"No son de aquí… ni son de allá" dice la canción y así los hacen sentir a los pobladores de la Santa Anita, una colonia ubicada en el municipio de Rosarito… ¿o Ensenada? Ni ellos lo saben. Gracias a la ineptitud y flojera de ambos alcaldes y los diputados del Congreso del Estado, son colonos de la tierra de nadie.
Desde hace más de 16 años, los habitantes de ese territorio donde colindan Ensenada y Rosarito, llevan una vida cotidiana repartida entre las dos ciudades, según convenga a sus necesidades y capacidad de transporte. Oficialmente pertenecen a la delegación Primo Tapia de Rosarito, pero están aledaños a la delegación La Misión de Ensenada, mismas que los atienden cuando les conviene, y cuando no, ni en el mundo los hacen.
En la Santa Anita se vive en carne propia los problemas que derivan de la indefinición para establecer los límites que dividen a ambas ciudades, los cuales la costumbre y el dictamen que en su momento emitió el Congreso local, los fijan en el Kilómetro 61, a la altura del restaurant La Fonda, mas en la práctica y en términos administrativos, los gobiernos municipales hacen caso omiso. Principalmente Ensenada, para sangrar a los rosaritenses.
Las autoridades de Rosarito poco han hecho para exigir el respeto a su jurisprudencia. “Es un show… es un desmadre”, ilustra un ama de casa de la colonia Santa Anita respecto a los problemas que viven día a día por radicar en una zona que une a dos ciudades y donde no está claro “para dónde ‘jalar’”.
La gente no sabe a qué municipio pertenecen. “Mi credencial dice que soy de Ensenada”, explica Brenda Pinto, residente de la colonia, “pero los trámites los tengo que hacer en Rosarito”. De hecho por economía, la gente prefiere acudir al sexto municipio porque les resulta menos caro el transporte, pero las más de las veces no pueden concluir algún trámite burocrático porque simplemente no los consideran rosaritenses: “Me dicen ‘no te puedo otorgar el apoyo, al menos que saques un carta de residencia’”.
Todo trámite es un viacrucis. Refieren los colonos cómo los servicios de agua, luz, predial, gas, teléfono, unos tienen que pagarlos en Ensenada y otros en Rosarito. Por ejemplo, el Impuesto Predial, que algunos ciudadanos tienen que pagar al gobierno de Ensenada, otros al gobierno rosaritense, y el colmo: se ha dado el caso de familias que han tenido que pagar doble Predial porque ambos ayuntamientos se lo exigieron.
Para obligarlos a pagar impuestos, servicios y derechos, ambos gobiernos municipales sí están bien puestos, pero para auxiliar a los ciudadanos en otro tipo de requerimientos o auxilios, se avientan la bolita. Cuenta una señora que cuando acuden a solicitar atención médica al Centro de Salud en la delegación La Misión (Ensenada) se los niegan y les dicen que se vayan a Rosarito, también la Cruz Roja, de uno y otro lado, se han negado a recoger heridos bajo el mismo argumento.
Los delegados, Adolfo Ariel Sánchez, de La Misión, e Ignacio Peña, de Primo Tapia, nomás se paran el cuello en declaraciones públicas, pero a los pobladores de la zona les brindan servicios a medias. Eso sí, son muy atentos con la “Colonia de los Americanos”, como coloquialmente le llaman a la zona alta de Santa Anita, donde se asientan norteamericanos habitando grandes casas. Ellos gozan de privilegios que no se les brinda a la prole, como la seguridad pública: “¡N’ombre! si hasta parece que tienen seguridad privada”.
La particular condición de Santa Anita y demás áreas que comparten los 9 kilómetros que comprenden los linderos de la frontera Ensenada-Rosarito, han originado rezago, marginación y pobreza, cuando nadie asume responsabilidad sobre ellos.
Desde los primeros días de enero, hubo una situación que puso de nuevo en alerta los conflictos que se originan por no establecer contundentemente la delimitación territorial de la zona.
El 9 de enero, la Dirección de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito mandó construir una caseta de seguridad en pleno centro de la colonia Santa Anita. Así lo habían solicitado los colonos desde mucho tiempo atrás, debido a la inseguridad que padecen, con robos, asaltantes y narcomenudeo. Cuando empezó la construcción, Isidro Escobar, presidente de la asociación civil Movimiento Ciudadano para un Poblado en Desarrollo, pensó: “Esto ya no me gusta, porque va a originar una serie de enfrentamientos”.
