* LA INICIATIVA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DE JAIME BONILLA PRESENTADA EN JULIO DE 2020.
* PARECÍA CON DEDICATORIA A LOS ALCALDES ZULEMA ADAMS Y ARTURO GONZÁLEZ.
* AHORA CONTRA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN ESTATAL.
Por Sergio Anzures.
El gobernador o los diputados, podrían solicitar la revocación de cualquier funcionario público —de elección popular—, no necesariamente el ciudadano podría hacerla, según la propuesta que Jaime Bonilla Valdez envió al Poder Legislativo en julio del 2020.
Es decir, en caso de querer eliminar a un enemigo político, bastaría con hacer la solicitud para quitarlo del camino. El artículo 12 BIS, fracción II detalla: La Revocación Podrá ser requerida por el Gobernador del Estado o los Diputados Locales en cuyo caso deberá llevarse a cabo.
En la iniciativa se planteó, además, que sería el Instituto Estatal Electoral quien organizaría este ejercicio democrático, en el que los ciudadanos nomás participarían a través del voto para quitarle el cargo a quien el Gobernador o los Diputados decidan.
Hay un apartado en el que, para solicitar la revocación, ésta tendrá que ser solicitada por al menos el 2.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito o circunscripción electoral por el que resultó electo el funcionario.
Asimismo, presentar ante la autoridad electoral del Estado petición o solicitud de revocación popular de mandato debidamente fundada y motivada, señalando descripción clara de las causas por las que se solicita.
La revocación de mandato podrá ser requerida por una sola vez durante el ejercicio del encargo del servidor público, debiendo ser solicitada a partir de que hayan transcurrido dos años de su gestión, en el caso de los diputados locales a partir de la mitad de su encargo.
También se contempla, que no podrán ser electos diputados: quienes hayan sido destituidos de su encargo mediante procedimiento de revocación popular de mandato en un lapso anterior de 10 años a la elección que pretenda postularse.
La iniciativa fue presentada al presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura el 28 de julio del 2020, pretendía reformar, modificar y adicionar artículos a la constitución política de Baja California.
El 31 de julio del 2021 concluyó el periodo de la XXIII Legislatura que fue de mayoría morenista; la XXIV Legislatura también es de mayoría del partido MORENA.
La iniciativa presentada en julio del 2020, pareciera en ese momento con dedicatoria para los alcaldes en funciones en ese año, Zulema Adams de Tecate y Arturo González Cruz de Tijuana.
Es decir, si esa iniciativa se hubiera aprobado en julio o agosto del 2020, Jaime Bonilla como gobernador o alguno de los diputados de la pasada Legislatura de Baja California, afines a él, podrían haber solicitado la revocación de mandato de ambos alcaldes.
Curiosamente no le daba a los alcaldes, en base a la iniciativa, la oportunidad que ellos pudieran solicitar la revocación de mandato del gobernador y de diputados locales.
Por alguna razón esa iniciativa de revocación de mandato se quedó en el archivo del Congreso del Estado, no siguió el trámite para su aprobación en el Pleno.
Por lo que ahora encaprichado, antes de irse, el gobernador Jaime Bonilla, pretende se apruebe la iniciativa de revocación de mandato la 24 Legislatura de Baja California), e ir contra la próxima administración estatal, también morenista.
Está seguro que brincará al gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador y desde ahí, recuperar su capital político en Baja California, sobretodo en el Congreso del Estado y presionar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
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