PLAYAS DE ROSARITO.- El Síndico Procurador, Tomás de la Rosa Martínez, informó que los servidores públicos del VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial anual durante los meses de abril y mayo, tal y como lo estipula la Ley de Responsabilidades para el Estado de Baja California.
Son un total de 472 funcionarios municipales que deberán manifestar las modificaciones que se hayan generado en el año inmediato anterior, sobre el patrimonio declarado al inicio de su encargo.
El fiscal municipal hace un llamado a todos los funcionarios para que no omitan presentar su declaración anual de modificación, todo ello, con el objetivo de cumplir con la Ley y dar seguimiento a los trabajos en materia de fortalecimiento de transparencia en la actual administración.
En caso de que algún servidor no presente su declaración en los plazos señalados, sin causa justificada, la Sindicatura iniciará el procedimiento respectivo de responsabilidad que derivaría, según sea el caso, en una amonestación pública, la suspensión del funcionario de 30 días sin goce de sueldo o la sanción de destitución del cargo que al momento venga desempeñando.
En el municipio están obligados a presentar su declaración desde el Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores, Secretarios, Subsecretarios, Oficial Mayor, Secretario Fedatario del Ayuntamiento, Tesorero, Recaudador de Rentas Municipal, Delegados, Titulares de las Dependencias, Directores, Subdirectores.
Asimismo, Jefes de Departamento, Oficiales del Registro Civil, Coordinadores, Administradores, Comandantes, Subcomandantes, Jefes y Subjefes de Policía, Supervisores, Comisarios, Auditores, Inspectores, Jueces Calificadores, Promotores, Integrantes del Órgano de Gobierno de las Entidades Paramunicipales, y lo demás que así determine el órgano de control.
El funcionario que en su declaración de situación patrimonial mienta u omita datos en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previo procedimiento, se le aplicará la sanción de suspensión de su empleo, cargo o comisión, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Sindicatura, formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes,
“Se les invita a los servidores públicos que cumplan con esta obligación, en tiempo y en forma, de lo contrario la Ley prevé sanciones muy claras, y la Sindicatura las aplicará a quien no acate dicha disposición, la cual es sencilla de cumplir, simplemente es una actualización de lo que ellos ya conocen de su propio patrimonio”, manifestó el Síndico Tomás de la Rosa Martínez.
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