Desaparecieron dinero, cesan a MP y dos secretarios de acuerdos

TIJUANA.- Un agente del Ministerio Público y dos secretarios de acuerdos fueron cesados de la institución ante su dudosa actuación y desempeño como funcionarios públicos de la PGJE , informó el Visitador General de la Procuraduría , licenciado Abel Galván Gallardo.
El ex representante social y un secretario de acuerdos estaban adscritos a la subprocuraduría zona Tijuana, y el funcionario restante otorgaba sus servicios en la subprocuraduría zona Tecate.



Con estas dos nuevas destituciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado, lleva más de cien funcionarios y policías destituciones por ser malos elementos y por haberles perdido la confianza.



El Visitador General de la Procuraduría , licenciado Abel Galván Gallardo, informó que los funcionarios cesados son el Agente del Ministerio Público, licenciado Juan Carlos Alcántar Mendoza; la secretaria de acuerdos, licenciada Adriana Rodríguez Arciniéga y su homólogo, licenciado Julio César Murguía Palacios.











Especificó que Alcántar Mendoza y Rodríguez Arciniéga derivado de una averiguación previa en donde estuvo implicado un hombre, quien causó lesiones, daños y manejaba un vehículo en estado de ebriedad, los funcionarios públicos realizaron una serie de actuaciones de manera dudosa, lo cual generó su cese de la institución.



Los funcionarios a pesar que el presunto responsable provocó daños y lesiones, no le fue exigida ninguna fianza para cubrir los daños, a pesar de habérsele fijado.



Galván Gallardo declaró Murguía Palacios se desarrollaba como secretario de acuerdos en Tecate, un quejoso presentó una denuncia tras ser detenido manejando un vehículo en estado de ebriedad.



El ex Secretario de Acuerdos presumiblemente fijó una fianza al presunto responsable de cuatro mil pesos, la cual supuestamente tenía que entregar al Juzgado correspondiente.



Tras solicitar el quejoso su fianza el Juzgado, resultó que el Secretario de Acuerdo había fijado una fianza de mil pesos, y el resto del dinero se desconocía su paradero.



Por estos hechos, la Visitaduría General abrió un procedimiento administrativo, el cual culminó en el cese del funcionario estatal.