Esta decisión representa una clara violación a los preceptos legales que rigen los procesos electorales en México, ya que el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, claramente establece que es facultad de los Presidentes de Casilla, de los Organos del Instituto y de los Organismo Públicos Locales, solicitar el auxilio de los cuerpos de seguridad pública de la federación, estados y municipios. Al actuar de esta manera el Vocal Ejecutivo del INE, se atribuye para síuna facultad que la ley expresamente señala quiénes son los encargados de ejercer.
De igual manera, esta desafortunada decisión del Sr. Donaciano Muñoz Loyola, da pie para que los cuerpos de seguridad realicen una actividad que por años hemos venido señalando, proceso tras proceso: que los policías de las diferentes corporaciones policiacas salen a las calles más con la intención de inhibir a los votantes que de brindar certeza de que el proceso se desarrollará en un clima de tranquilidad.
Para el Partido del Trabajo es una premisa fundamental que el proceso democrático sigua siendo responsabilidad primordial de los ciudadanos, por lo que rechazamos enfáticamente cualquier intento por alentar la intervención de las autoridades de los diferentes niveles en aspectos que por ley les son restringidos.
En el caso que nos ocupa, la ley establece fuera de cualquier duda, que el papel de los cuerpos de seguridad está supeditado a que su intervención sea considerada necesaria, a juicio de los Presidentes de Casilla que pudieran percatarse de situaciones que representen peligro para la integridad de los votantes o pongan en riesgo el proceso de votación.
En Baja California se han documentado muchos casos de abuso en el rol de los cuerpos policiacos asignados a brindar tranquilidad el día de la jornada, así que no es gratuita la preocupación de los bajacalifornianos, ante el anuncio hecho por el Vocal Ejecutivo del INE y por el Secretario de[i]Seguridad Pública en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya, en el sentido de que 3,500 policías saldrán a las calles el domingo, con la instrucción de garantizar que la jornada electoral transcurra sin contratiempos, ya que ahora nos anuncian que entre las responsabilidades de los policías, se encuentra la de verificar la instalación de las casillas, situación que en absoluto les compete y que la ley establece como responsabilidad exclusiva de los ciudadanos funcionarios de casilla.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido del Trabajo exige al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Baja california, Donaciano Muñoz Loyola:
Deje sin efecto el acuerdo pactado con el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, para que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado reciba y controle las denuncias recibidas durante la jornada electoral, y en su lugar, canalice las llamadas a las Juntas Locales y Distritales del INE.
Deje sin efecto el acuerdo pactado respecto a la intervención de las fuerzas de seguridad durante la jornada electoral, y en su lugar se establezca que las fuerzas de seguridad únicamente intervendrán si existe un llamado expreso de los Presidentes de Casilla, cuando estos consideren necesaria su intervención.
ATENTAMENTE
Dip. Julio César Vázquez Castillo
Presidente Estatal Partido del Trabajo B.C.
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