Cuando fue aprobada esta reforma el pasado 3 de Julio de 2014, se determinó que el inicio de la vigencia de dicho decreto, sería a partir de las adecuaciones que se hicieran en materia de reparación del daño en el Código Civil de Baja California.
Dávalos Flores, en su calidad de Secretario de la Comisión de Justicia, expresó que se reformó el párrafo Noveno del Artículo 1794 y se adiciona el Artículo 1794 BIS del Código Civil para el Estado de Baja California, bajo la autoría de los diputados inicialistas: Francisco Barraza Chiquete (PEBC), Gerardo Álvarez Hernández (PAN) y René Adrián Mendivil Acosta (PRI).
Dijo que los puntos que destacan en esta reforma se encuentran asentados en la fracción IV del Art. 174 BIS, que a la letra dice: “Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona”.
“La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma manera en que fue difundida o audiencia a que fue dirigida la información original”.
Destacó que en este artículo mencionado, se precisa que: “En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica, literaria, artística, histórica, científica y profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo”.
Dávalos Flores, dijo que estas reformas, tiene la finalidad de regular, por una parte, el daño moral por el abuso al derecho a la información y de la libertad de expresión y por otra, las afectaciones diversas producidas por conductas ilícitas.
Explicó que una vez que el Congreso de Baja California se ha sumado a las recomendaciones internacionales de que la protección al honor y reputación de las personas debe estar garantizada a través de las sanciones civiles, y no mediante tipos penales que criminalizan la expresión, por lo que se debe propiciar por una parte, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y, por otra, garantizar a la sociedad el respeto del honor, la vida privada y la imagen propia.
La reunión de la comisión de Justicia estuvo presidida por su titular, diputado Juan Manuel Molina García (PEBC), el diputado Roberto Dávalos Flores (PRD), diputado Gustavo Sánchez (PAN) y la diputada Nereida Fuentes, (PRI).
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