Y en efecto, a los tres días la Dirección de Catastro y Control Urbano del Ayuntamiento de Ensenada mandó poner sellos de suspensión de obra por no contar con los permisos ni anuncios requeridos, ya que según la clave catastral, el predio donde se pretendía instalar la caseta corresponde a Ensenada.
Finalmente, las autoridades municipales de ambos gobiernos conciliaron. Se reunieron los síndicos procuradores y secretarios de gobierno de ambos Ayuntamiento, se pusieron de acuerdo y determinaron cancelar definitivamente la construcción de la caseta de seguridad. El gobierno ensenadense dijo que se desistiría de cualquier tipo de denuncia penal en contra de funcionarios, y el gobierno rosaritense simplemente respondió “ahí la dejamos”. ¿Y los ciudadanos?, bien, gracias; seguirían padeciendo el vandalismo, como muchos otros problemas, por el hecho de no ser de ni aquí ni de allá.
La juegan mucho
Los límites territoriales de Rosarito con Ensenada quedaron bien definidos desde 1995, cuando por el Decreto 166, se creó el Municipio de Playas de Rosarito. De hecho la delimitación también estaba definida de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California, según se publicó en el Diario Oficial. Más aún, en el Decreto 146, publicado en 1998, nuevamente se establece el límite sur de Playas de Rosarito; en 2001 se vuelven a ratificar los límites en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y, ¡otra vez!, el 22 de febrero de 2002, en el Periódico Oficial del Estado, se establece la extensión y límites territoriales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California.
Ensenada nunca ha respetado los límites y se ha aprovechado cobrando Impuesto Predial, Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles, derechos por permisos de Alcoholes, derechos por concepto de ocupación de Zona Federal Marítimo Terrestre, permisos de comercio, licencias de construcción, usos de suelo, licencias de anuncios, entre otros servicios.
De ahí la inquietud, una vez más, de que se ratifiquen los límites territoriales de Rosarito de, por ejemplo, el grupo Rosarito es Primero, A.C., presidida por el ex regidor José Ciprés, para que el Congreso del Estado ratifique la delimitación y exhorte al Ayuntamiento de Ensenada a ya no incurrir en invasiones y cobros ilegales.
La petición a la actual Legislatura ya se le hizo llegar también por parte del Cabildo de Playas de Rosarito, pese a la indiferencia que en cuanto al tema ha mostrado el alcalde Javier Robles Aguirre, “más preocupado por pasear a sus novias en La Paz y Los Cabos”, denuncia un ex funcionario.
Con los diputados de la actual Legislatura, el tema ha resurgido, pero con la idea de someter nuevamente a análisis los límites territoriales y emitir una nueva Ley. Es decir, empezar de cero, cosa que no es vista con buenos ojos: “No queremos meternos en esa disyuntiva, yo ya me llamo Rosarito y ya tengo mis límites, no le busquen más”, expresa José Ciprés, ex regidor por el Partido Estatal de Baja California (PEBC).
Las diputadas Rosana Soto, legisladora por ese distrito, el 16 local, y Nancy Sánchez, hasta hace unos días presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, hablan de una iniciativa para delimitar Playas de Rosarito cuando, insisten los inconformes, no es necesaria. Incluso se presta a suspicacias.
El temor y la sospecha es que el tema se quiere manejar políticamente. Ya en la legislación pasada, el diputado Alfredo Ferreiro (PES) presentó el proyecto para la creación del estatuto territorial, y le congelaron la propuesta. Lo mismo quieren hacer ahora, guardar el tema hasta que sea propicio a los intereses de algunos políticos. “Al tema se le debe dar una solución política”, ha respondido ambiguamente el actual secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Rosarito, Catalino Zavala, según platican los de Rosarito es Primero.
Zavala conoce bien el tema, porque aparte lo vio como diputado que fue en la Legislatura pasada: “Pero le dieron dinero, le dijo el gobernador ‘¡no!, porque Pablo Alejo (entonces alcalde panista de Ensenada) no quiere’. Catalino se hizo pen…”, refiere un ex funcionario.
A sabiendas que Zavala anda tras la postulación para ser diputado local por quinta ocasión, ahora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los rosaritenses involucrados afirman que el actual secretario de Gobierno quiere administrar el tema para llevar agua a su molino.
