COLUMNA: Palco de Prensa

* El que nada debe, nada…
Por Gilberto Lavenánt
Después de Tijuana Innovadora, que tuvo el propósito de promover las cosas positivas de esta frontera a nivel internacional, las violaciones a los derechos humanos, por parte de policías municipales y elementos del ejército mexicano, son los temas que más han proyectado a esta ciudad, aunque negativamente, a nivel internacional.
Y en los papeles protagónicos o estelares de tales noticias, aparecen, invariablemente, el controversial Julián Leyzaola y su segundo de abordo, Gustavo Huerta Martٌnez. Ambos autoproclamados como ¨héroes¨, porque supuestamente a ellos les deben los tijuanenses el grado de ¨seguridad pública¨ que se vive actualmente.
Por internet circula ampliamente, lo que se ha denominado como ¨Ficha técnica Casos de tortura en Tijuana 2009-2010¨, donde se relatan varios casos de vejaciones y torturas en agravio de numerosas personas, principalmente policías municipales, en los que se señala como responsables de los mismos, precisamente a Leyzaola y Huerta.
En dicho documento, suscrito por Raúl Ramírez Baena, Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., CCDH, se hace referencia a las múltiples instancias nacionales e internacionales a las que han tenido que recurrir los agraviados, sus defensores y familiares, porque en Baja California las autoridades no los escuchan, y por el contrario, temen por su integridad física.
Precisamente, a propósito de este tema, es importante observar que el hecho de que el Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, y el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, hayan premiado tanto a Leyzaola, como a Huerta, al otorgarles cargos de mayor jerarquía en el ámbito de seguridad pública, haciendo caso omiso a la recomendación de la Procuraduria de los Derechos Humanos de Baja California, para que fuesen removidos de los cargos que ostentaban, ante las acusaciones de tortura que pesan en su contra, ha generado preocupación y temores fundados entre organizaciones y defensores de derechos humanos.
Esto se puso de manifiesto en un pronunciamiento de fecha 10 de diciembre, suscrito por 9 organizaciones pro derechos humanos de Baja California, 12 de otras entidades del país y 20 personas a título individual, que también circula por la red.

¨Las organizaciones y personas abajo firmantes –indican- ven con suma preocupación los recientes nombramientos, debido a que los nuevos jefes policíacos, de extracción militar, han sido promovidos a pesar de haber sido denunciados por el delito de tortura, por decenas de policías municipales de Tijuana, durante los últimos dos años, lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias¨.
¨Es evidente –señalan- que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las Recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad¨.

Ante tal situación, concluyen exhortando ¨…a la solidaridad nacional e internacional; al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y al presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, a ser respetuosos y vigilantes del Estado de Garantías y a separar de sus nuevos cargos a Julián Leyzaola y a Gustavo Huerta, en tanto se resuelven las denuncias que actualmente se ventilan en su contra¨.

Por cierto, hay que tener pendiente que en la Recomendación 68/2010, de fecha 30 de noviembre del 2010, el Dr. Raúl Plascencia, solicitó a la Presidente de la XX Legislatura Estatal, Nancy Sánchez Arredondo, que investigara a fin de determinar la responsabilidad de los involucrados en tales hechos de tortura y en el incumplimiento de la recomendación de la PDH para remover a Leyzaola y a Huerta de sus cargos, y en términos similares al Ayuntamiento de Tijuana, ahora presidido por Carlos Bustamante Anchondo, estableciendo un término de 15 días para ello. Plazo que vence el próximo miércoles.
Así es que esta semana habrá que estar a la expectativa para ver qué postura asumirán Osuna y Bustamante, así como la Legislatura Estatal, ante las Recomendaciones de la PDH y la CNDH. Si las desdeñan, al igual que lo hizo Jorge Ramos, o las cumplen, deberán remover a Julián Leyzaola de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal y a Gustavo Huerta, de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a donde acaban de ser designados.
Definitivamente, este asunto no tiene fin, por el momento, y las autoridades locales, tanto estatales, como municipales, están en un dilema. Si acatan las rercomendaciones contra Leyzaola y Huerta, en principio deberán sacarlos de las nóminas públicas, en tanto que la Procuraduría de Justicia ejerce las acciones penales correspondientes.
Si insisten en hacerse de oídos sordos, y los encubren, pasarán a la historia como promotores de la impunidad y por ende como aspiciadores de las violaciones de derechos humanos.
Y si Leyzaola y Huerta, son inocentes, como argumentan, ¿entonces, qué no dicen que el que nada debe, nada teme?

gil_lavenant@hotmail.com