Por Sergio Anzures.
En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría echar abajo el negocio de alrededor de 20 mil millones de pesos que significan la construcción de la planta desalinizadora de Playas de Rosarito y el puente Zapata – Aeropuerto en Tijuana.
El gobernador Francisco “Kiko” Vega, impulsó a través de la fracción del PAN en la XXII Legislatura, el refinanciamiento de la deuda pública del estado, además de este par de Apps en una cuestionada sesión ordinaria realizada el 28 de marzo del 2019.
La iniciativa que presentaron los legisladores panistas fue aprobada por 12 votos a favor y cinco en contra, de un Congreso estatal conformado por 25 diputados; es decir, ocho diputados estuvieron ausentes.
Victoria Bentley Duarte y Bernardo Padilla Muñoz, integrantes de la XXII Legislatura encabezaron la presentación de esa acción de inconstitucionalidad en la SCJN la cual fue aceptada el pasado 10 de junio del 2019, como consta en documentación en poder de AJEDREZ POLÍTICO.
Juristas que conocen al dedillo la operatividad del Poder Judicial, señalan que muy posiblemente, la SCJN vaya a echar por la borda las Apps con el que Francisco “Kiko” Vega, pretendía despedirse de su gestión.
Sin embargo, también hay algunos litigantes que indicaron a AJEDREZ POLÍTICO que no hay ninguna irregularidad en la forma como se aprobó la iniciativa el pasado mes de marzo y ls Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia puede desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados locales.
Lo cierto es que hay nerviosismo entre los socios de las empresas Aguas de Rosarito S.A.P.I. de CV, que construirá la Desalanizadora de Playas de Rosarito y la española AZVI y su socia la compañía del panista Víctor Hermosillo encargados del Doble Piso Zapata- Aeropuerto.
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