Por J. Antonio Aspiros V.
Al colega y amigo Teodoro Raúl Rentería Villa,
por la Medalla 'Pedro Ferriz Santa Cruz' que le otorgó
la Asociación Nacional de Locutores de México
Dos meses después del 40 aniversario de la masacre en Tlatelolco, el Senado de la República aprobó que el 2 de octubre de cada año sea día de luto nacional, y turnó el dictamen a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente..
Durante la sesión parlamentaria del pasado 2 de diciembre, el economista y senador del PRD Pablo Gómez Álvarez dijo en apoyo del acuerdo que, con su aprobación, el Estado haría un reconocimiento histórico de su responsabilidad en esos trágicos sucesos, caracterizados por un ejercicio desmesurado de la fuerza.
Hace 40 años Pablo Gómez pasó la Navidad en la cárcel, detenido no sólo por su activismo dentro del movimiento estudiantil, sino también por su militancia comunista, que en ese tiempo era un acto de osadía frente al poder público.
Como él, decenas de presos políticos -de los más de cinco mil de diversas tendencias encarcelados antes, durante o después del 2 de octubre-, estuvieron tras las rejas hasta 1971 cuando fueron amnistiados, algunos de ellos bajo protesta.
Después, unos se fueron al exilio, otros a la guerrilla y varios se asimilaron al sistema, pero todos conocieron el terror de la ley del más fuerte en el Campo Militar Número 1, la penitenciaría de Santa Marta Acatitla y el llamado Palacio Negro de Lecumberri. Y si no hubieran demolido en 1968 el manicomio de La Castañeda, quizás muchos habrían sido perversamente enviados allí.
Nunca se sabrá cuántas fueron las "víctimas de la lucha por la democracia", como serán recordados oficialmente cada 2 de octubre los muertos en Tlatelolco, pues la cifra varía desde el "no falleció ninguno", como dijo el general José Hernández Toledo -herido en esa ocasión- a Carlos Ramírez ('1968 el principio del poder', Proceso, 1980), hasta la "infinidad de muertos" de que informó al mismo periodista el antiguo integrante del Batallón Olimpia, José Francisco Mora Rodarte.
"¿Dónde están los cientos, los miles de muertos, señores periodistas?", preguntó retador Gustavo Díaz Ordaz cuando en 1977 fue nombrado embajador en España, y Elena Poniatowska explica por qué no habrá respuesta:
"A los padres de familia que fueron a buscar a sus muertos, ya fueran transeúntes, vecinos, estudiantes, curiosos o alborotadores (…) se les obligó a firmar declaraciones de conformidad a 'muerte por accidente' sin investigación, ni derecho a reclamación alguna. Esa fue la condición para entregar los cuerpos. ('El movimiento estudiantil de 1968', Revista de la Universidad de México, dic. 1978, ene. 1979)
La reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que el 2 de octubre sea izado el lábaro patrio a media asta para conmemorar a los caídos en Tlatelolco, permite recordar que, ya en noviembre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga había anunciado -tal vez con candor o quizás con ironía- su intención de proponer el cambio de nombre de la avenida 'Ejército Nacional' de la ciudad de México por el de 'Dos de Octubre', y a la 'Plaza de las Tres Culturas' por el de 'Mártires de 1968'.
Y con un espíritu similar, en un "blog" del diario La Jornada el lector Gilberto Cantú Guerra pidió "por favor", como "el siguiente paso (…) necesario, (…) eliminar el nombre de los directamente responsables (de la masacre) de poblaciones, presas, calles, periféricos", etcétera, porque "es doloroso" mencionarlos.
Sólo que, a excepción de Díaz Ordaz que asumió públicamente toda la responsabilidad y hasta se dijo orgulloso de ello, nadie más reconoció culpas, y las fiscalías y comisiones de la verdad fracasaron en su tarea. La historia del 68 mexicano seguirá inconclusa.
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