Por Sergio Anzures.
En abril del 2018, en el Congreso del Estado a través del Decreto 237 se aprobó la Ley de Justicia Terapéutica en Baja California para el tratamiento de adicciones en materia de justicia penal.
La ley promovida por el diputado panista Carlos Torres Torres, busca reducir la reincidencia en las cárceles de Baja California por encima de un 30%, poniendo atención en el individuo, superando enfoques punitivos o represivo.
Sin embargo, al poco tiempo se olvidó, en ningún momento se implementó, nadie la tomó ni la aplicó.
Desgraciadamente, tanto autoridades y legisladores se interesan más por asuntos políticos que por echar a andar leyes existentes que benefician a un sector de la sociedad bajacaliforniana en problemas de adicciones.
Esta Ley de Justicia Terapéutica apoyaría a quienes por primera vez cometen un delito y registraron un problema de adicción.
La Ley establece la participación del Poder Judicial de Baja California, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaria de Salud, Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Defensoria Pública, los Ayuntamientos y organismos de la sociedad civil.
Podríamos escribir todas las bondades de esa Ley de Justicia Terapéutica tan necesaria en Baja California, tomando en cuenta el problema de adicciones dentro y fuera de las prisiones.
Abogados y especialistas en derecho consideran que tan solo la voluntad y menos escaparate de los actores políticos resultaría de gran beneficio para las personas en situación de adicción.
Además, la aplicación de la ley en un Estado que ocupa uno de los primeros lugares en el consumo de marihuana y metanfetamina en México, podría ayudar a paliar el problema.
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