En Oaxaca, la impunidad en asesinatos políticos ha sido la constante

Por Aquiles Córdova Morán
Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
La semana pasada publiqué tres documentos ligados entre sí por un mismo asunto: el conflicto agrario entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.
Hoy quiero reiterar, sintéticamente, lo que ya dije. Sólo quiero recordar, para su mejor inteligencia, que los dos primeros aparecieron en la página web del ayuntamiento de Mixtepec, y el tercero fue introducido subrepticiamente en YouTube, al pie del reportaje que Antorcha publicó allí sobre los funerales de Miguel Cruz José. En el primer mensaje, del 17 de agosto de 2010, salta a la vista la intención de publicitar dos cosas: primera, un rabioso llamado a los “paisanos” de Mixtepec a elaborar “un plan de acción” para castigar, “con todos los medios a nuestro alcance”, a los responsables de las “atrocidades” cometidas por Antorcha Campesina. En buen romance, se trata de una invitación abierta al asesinato de los supuestos agresores. Segunda, puntualizar las “atrocidades” de los antorchistas: 1) la quema de sus “indefensos” vehículos; 2) el intento de despojarlos de las tierras que heredaron de sus ancestros. El segundo libelo quiso “justificar”, con una serie de infundios feroces que echan por delante el “acuerdo” de los mafiosos y sus incondicionales: el asesinato de los tres culpables de las “atrocidades” señaladas en su primer mensaje, identificados con fotografía, nombre y apellidos completos: Miguel Cruz José en primer lugar, seguido de Gabriel Hernández García y Aquiles Córdova Morán. El último engendro colado a YouTube, al amenazar: “bájenle” porque si no “el siguiente será ese pinche gordo hijo de su pinche madre de Gabriel Hernández”, dice, de modo implícito pero inequívoco, que son ellos los que ejecutaron a Miguel y, por tanto, que no deben tomarse a broma sus actuales amenazas.

Leídos así los tres escritos, no cabe duda, primero, de la identidad de los asesinos de Miguel Cruz José; segundo, de que los objetivos de su asesinato fueron vengarse de la quema de sus preciosos vehículos -sus “instrumentos de trabajo” (¿?); tercero, parar en seco la lucha de Yosoñama por su derecho a la tierra; y cuarto, hacer público que hay dos sentencias de muerte más en lista de espera: Gabriel Hernández y Aquiles Córdova. Estas obligadas conclusiones demuestran lo justo, necesario y urgente de hacer caso a los planteamientos de Antorcha sobre el problema. Se ve lo indispensable, repito aquí, de que no sólo el gobierno de Oaxaca, sino también, y quizás con mayor razón, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, hagan a un lado su política de menosprecio (“ni los veo ni los oigo”) hacia los antorchistas y, con voluntad de justicia pareja para todos, den sus superiores órdenes para que: 1) la Secretaría de la Reforma Agraria resuelva ¡ya! el conflicto agrario entre Mixtepec y Yosoñama; 2) que se refuerce y, si es necesario, se haga a un lado a la policía estatal, y se proceda a intervenir directamente para deshacer el nido del peligroso GANG que se ha adueñado de Mixtepec, para evitar, además, otras muertes de gente inocente.

¿Cómo justificamos esto último? No sólo porque hay suficientes elementos que prueban que los delincuentes en mención han cometido (y están dispuestos a seguir cometiendo), junto con delitos del orden común, otros del orden federal; sino, además, porque los “rodeos” y las dilaciones de las autoridades oaxaqueñas, que siguen buscando donde claramente no habrán de encontrar nada, mientras se fingen ciegas y sordas a las confesiones y retos públicos de los delincuentes mismos, nos hacen ver que vamos derecho a que los asesinatos de indígenas de Yosoñama y de Miguel Cruz José se conviertan en un número más en la larga lista de asesinatos políticos sin castigo, lo que parece ser ya una “tradición” en Oaxaca. Prueba: doy, muy resumida, una lista de 13 de tales asesinatos cometidos en poco más de seis años.

1.- Jacobo Martínez Sánchez, cenecista, desaparecido por más de un mes y encontrado muerto y momificado en Tlaxiaco. Se rumoró fuertemente en su momento que sus asesinos eran gente de RIIO, una de la organizaciones “indígenas” que hoy van con todo contra Antorcha. 2.- Luis Torres Martínez, ex comisario de Zaachila y miembro del PVEM, asesinado en la misma población. 3.- Miguel Herrera Lara, alias “El cocodrilo”, dirigente del Frente Cardenista en Tuxtepec, desapareció el 5 de abril de 2006 en Tierra Blanca, Veracruz. 4.- César Toimil, dirigente de la CROCUT, asesinado el 30 de noviembre del 2005 en la presa Miguel Alemán. 5.- Raúl Marcial, líder de UBISORT, asesinado el 11 de diciembre de 2006 en Putla de Guerrero, Oaxaca. 6.- Moisés Cruz Sánchez, dirigente de RIIO, asesinado el 18 de mayo de 2006, en Mixtepec, aparentemente por pugnas internas. 7.- Catarino Torres Pereda, líder de Codeci, asesinado el 22 de octubre de 2010, en Tuxtepec. 8.- Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, asesinado el 23 de octubre de 2010, en Oaxaca. 9.- Tomás Matus, líder del SUTCOBAO, asesinado el 17 de octubre de 2010, en Oaxaca. 10.- Rubén Marmolejo, asesinado el 29 de octubre de 2010, frente al templo de Santo Domingo, en Oaxaca. 11.- El presidente municipal de Amoltepec, asesinado en su municipio. 12.- Renato Cruz Morales, líder de la Central Campesina Cardenista, asesinado el 25 de enero de este 2011, en Tuxtepec. Y Miguel Cruz José sería el número 13 de este macabro recuento.

Repito: todos estos crímenes permanecen impunes. Hace pocos días, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, licenciado Alejandro Poiré, hombre que resuma claridad y firmeza en lo que dice, afirmó en conferencia de prensa que: “las instituciones de seguridad y justicia seguirán trabajando para garantizar una tranquilidad duradera y verdadera; para evitar que ningún ilícito, que ningún asesinato de los que se cometen, quede impune”. Pues aquí, con todo respeto, le doy materia de trabajo: no es uno sino 13 (y seguramente hay muchos más) los asesinatos sin castigo y que reclaman justicia. Y lo más grave y urgente: la vida de varios antorchistas pende de un hilo, y es obligación de “las instituciones de seguridad y justicia” brindarles, también a ellos, “una tranquilidad verdadera y duradera”. Al menos eso pensamos los antorchistas del país.