Por Miguel Rojas Salazar
En aras de revivir la economía de BC iniciativa de Ley presentada por la coordinación del grupo parlamentario del PRI, PT, PVEM y PES.
El trabajo de la XXI Legislatura en Baja California, merece un reconocimiento a la labor desarrollada en lo que va de la presente gestión, pues la defensión de B.C. ha sido tema preponderante, pese a la “orfandad” de sus gobernantes, sobre todo en materia Fiscal, cambiando el “pasivismo” del gobierno de Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, por un activismo Legislativo.
El Diputado René Adrián Mendívil Acosta Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cohesionando con PT, PVEM y PES presentó una iniciativa de Ley que considera la proporcionalidad tributaria, de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes, lo que significa una diferenciación gravada conforme a tarifas progresivas.
Este principio sin duda regulara y establecerá un equilibrio justo para que en cada caso el impacto sea distinto en cantidad y directamente proporcional a mayor o menor sacrificio.
De trascendente conquista han calificado grupos políticos, empresariales y comercio en general esta iniciativa de “Ley Mendivilista” que protegerá los Derechos de los contribuyentes, y buscará “colateralmente” reactivar el comercio y las fuentes de empleo que estrepitosamente han caído del 1ro de enero del 2014 al entrar en vigor la homologación del IVA.
En ese sentido, la desprotección marco una diferencia directa en los derechos fundamentales de los contribuyentes.
Como la más importante iniciativa del XXI Congreso es calificada la “obra” de René Mendivil, ya que la sustenta en el principio Constitucional de justicia Fiscal.
Derivado del ausentismo en la materia a raíz de las reformas, el proyecto es crear un instrumento jurídico que nivele, respete y garantice los derechos humanos de los contribuyentes.
El enorme vacío se generó con la Reforma Constitucional del 2011, ya que el propio Diputado observo que se cambio la forma de concebir e interpretar, además de aplicarlos.
Durante la exposición al tema el Legislador sostuvo los motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Contribuyentes.
En el marco de su postulado precisó que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Del precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
La razón de peso que debe entenderse como luz en la obscuridad es que el más rico debe tributar más que el que menos tiene, o en razón de su respectiva economía, por lo que habría tres clases tributarias la alta, los medianos y los reducidos
En el contexto existe complemento de fondo al analizarse la defensión en contra de la autoridad fiscal que osara violar la constitución a partir de declaraciones “viciadas” donde se observe “inequidad”, que deberían desembocar en “dispensa” de pago hipsofacto.
AL PIE DE LA LETRA…Urgentísima iniciativa que olvidaron la XX Legislatura
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