se inició proceso contra 7 militares, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y homicidio calificado.
No ha sido esa, la primera vez –seguramente no será la última- que elementos del ejército han acribillado a civiles, a partir de que fueron asignados al combate al narcotráfico. Los abusos en contra de particulares, han sido múltiples.
El otro, el asesinato de 6 personas –entre ellas un futbolista- y la desaparición y posible masacre de 43 normalistas, alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, por parte de policías municipales de Iguala, confabulados con narcotraficantes, por lo tanto, también representativos del gobierno.
Ambos casos, definitivamente, son lamentables y reprobables. Resulta absurdo, además de una desgracia, que elementos armados, ejército y policía, encargados de mantener el orden y la paz social, sean los agresores.
Dichos asuntos, en especial el de los mormalistas desaparecidos, han generado una ola de protestas a nivel nacional. En gran parte, manifestantes solidarios con los padres de familia de los desaparecidos identifican al gobierno como agresor.
Sin embargo, encubiertos en dicha indignación, hordas de salvajes, armados con palos, fierros y piedras, se han dedicado a provocar el caos, en comunidades del centro del país, Michoacán y Guerrero, principalmente, destruyendo e incendiando edificios públicos, dizque en protesta por la desaparición de los normalistas.
Estos salvajes, han llegado tan lejos como han querido. Sin que haya autoridad alguna que los frene. En algunos casos, varios de ellos han sido detenidos, pero casi inmediatamente puestos en libertad, cual si fuesen blancas palomitas.
Edificios públicos, de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, han sido reducidos a escombros o les han ocasionados tan severos daños, que su reparación tendrá un alto costo económico. Incluso, habrá daños, de imposible reparación. Documentos y archivos oficiales, por ejemplo.
Esto ha conmocionado a muchos mexicanos, que observan, que si bien es cierto, tanto en el caso de Tlaltlaya, como en de Iguala, la parte agresora era representante del gobierno, militares y policías, el dañar a las instalaciones públicas, no es un castigo para el gobierno, sino para la ciudadanía en general.
Los edificios de gobierno, son construidos, con dinero aportado por los ciudadanos, vía impuestos, derechos o multas. El dinero del gobierno, es de la población que gobierna. Si hay que reconstruir lo dañado o destruido, se tendrá que incrementar los impuestos. Seguramente los bárbaros que los causaron, no contribuyen al gasto público.
Además, hay dos cosas importantes, en todo esto
Por una parte, se ha exhibido al gobierno, de los tres niveles, como uno falto de autoridad, incapaz de frenar a los agresores. Impotente, para capturarlos y castigarlos.
De manera especial, el gobierno federal, se ha visto pésimamente. En particular la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Angel Osorio Chong, que no fue capaz de percibir o detectar, oportunamente, la confabulación entre narcotraficantes y políticos.
Alianzas estas, malignas, que provocaron el macabro asunto de los normalistas de Ayotzinapa. Lo de los militares, es un asunto, que ha tenido orígenes similares. La administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en sus primeros dos años de gestión, ha sido incapaz de frenar al narcotráfico, con todo y las importantes detenciones que ha logrado.
El columnista lo ha advertido, en diversas ocasiones, que Peña Nieto equivocó la estrategia de su gobierno. Los primeros tres años de su gestión, debió dedicarlos a combatir el narcotráfico y la corrupción. El resto, lo habría dedicado a lograr las reformas estructurales, con las que supuestamente habrá de impulsar la economía mexicana.
Logró las reformas, pero las pretendidas mejorías será harto difícil que lleguen, porque narcotráfico y corrupción, han desdibujado al Estado Mexicano y han hecho más difíciles, las condiciones prevalecientes.
Un factor más, que ha empeorado todo esto, es un movimiento de anarquistas, que con métodos violentos, están desacreditando al gobierno. Han institucionalizado la violencia, y con ello, el gobierno se ha empequeñecido, facilitando los propósitos del anarquismo.
Gobierno que no ejerce su autoridad, no merece formar parte del Estado. Las cosas prevalecientes, se magnifican, ante un gobierno debilucho y gobernantes cobardes e ineptos. Los anarquistas, por su parte, destruyendo a México. ¿Hasta cuándo?
Los mexicanos, en general, están hartos de la mediocridad de los gobernantes. Las manifestaciones de protesta –pacíficas, obviamente- son claras muestras de ello. Ya es tiempo de que cumpla cabalmente con sus funciones. En especial, velar por el orden y la seguridad social. Si persiste el caos actual, llegará el momento de que se formen brigadas de autodefensa en cada colonia, porque el gobierno es incapaz de gobernar. Absurdo.
gil_lavenants@hotmail.com
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