Caso Mixtepec-Yosoñama, responsabilidad de Reforma Agraria y gobierno de Oaxaca

Por Aquiles Córdova Morán
Ayer, martes 7 de septiembre, 50 mil antorchistas realizaron, en la capital del país, una marcha de la Plaza de las Tres Culturas (el zócalo capitalino está cercado y custodiado por un contingente fuertemente armado) hacia Gobernación federal, en demanda de una intervención enérgica y eficaz de esa poderosa Secretaría en el conflicto que mantienen las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, en la Alta Mixteca oaxaqueña, que se disputan (desde hace más de cien años, dicen los ancianos de Yosoñama) la propiedad y el usufructo de 1800 Ha. de tierras con vocación agrícola y ganadera, y ricas en especies maderables.
Ayer mismo, en la ciudad de Oaxaca, marcharon 25 mil antorchistas con una petición semejante al gobernador Ulises Ruíz Ortiz, cuya clara predisposición en contra de Yosoñama y en favor de Mixtepec ha sido factor determinante en el rumbo que han tomado los acontecimientos.
La experiencia de 36 años de lucha al lado de los pobres y de los humildes de México me ha enseñado que, sin importar el carácter legal, legítimo y de elemental justicia social de la demanda que las provoca; sin importar tampoco la gravedad ni la flagrancia en la violación de los derechos humanos y legales de quienes protestan, ni la responsabilidad en ello de las autoridades, las manifestaciones públicas en nuestra “democracia”, en nuestro ejemplar “Estado de Derecho”, son siempre hostilizadas, ignoradas y criminalizadas sin ningún recato, si sus protagonistas son gentes del pueblo y no parte de la “buena sociedad” que protesta contra la inseguridad, o algún poderoso gremio, como el de los propios periodistas, que reclame garantías para el desarrollo de su trabajo. Los pobres siempre serán simples “alborotadores” que protestan “por lo que sea”, rebaño manipulado por sus líderes corruptos “que no sabe ni a qué va”, y gente que sólo causa daños “a los derechos de terceros” perturbando la circulación de automovilistas y peatones u ocasionando “daños severos” a los “comerciantes establecidos”.

De antemano se puede estar seguro de que una manifestación de pobres (no importa cuál sea su causa de fondo), sufrirá el ataque combinado de dos fuerzas al mismo tiempo: 1) el calculado menosprecio de los altos funcionarios a quienes se dirigen, enviándoles “para que los atienda”, al encargado de los baños de la dependencia respectiva; o, de plano, una sordera absoluta, casi siempre acompañada o seguida por declaraciones distorsionadas o tendenciosas que hacen ver como justificadas la negativa implícita y las amenazas contra los dirigentes. Y 2) el terrorismo mediático que, además de ignorar, siempre y completamente, las demandas, azuza el odio público destacando únicamente “los problemas” que causan a la vialidad, y justificando, con calificativos infamantes y groseros contra los manifestantes y a sus líderes, su estentórea demanda de “poner un alto definitivo” a los vándalos, “regular de una vez por todas” (entiéndase, prohibir) las marchas y los mítines, y “cárcel para los falsos líderes” que medran con la pobreza.

Todo esto y más veo venir sobre las cabezas de los marchistas. Ya veo a y su noble estirpe acusando a los antorchistas de “perturbadores de la tranquilidad social”, de “vividores” de la protesta pública y de llevar a la capital un conflicto que es de la absoluta competencia del gobierno de Oaxaca. Por tal motivo (y dado que mi colaboración es semanal) me veo obligado a adelantarme un poco a los hechos precisando algunos puntos del conflicto. 1) El Movimiento Antorchista Nacional no provocó en ninguna manera ni medida el conflicto Mixtepec-Yosoñama, que tiene, como queda dicho, más de cien años; es absolutamente falso, por tanto, lo que aúlla el chacal de Mixtepec en el blog del ayuntamiento, acusándonos de querer quedarnos con las tierras. Defendemos, sí, con absoluto desinterés, a la parte agredida, pues el chacal anónimo no podrá negar que él y sus compinches secuestraron por más de dos meses a 39 indígenas de Yosoñama por sus puras pistolas; y tampoco que en su última “hazaña” asesinaron al campesino Simón Antonio Santos e hirieron gravemente a otros cuatro. De aquí el apoyo de Antorcha, y no más. 2) El conflicto latente se agudizó por culpa del Tribunal Agrario que, a través de su agencia en Huajuapan de León, resolvió dar todo el derecho a Mixtepec pasando por alto el título virreinal y la posesión continua y pacífica de las tierras por Yosoñama desde hace cien años. Esa resolución es, simple y llanamente, un despojo contra esta última población y causa del agravamiento de la situación. 3) Los pormenores legales y las implicaciones sociales y políticas del caso, así como el inminente riesgo de un descontrol del conflicto, fueron puestos en conocimiento del gobierno de Oaxaca con toda oportunidad, a pesar de lo cual éste se abstuvo de buscar y proponer una solución aceptable para las partes. De ahí su responsabilidad en los hechos.

Por todo esto, lo que hoy los indígenas de Yosoñama demandarán a Gobernación Federal y al gobierno de Oaxaca es absolutamente irrebatible. Ya que tanto el Tribunal Agrario como la Secretaria del ramo agudizaron el conflicto, toca a ellos construir y proponer una solución justa y aceptable para ambas comunidades, sin que haya vencedores ni vencidos. Y, puesto que el gobierno de Oaxaca es también autoridad agraria y responsable del problema por omisión, está igualmente obligado, por ley y por espíritu de justicia, a unir esfuerzos con la Federación para encontrar la solución que se busca. Ambos niveles de gobierno, además, están obligados a investigar y castigar los graves delitos cometidos, hasta hoy sólo por Mixtepec, ya que, de no hacerlo, se harán cómplices de los mismos y estarán alentando nuevas y peores agresiones. Vale.