Arraiga PGR a cuatro "narcosecuestradores"

TIJUANA.- Cuatro presuntos integrantes del crimen organizado que se dedicaban a secuestros y ejecuciones, fueron arraigados por la Procuraduría General de la República (PGR) durante 40 días.

En un comunicado, la PGR informó que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Estatal en Baja California, solicitó y obtuvo del Juzgado Sexto de Distrito en el estado, el arraigo por 40 días de Ulises Ruiz Amaya, José Manuel García Galván, Armando Buelna Sánchez y Carlos Manjarrez Rodelo, por los delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Delincuencia Organizada y Robo de Vehículo en el Extranjero.
Dicha medida cautelar fue solicitada por el Representante Social de la Federación como parte de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/3180/08, con la finalidad de obtener los elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados, por lo que los inculpados fueron traslados al Centro Nacional de Arraigos con sede en el Distrito Federal.
Cabe recordar, que los presuntos responsables fueron detenidos por elementos del Ejército, cuando circulaban a bordo de un vehículo marca GMC modelo 2003, sobre la avenida Tecnológico de la delegación Mesa de Otay. En posesión de tres armas largas, dos armas cortas, 585 cartuchos de diversos calibres, 18 cargadores calibre .223 y tres cargadores calibre .40.

Asimismo, de acuerdo con información que proporcionaron los propios detenidos a las fuerzas castrenses, se lograron ubicar dos vehículos más en la Privada Monte Blanco del Fraccionamiento Villas del Cedro, de la colonia Santa Fe, en donde se encontraron cuatro armas largas, una corta, un cargador cilíndrico calibre .223, 34 cargadores metálicos calibre .223, mil 30 cartuchos calibre 7.62x39 y 626 calibre .223.
La Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de combate enérgico a toda manifestación del crimen organizado, así como la aplicación de la ley en contra de quienes vulneren los principios del Estado de Derecho y amenacen la seguridad, estabilidad y confianza de los mexicanos.