Si los gobiernos de los cinco municipios de la entidad, fuesen personas físicas, individuos, hombres o mujeres, vestirían harapos, se instalarían en los accesos de sus propias oficinas, o en los cruceros más concurridos, levantando la mano en espera de alguna propina o limosna, con un sugestivo letrero a sus pies : “una limosnita, por el amor de dios”.
Y es que los cinco alcaldes priístas, Carlos Bustamante, de Tijuana, Enrique Pelayo Torres, de Ensenada, Francisco Pérez Tejada, de Mexicali, Javier Urbalejo, de Tecate y Javier Robles Aguirre, de Playas de Rosarito, resultaron tan gastalones y depilfarradores, que dejaron las arcas vacías.
Ellos son los responsables de la caótica situación que afrontan los gobiernos municipales de Baja California. Y junto con ellos, los regidores y síndicos de cada ayuntamiento. A todos por igual se les debe fincar responsabilidades y proceder judicialmente en su contra. Cuando tomaron posesión de sus cargos, juraron cumplir y hacer cumplir la legislación correspondiente y aceptaron que en caso contrario se les juzgaría y reclamaría. Aunque sea la primera vez que se haga, que se les juzgue y se les castigue.
En tales condiciones quedaron las finanzas municipales, que diciembre será la etapa más negra de los nuevos alcaldes. Los que se fueron, pues en principio ya la libraron, se pueden ir tan lejos como les sea posible, hasta donde no alcancen los reclamos y los recordatorios maternos. Amolados sus relevos, que no encuentran qué hacer. Los reclamos de auxilio, no encuentran respuesta, ni en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, allá en el Distrito Federal, ni en la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, en Mexicali.
Van y vienen, y nada. Todos se solidarizan con los nuevos alcaldes en sus lamentos por las crisis financieras que afrontan, pero nadie les da la mano. Tanto el gobierno federal, como el estatal, parecen entidades extranjeras, ajenas a los intereses y penurias de los gobiernos municipales. Como si cada nivel de gobierno, funcionara para distintas comunidades, aunque ubicadas en la misma zona.
¿Esto, tiene solución? Sí, sí la tiene. Y no es simplemente con consejos o advertencias de adoptar medidas de austeridad. Lo que se requiere es honestidad y eficiencia. Gobernar con estricto apego a derecho. Bajo el principio aquel de : “o todos coludos, o todos rabones”.
Bueno, primeramente salvar la difícil situación que afrontan y para ello tienen que contraer más deudas. Se pensaba en la posibilidad de solicitar que les anticiparan participaciones, pero los que se fueron, ya lo hicieron, las recibieron y se las gastaron. Ya no hay nada por recibir, ni que garantice o fundamente posibles anticipos.
Luego, establecer la estrategia de gobierno, diseñar acciones de fiscalización y reestructuración de las administraciones gubernamentales. Eliminar plazas innecesarias y reclamar que trabajen, los que perciben ingresos de una nómina pública. Los gobiernos municipales, y esto no es ninguna leyenda urbana, son verdaderos “aeropuertos”, por la enorme cantidad de “aviadores”.
Para esto, conste, se requiere voluntad, se debe pasar lista de presente en cada dependencia de gobierno y verificar quienes sí ocupan sus áreas de trabajo y quienes cobran, pero “aterrizan” en otras partes. De esto se puede responsabilizar al titular de cada dependencia, so pena de ser cesado, en caso de complicidades o solapamientos. Se sorprenderían, por el número de personas que solamente las ven por ahí cada catorcena.
Hacer el anuncio oficial, de que no se tolerará ningún hecho corrupto. Que se clarifiquen y simplifiquen los trámites, para que nadie busque la posibilidad de evadirlos, a base de “mordidas” o bien, sean la base de extorsiones. Que en caso de que alguien los “invite” a hacer “aportaciones voluntarias”, a cambio de “favores”, que lo denuncie de inmediato, para proceder en consecuencia.
Hay trámites, en los que la fijación de tarifas o montos a pagar, quedan a discrecionalidad del funcionario que está en la barandilla. De esos que, mediante una generosa “propina”, modifican y reducen los montos de los derechos o costos en determinado trámite.
En ese mismo sentido, se encuentran áreas como las relativas a la determinación del impuesto de traslación de dominio o incluso los montos de impuesto predial. Deben saber, que, básicamente los terratenientes, recurren a infinidad de triquiñuelas, para evadir el pago de enormes cantidades de dinero, haciendo aparecer sus bienes predios como rústicos.
Los inspectores de reglamentos, a cambio de una “cuota”, se hacen de “la vista gorda” y no documentan las infracciones. Ellos tienen sus propias cajas registradoras. Pero las tienen ellos, y también sus jefes. En el XX Ayuntamiento, los responsables del área, vendían protección a empresas formales, ubicadas en centros comerciales. La consigna era “regular” a los tendajones y vendedores ambulantes de la periferia y no molestar, para nada, a los empresarios que pagaban protección.
Otro aspecto, es el de los departamentos de compras. Los proveedores tienen que pagar, no precisamente diezmo, respecto a cada compra, sino hasta el 20% o 30%, con la posibilidad de vender a precio de lujo, artículos o insumos en general, de pésima calidad.
Igual ocurre con los contratos de obras. El constructor que “se moche” con las mayores cantidades de dinero, generalmente son los que ganan las licitaciones. Además, con la ventaja de supervisiones deficientes y tolerantes. Todos ganan, menos la ciudadanía que, ante obras de mala calidad, tiene que pagarlas una y otra vez. Y algo más, que se prohíba que los parientes sean mediadores en las negociaciones del gobierno. Generalmente cobran por sus “servicios” y echan todo a perder.
Mientras existan funcionarios corruptos, los gobiernos municipales, y el estatal, en Baja California, serán meros mendigos oficiales. Una limosnita, por el amor de dios.
gil_lavenants@hotmail.com
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