En un proceso electoral, quienes eligen tienen el derecho pleno de ser informados por cada uno de los contendientes de sus propuestas y programas de trabajo que implementarían en caso de que el sufragio ciudadano les otorgue el cargo ambicionado, y a su vez, tienen los electores la obligación de saber de los aspirantes, no solo lo referente a sus propuestas, sino también a lo relativo a su imagen y fama pública, así como su comportamiento laboral y personal.
