Por Carmen Olga Aragón Harrison
Continúan saliendo a la luz pública las irregularidades de las diferentes dependencias del VI ayuntamiento de Playas de Rosarito, las cuales son solapadas por el Secretario de Gobierno Lic. Fernando Serrano García, el primer caso se dio con el Director de regulación Municipal Ignacio Peña Rosales, quien cuenta con una sentencia penal por aborto.
De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para ingresar al servicio público se requiere no tener antecedentes penales, es uno de los 16 requisitos para ser contratado, el cual consiste en presentar carta de no antecedentes penales y de no inhabilitación. Pero cuando se contrató a Peña Rosales, ninguno de estos documentos fue integrado a su expediente.
Hoy, de nueva cuenta emerge otra irregularidad solapada por el Secretario de Gobierno Serrano García, así como del Oficial mayor Luis Franco Galarza, el jefe de recursos humanos José Luis Pimentel Serafín y de la regidora Zuldma Beltrán,
En esta ocasión es en el área de jueces calificadores, dependencia también a cargo de la Secretaria de Gobierno, área donde fue integrado como juez calificador Cesar Omar Beltrán Montes, hermano de la regidora Beltrán y quien no cumple con los requisitos para dicho cargo, específicamente el que condiciona para asumir el citado puesto, siendo éste perfil el de una persona graduado y titulado como licenciado en derecho.
Pero en su empecinamiento de foguear a su hermanito la edil Zuldma Beltrán, insistió con Serrano García, en que se le diera ese puesto a su consanguíneo, de acuerdo a lo expresado por el propio Secretario de Gobierno, quien pese a estar consiente y saber de los problemas que podían suscitarse decide apoyar a la regidora Beltrán para contar con su apoyo en sus planes futuros.
De acuerdo al art. 10 ins.VI, que a la letra dice “poseer el día de la designación título y cedula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello “. El Lic. Cesar Omar Beltrán Montes, no cumple con el requisito y ya está siendo investigado por la sindicatura Municipal.
Dentro de las irregularidad que se cometieron por parte de Beltrán Montes, se habla desde daño patrimonial ya que durante cuatro meses todos los descuentos en las multas o sanciones no tienen valides alguna, pero lo más grabe son las consignaciones al ministerio público ya que en estos casos los consignados pueden exigir su libertad por no cumplir con la legalidad para enviarlos ante el Ministerio publico.
En entrevista con el Lic. Serrano quien es el jefe directo de los jueces calificadores, a pregunta expresa sobre la anomalía descrita anteriormente, solicito a este reportera hacerse de la vista gorda ya que le pegaría nuevamente a él, y con esto también a sus intereses personales por lo que aseguro se subsanaría inmediatamente y que en sindicatura ya no se continuaría con el procedimiento.
Aseguro que Beltrán, viajaría a la ciudad de México a recoger su título, lo curioso es que el joven solo cuenta con 19 años de edad, y también se dice que para poder ser juez calificador por lo menos tiene que tener tres años ejerciendo, en la actualidad la preparatoria por muy adelantado que este, concediendo la termine a los 16 años, posteriormente termine la carrera de licenciado en derecho en tres y cuente con tres años de experiencia a la edad de 19 años, según la nómina del ayuntamiento y si es así porque lo cambiaron de puesto.
Quien pagara los costos que tendrá la administración, por todas las irregularidades cometidas y de qué manera pagaran quienes permitieron se diera esta irregularidad, el costo que tendrá que pagar el joven Beltrán de acuerdo al código penal en el estado es realmente lamentable y todo por el capricho de algunos, de no hacer las cosas bien.
Artículo 260.- Tipo y punibilidad.- Del código penal del estado de B.C.- Al que sin serlo, se atribuya el carácter de Profesionista, ofrezca públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una profesión sin tener el título correspondiente o sin la debida autorización, se le impondrá prisión de seis meses a seis años y de veinte a doscientos días de multa.
Las mismas penas se aplicarán al que sin tener título o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.
Los costos políticos pueden ser muy caros cuando se cumple con las leyes, pero también se da la complicidad de políticos corruptos que prefieren hacerse de la vista gorda con tal de no ser las reses del mañana.
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