Pederastas y el “nuevo” PRI

Por Lydia Cacho Ribeiro
Lo que muchos habían vaticinado comenzó a suceder en México desde unos días antes de que tomara protesta como presidente Enrique Peña.

Las viejas prácticas de quienes cometieron delitos al lado de algún connotado priísta resurgen con la esperanza de revertir la ley gracias al influyentismo.
Así el pederasta confeso, Jean Succar Kuri, promoverá en diciembre lo que sus abogados denominaron “el amparo de su vida”, e intentarán rebatir la sentencia fijada por un Tribunal Unitario que lo condenó a purgar 112 años de cárcel por el delito de pornografía infantil y trata de menores de edad.
Fernando Lechuga Colín, abogado defensor de Succar, declaró hace unos días que “es el amparo de su vida, una sentencia de 112 años es una vida”.
Mientras tanto Jerry, uno de los hijos de Succar que vive en Cancún en las Villas Solymar –donde se cometieron los delitos contra niñas y niños–, estuvo con algunos amigos de la infancia a quienes confió que ahora sí con el cambio de gobierno los amigos de su padre lo van a ayudar como prometieron cuando Kamel Nacif, socio del sentenciado, pidió ayuda al gobernador Mario Marín para utilizar medios ilícitos cuya finalidad era liberar al hombre acusado por sus víctimas de producir pornografía infantil y explotarlas sexualmente. Además de castigar a quienes le denunciaron.
El litigante rechazó ante los medios que Succar Kuri haya esperado a promover el amparo directo al darse el cambio de gobierno, aprovechando el poder de políticos con quienes se le ligó en el pasado como copartícipes y testigos de la red de pornografía y explotación infantil que operaba desde Cancún.
El juez Alfonso Gabriel García Lanz había sentenciado en 2011, en Cancún, a Succar a 13 años de cárcel por violar menores y hacer pornografía infantil. Sin embargo los abogados del acusado, confiados en liberarlo apelaron la sentencia, al igual que lo hicieran los abogados de las niñas por considerarla ridícula.
El caso recayó entonces en el magistrado José Ángel Mattar Oliva, quien impuso una pena de 16 años de cárcel por cada una de las siete menores de edad que Succar Kuri filmó desnudas, a las cuales exhibió en Inglaterra incurriendo en el delito de producir, poseer y transmitir pornografía infantil.
De acuerdo con las leyes mexicanas, ningún preso puede pasar en la cárcel más de 60 años, por ello la pena de Succar Kuri se reducirá casi a la mitad, lo que significa, por su edad, que moriría en la prisión de alta seguridad de Toluca.
Además, el juez Mattar Oliva condenó al empresario de origen libanés a pagar casi 2.5 millones de pesos por reparación del daño (350 mil pesos a cada una de las siete víctimas que siguieron en el juicio), un paso histórico en beneficio de las víctimas de abuso sexual en México.
El juez lo decidió luego de ver los videos en que Succar Kuri se filmaba al lado de su esposa abusando de niñas menores de 10 años. La reparación del daño, que no ha sido cubierta en absoluto, sería utilizada para pagar terapias y educación de las y los sobrevivientes de los delitos.
A pesar de la sentencia que ya fue apelada por Succar y denegada por el Tribunal este año, las propiedades frente al mar en Cancún no han sido embargadas para cumplir con el mandato de reparación del daño.
Jean Succar Kuri, alias El Johny, fue detenido el 5 de febrero de 2004 en Arizona, Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición librada por Andrew J. Wistrich, magistrado de la Corte Federal del Distrito Central. El 15 de julio de 2006 fue extraditado a México y sentenciado en 2011.
Los abogados de las víctimas aseguran que sería muy difícil para los defensores del acusado lograr disminuir la pena y que el inculpado pueda cumplir la sentencia en sus villas frente al mar, como ha pretendido en los últimos años.
Además Succar Kuri tiene pendientes cuatro procesos en el fuero común de Cancún por los delitos de violación equiparada y corrupción de otras menores.
Lo cierto es que desde ya comienzan las pruebas de fuego para los altos mandos del “nuevo” PRI, algunos de ellos acostumbrados a intervenir políticamente para corromper procesos judiciales.