COLUMNA: Cicuta

* Risueño
Por Jaime Flores Martínez
El intercambio de carcajadas involucra al delegado de la PGR Francisco Javier Cossío Gutiérrez y al director del Centro SCT en Baja California, Ramón Luque Félix. Integrantes del Colegio de abogados consideran que –por lo visto-- la aplicación de justicia excluye a los servidores públicos influyentes.
Hace justo una semana, Cicuta se refirió a la denuncia presentada por transportistas de Tijuana contra Luque Félix, a quien acusan por abuso de autoridad y concusión. Los choferes aseguran que Luque Félix inventa leyes y las aplica a su antojo. Dicen que la mayor virtud de este funcionario es su relación de compadrazgo con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán. El resto del tiempo, se coloca la palma de la mano sobre la boca, para ahogar su carcajada.
Lupita Sandoval, presidenta de la Asociación de Transportistas Independientes, asegura que el delegado de la PGR Francisco Javier Cossío parece interesado “en proteger a Luque Félix”. Solo así podría entenderse que no haya presionado al agente del Ministerio Publico Julio Vázquez Peñaloza para que requiera a Luque Félix. Después de un año de presentada la denuncia, ni el ex MP Gustavo Castillo Ceja, ni el actual Vázquez Peñaloza, se han atrevido a llamar a Luque Félix para que responda a la denuncia.
No hay duda que el delegado de la PGR protege a Luque Félix porque es compadre del gobernador y se siente obligado a darle carpetazo al asunto por el compromiso que tiene con el gobernador Osuna. Su actual puesto se lo debe a Osuna y esta es la manera de corresponderle.
Integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana, reconocen que los agentes del Ministerio Público Federal “priorizan” asuntos relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos asuntos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, dicen, también están obligados a ventilar asuntos como la denuncia contra el responsable de la SCT en Baja California.
Indignados por la impunidad que nace del contubernio Cossio-Luque, este cuerpo de juristas comisionaron al abogado Carlos Atilano Peña como responsable de dar seguimiento al caso, aunque el abogado se muestra desconcertado por el tortuguismo en la PGR.
Si alguien se pregunta por qué el delegado de la PGR no presiona al MP encargado del caso, la respuesta es que Cossío fue colocado en la PGR por decisión de Osuna Millán. Este ultimo pudo conseguir un espacio que buscaba el senador priista Fernando Castro Trenti para colocar a uno de sus incondicionales. Entendido así, los abogados no están de acuerdo en que las “lealtades políticas” impidan la aplicación de la justicia.
Muy pocos saben que Luque Félix y el gobernador Osuna Millán, egresaron juntos de la UABC donde estudiaron economía. Fueron socios en un par de mini-mercados, uno de ellos está frente al Penal de la Mesa. Más tarde, Osuna fue director de la Cespt y Luque Félix consiguió que la reparación de los vehículos de la paraestatal, se realizaran en el taller de sus hermanos en el fraccionamiento Las Huertas.
Poco después, Ismael Grijalva Palomino asumió la dirección de la Cespt y Luque Félix fue el responsable de “cargarle la maleta”. Ya colocado en la paraestatal, Luque llevaba las minutas, sacaba copias y salía por los refrescos. Su iniciativa le permitió llegar hasta la subdirección comercial de la Cespt. Al llegar Osuna a la gubernatura del Estado, Luque pregono que –a pesar de su desconocimiento en materia de comunicaciones—el seria colocado en la SCT y desde ese momento comenzó a repartir chambas.
Tómbola
El primer premio de la rifa correspondió a un empleado de la Procuraduría de Justicia del Estado que voluntariamente a fuerza compro un boleto de 20 pesos. El sorteo se realizo la tarde del pasado viernes en la sub procuraduría de justicia en Tijuana, cuya titular es la licenciada Marta Imelda Almanza. La sub procuradora decidió que los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, debían vender 500 boletos entre los empleados, con la intención de reunir dinero en apoyo de los familiares de los policías ministeriales arrestados por el Ejército Mexicano a finales de julio.
Aunque estuvieron de acuerdo en apoyar tan noble causa, la mayoría se mostró inconforme con la subprocuradora, pues unilateralmente los habilito como “vende-boletos”. Todos ellos estaban obligados a vender todos los “ticket’s”, pues de otra manera deberían pagarlos. El asunto no tuviera mayor importancia si no fuera porque “el primer premio” no fue una licuadora, ni un tostador de pan, ni tampoco una plancha. El ganador de este sorteo podría beberse --él solito-- el contenido de una botella de whiskey marca Buchanan’s. Aunque usted no lo crea, la señora subprocuradora decidió rifar una botella de alcohol. Eso sí, en su descargo, podría decir que rifó una bebida de importación.
¿Tortillería?
A propósito de la sub procuraduría, los empleados ubican a una guapa mujer que se desempeña como coordinadora de Ministerios Públicos de La Mesa, como “el poder tras el trono” . La versión indica que la licenciada Marta Imelda Almanza le consulta a la joven Elizabeth Castro prácticamente todos los asuntos.
También es considerada como “los ojos y los oídos” de la subprocuradora, hasta el punto que Marta Imelda Almanza toma decisiones con base en la recomendación de Elizabeth. Esta ultima percibe un salario mucho mayor que muchos otros funcionarios anejos. Estos aseguran que por decisión de la subprocuradora, –dentro de muy poco tiempo-- Elizabeth viajara a Hawaii con gastos pagados. Sus compañeros se preguntan ¿Cómo Elizabeth llego a la coordinación de ministerios públicos sin meritos de por medio? ¿Qué le dará a la subprocuradora para gozar de tamañas prebendas?
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