Amén que temen que en el Congreso local ignore los decretos anteriores, e intenten favorecer ahora al gobierno de Ensenada: “Mira, tú si eres diputado y eres de la bancada del PRI, ¿con quién te vas a ir, con el camarada grandote o el chiquito?”, sugiere Ciprés, en la idea que como Ensenada resulta más atractivo, electoralmente hablando, por el número de votantes. “El Congreso estaría violentando la propia Constitución estatal si se van con ese tipo de resolución. Sería darle un revés a lo que por 16 años ha estado avalando cada Congreso; qué pasaría con todos esos cobros ilegales que Rosarito hizo en su momento, si se considera que no le correspondían”.
Una nueva resolución como la que pretenden el presidente municipal de Rosarito, el secretario de Gobierno y las diputadas locales, la consideran absurda: “No se puede resolver políticamente lo que ya se resolvió jurídicamente”.
De todos no se hace uno
En una cosa coinciden organizaciones civiles y ciudadanos de a pie respecto al problema de los limites de Rosarito. De los alcaldes de ese municipio y Ensenada ya no se puede esperar nada: “Enrique Pelayo por loco y beligerante, y Javier Robles por irresponsable y padrote”.
Por encima de ellos está otro que no canta mal las rancheras: El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán. Pero peor, ni los ve ni los oye. Hay una desatención total de la administración estatal para toda el área de Santa Anita y los límites Rosarito-Ensenada.
“Tenemos que involucrar al gobernador, él no es ajeno a este problema porque lo conoció en la administración pasada, inclusive SIDUE (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado) tiene un dictamen favorable a Rosarito, él sabe los limites de Rosarito”, revela el ex regidor José Ciprés.
Lo mismo imploran las organizaciones civiles Dulce Atardecer y Movimiento Ciudadano por un Poblado en Desarrollo: “Que el gobierno del estado asuma la seguridad de la zona para evitar enfrentamientos entre fuerzas policiacas de los municipios de Ensenada y Rosarito”.
Hasta hace poco el único mercado del pueblo, ya hay hasta Oxxo.
También: “Exigimos madurez política a los alcaldes de Ensenada y Rosarito, las declaraciones de los distintos actores en torno al tema de límites territoriales deben traducirse en acciones encaminadas a resolver problemas que azotan a la zona, no en enfrentamientos. La zona es la afectada”.
Un ejemplo de la gravedad de casos que se pueden detonar por el problema de la indefinición de los límites territoriales, fue el suscitado hace seis meses, cuando en esas zonas limítrofes hubo un enfrentamiento entre policías de Ensenada y guaruras del alcalde de Rosarito. Relatan los testigos que elementos policíacos del puerto encañonaron a los escoltas de Javier Aguirre a la altura de La Fonda, ubicada a tres kilómetros de donde empieza Ensenada, hasta donde penetraron los agentes ensenadenses. “El simple hecho que policías municipales de Ensenada invaden territorio de Rosarito, puede llegar el momento en que pierdan la licencia colectiva de armas, porque es invasión de territorio”, considera Ciprés.
Pero ése es problema de todos los días, el que policías ensenadenses se introduzcan a la costa de Rosarito a asaltar y extorsionar a paseantes. Uno de tantos problemas que origina no delimitar la frontera Rosarito-Ensenada, sobre todo el del rezago social de una población calculada en 4 mil habitantes, con desempleo (los habitantes viven básicamente de la siembra, la construcción y como meseros), pago doble de impuestos, incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, falta de inversión para incentivar al turismo y un largo etcétera.
Eso sí, ambos gobiernos municipales se pavonean de lo mínimo que llegan a hacer por los pobladores en esa zona. En la colonia Santa Anita se puede ver una cancha deportiva donde la obra se la adjudica el Ayuntamiento de Rosarito, mientras que a una cuadra se ve una escuela con los logos del Ayuntamiento de Ensenada.
Se da el caso que a diferencia de las agrupaciones civiles politizadas en Rosarito, a los habitantes de la Santa Anita no les importa quedarse como rosaritenses o como ensenadenses; lo que quieren es que el Congreso del Estado, última instancia y última esperanza para su desasosiego, fije una postura firme y contundente respecto a los límites territoriales: “Sumaremos esfuerzos para seguir trabajando a favor de la comunidad con el Ayuntamiento que sea favorecido, ¡pero que definan ya!”.
FUENTE: http://dominguezperiodista.blogspot.mx/2015/01/santa-anita.html
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