Este miércoles, a las 9:00 de la mañana, será presentada la solicitud de amparo contra la homologación del IVA, que incrementó la tasa impositiva del 11% al 16%, promovido por los sectores empresariales de esta frontera. Los promotores saben, que “palo dado, ni Dios lo quita”, pero se aferran a aquello de que “la esperanza muere al último”.
Con orgullo dicen que lograron recabar 58 mil 8 firmas. Afirman que eso representa el sentir social de inconformidad de los fronterizos por esta decisión unilateral, que se hizo, refieren con sarcasmo, pensando que los fronterizos son privilegiados, al tener y pedir un trato preferencial, distinto al del resto del país. Si se observa, no son tantos y más bien son pocos ante el total de la población de esta entidad.
Aunque cabe advertirles, que esto no es cuestión de números, sino de voluntad política, tanto de parte de la autoridad que tomó tan severa y absurda disposición, como de los juzgadores que tendrán en sus manos la enorme responsabilidad de resolver el reclamo que se les hace. Si los primeros fueran conscientes y los segundos responsables y ambos actuarán con estricto apego a derecho, las acciones arbitrarias, serían una mera excepción, no la regla.
El amparo, es un recurso especial que otorga la Constitución General de la República, para proteger a quienes vivan en México, contra acciones arbitrarias de la autoridad. Los mexicanos comúnes y corrientes, piensan, ingenuamente, como en este caso los empresarios que lo promueven, que el amparo es casi algo divino. Esto es una apreciación un tanto exagerada. Esto, no estará en manos de Dios, resolverlo, sino de hombres. Y es de humanos cometer errores, dicen.
Es un tanto complejo este asunto. Para empezar, por las violaciones que refieren. Señalan que la homologación del IVA, viola diversos principios, tales como el de desarrollo económico, competencia económica, neutralidad tributaria, equidad y otros, cuyos efectos ya se han reflejado en los bolsillos de los ciudadanos, a partir del 1 de enero en que entró en vigor. Ni siquiera los juzgadores federales están familiarizados con tales principios.
Sobre todo, nunca hay que dejar pasar desapercibido, que el Poder Judicial, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde despachan y cobran los señorones que tienen la facultad, casi divina, de analizar y decretar la nulidad de los actos arbitrarios de gobierno, que no estén fundados o motivados, es parte del sistema político mexicano.
Todo lo que existe o se mueve, dentro del ámbito del sistema político mexicano, se maneja conforme a los usos y costumbres, y está a expensas de recibir lineamientos, presidenciales, por supuesto, y de acatar consignas, para resolver en tal o cual sentido. Esto no es difícil, porque las leyes son de interpretación y se interpretan, atendiendo el interés del Estado, léase gobierno.
Bajo tales advertencias, hay que sentarse a esperar. Irónicamente, uno de los efectos principales del amparo, es que al otorgarlo a los ciudadanos que lo promueven, vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de dictar la medida.
Cuando se emita la resolución, en caso de que sea favorable para los quejosos, será imposible lograr tal objetivo, porque muchos mexicanos habrán muerto de hambre, por el proceso inflacionario, el desempleo y tantas cosas más, a causa de la homologación del IVA. Será imposible revivirlos. Esa sí que sería una proeza divina.
En el caso de los empresarios, que sufrirán severas pérdidas, o incluso aquellos que tendrán que reajustar su personal o definitivamente cerrar sus empresas, nadie les cubrirá los daños sufridos. El gobierno no les dará el dinero perdido, para que vuelvan a operar sus empresas.
A los ciudadanos, que perdieron su empleo, y ya desempleados, incurrieron en incumplimiento de pago de los créditos mediante los cuales adquirieron sus viviendas, tampoco se les pagará los sueldos que dejaron de percibir, ni les darán dinero para pagar los créditos que hayan dejado de cubrir, ni les regresarán sus viviendas de las que fueron despojados por ser mala paga.
Esto no es pesimismo, sino una realidad. Tarde que temprano, la Suprema Corte dirá que el gobierno federal actuó en el ejercicio pleno de sus facultades y derechos, al plantear la reforma hacendaria que contenía la homologación del IVA, y que los legisladores que la aprobaron, lo hicieron con el carácter de representantes populares, o sea prácticamente en representación de los que ahora reclaman el amparo y protección de la justicia federal y quienes por conducto de sus representantes, avalaron y aprobaron la propuesta. Que por lo tanto, se actuó con apego a los preceptos constitucionales.
Lo preocupante es que nadie del centro, ni el propio Presidente Peña Nieto, escucharon los reclamos de los fronterizos, que se manifestaron en contra de la homologación del IVA e incluso advirtieron las consecuencias de tal medida. Mucho menos habrán de escucharlos ahora que reclaman se deje sin efecto, por la vía del amparo, lo que implicaría una catástrofe financiera para el gobierno federal, casi de imposible reparación.
Como también es preocupante, que nadie del gobierno federal, y en especial el Presidente Enrique Peña Nieto, han venido a Baja California a observar los daños ocasionados a los fronterizos, por la aplicación de medida tan absurda. Ha visitado otras entidades, azotadas por la violencia o los desastres naturales, pero no esta región del país. Como que alguien borró a Baja California del mapa oficial.
De seguir las cosas así, cuando concluya el presente sexenio, Baja California deberá ser declarada casi totalmente siniestrada. Sufrirá un retroceso en todas las áreas o aspectos. Como retroceder al pasado decenas y decenas de años. Casi al origen de esta entidad. Pero en fin, esperen el resultado del amparo. Ojalá que no sea demasiado tarde, o simplemente se aceptará que fue tiempo perdido. Quizás entonces hasta la esperanza habrá muerto.
gil_lavenants@hotmail.com
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