TIJUANA.- La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH-BC), logró establecer acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y los internos de la penitenciaría del estado en La Mesa, que permitieron desactivar la protesta iniciada la mañana de este jueves.
Personal de la PDH, en respuesta a la serie de llamadas telefónicas sobre “desórdenes” en la penitenciaría del estado, el Procurador, el Director General de Quejas y tres visitadores, se presentaron para conocer de los hechos.
La manifestación de descontento que se presentó en uno de los edificios del reclusorio, donde los internos se negaron a recibir el alimento matutino, como protesta, esencialmente por la cantidad de alimentos que les proporcionan.
Encabezados por Heriberto García García, Procurador y Rafael Reyes Luviano, Director General de Quejas, conocieron de los reclamos de los edificios números 1 y 3, que se circunscribieron a la provisión de enseres de aseo, inconformidades en torno a las visitas y quejas del alimento recibido por las noches.
Directamente con Daniel De la Rosa Anaya, titular de la SSPE, se acordó la realización de una revisión al contenido y cantidad de las raciones alimenticias, supervisada por personal de la propia PDH-BC.
Además se realizarán en breve, junto con la Defensoría de Oficio y el Tribunal Superior de Justicia, jornadas jurídicas en el interior para brindarles la necesaria orientación a quienes ahí están recluidos, toda vez que según lo manifestaron los internos, es motivo de inquietud el desconocer su situación jurídica.
En lo relacionado al reclamo de enseres de aseo, el Ombudsman bajacaliforniano informó que la propia PDH-BC gestionará que quienes no tengan visita familiar, cuenten con estos productos de aseo personal.
García García, destacó que desafortunadamente Baja California es una de las entidades con mayor población penitenciaria en el país, pues cuenta con aproximadamente 18 mil internos, en una población estatal de tres millones 200 mil habitantes aproximadamente, mientras Veracruz con siete millones 400 mil pobladores aproximadamente, tiene apenas seis mil recluidos, lo que hace complicada la atención penitenciaría, a pesar de la gran inversión económica que ha realizado el estado.
“El problema es que el 57 por ciento de los internos de las cárceles de Baja California ‘’dijo García García’’, no están domiciliados en Baja California, lo que impide la atención personalizada de sus familiares”.
También se logró acordar entre la PDH-BC y la SSPE la realización inmediata de una brigada médica, anticipándose al arribo del invierno que incrementa las enfermedades respiratorias y las enfermedades dérmicas.
Incluso, los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recabaron algunas peticiones en lo particular como demanda de traslados a su lugar de origen, humanizar el ingreso de las visitas familiares, lo que pone de relieve la necesidad de impulsar el Programa de Protocolo de Ingreso a los Centros de Reclusión, habiéndose levantado encuestas en los cinco Ceresos del estado, a fin de proponer un protocolo menos invasivo que propicie un mayor número de visitas.
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