Por Gilberto Lavenant
Les “estalló la bomba”. Obviamente, los involucrados son de acción retardada. El columnista lo advirtió el viernes 4 de enero del año en curso, bajo el título : “Las “ideotas”, y luego insistió al día siguiente, sábado 5 de enero bajo el título “Las “ideotas” II. En ambas ocasiones, como ahora, hacía referencia a la “ideota” que dejó a Baja California sin servicio médico forense y sin servicios periciales en general.
Azorados, los autores intelectuales y materiales de esta “ideota”, o sea los “ideotólogos”, no hallan como hacerle para que su “frankestein” se ponga de pie y empiece a funcionar. El llamado Instituto de Ciencias Forenses, creado a propuesta del diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, supuestamente para responsablizarse de todo el tema de servicios periciales.
Si es necesario explicarlo con “peras y manzanas”, pues ni modo. A partir del 1 de diciembre del 2012, en un hecho insólito, Baja California se quedó sin Servicio Médico Forense, la institución encargada de determinar las causas de muertes e incluso de certificar lesiones, en riñas callejeras, familiares o simplemente accidentes viales.
El Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Baja California, fue creado –aunque aún no opera- mediante Decreto publicado el pasado 30 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, el cual entró en vigor al día siguiente, el 1 de diciembre del 2012.
Este flamante Instituto, debe asumir las tareas periciales, que tenían a su cargo tanto el Poder Judicial del Estado, como el área de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado. Por si fuese poco, asumió las facultades que ostentaba el Poder Judicial del Estado, para certificar a peritos privados en todo tipo de ciencia, arte o técnica que así se requiera.
La cuestión es que un mes después de su creación, dicho Instituto no puede operar, porque carece de reglamento interior. Como también carece de instalaciones donde operar, de personal, de instalaciones y de recursos económicos. Es un simple membrete. Para Ripley. Increíble, pero cierto. Por ello se le conoce como “El Franquestein del diputado Magaña”.
Más de 60 personas que laboraban en el Semefo, quedaron sin empleo. El Secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos, dice que no hay problema, porque el Instituto será patrón sustituto, y quizás los pueda contratar, pero no los puede habilitar de inmediato como peritos. En especial en el caso de quienes desempeñaban labores de médicos legistas.
Incluso aunque los contraten el lunes próximo, el Semefo no puede funcionar como tal y emitir dictamenes periciales, pues el nuevo organismo carece de reglamento interior, imprescindible para su operación y para habilitar peritos. Ahora si que, por “tontejos”, se les hizo “bolas el engrudo”.
Como no saben leer, pues no han leído la ley que acaban de crear. La misma indica que para que el Instituto opere, requiere de un reglamento interior. Así mismo, requiere de un Consejo y de presupuesto. Hasta que cuente con todo ello y defina sus programas de trabajo, entre ellos los lineamientos para la contratación y desempeño de los peritos, tanto públicos, como privados, nadie puede ejercer funciones periciales en Baja California.
Y “la bomba ya estalló”, primero, porque quienes laboraban en el Servicio Médico Forense, bajo la administración del Poder Judicial del Estado, se quedaron sin empleo, hasta nuevo aviso. Esto significa que, súbitamente, dejaron de percibir sueldos y demás prestaciones. Entre ellos quienes se desempeñaban como médicos legistas.
Cabe insistir en que el llamado Semefo, es la institución encargada de realizar las autopsias de personas fallecidas, presuntamente por algún delito. A los médicos legistas les corresponde determinar las causas de la muerte. También certifican las lesiones sufridas por personas, en hechos delictivos, negligencias médicas o conflictos de índole familiar. Las certificaciones hechas por médicos particulares, no son idóneas para ejercer acción penal por la presunta comisión de delitos. Desde el 1 de diciembre del 2012, Baja California no cuenta con Servicio Médico Forense, “gracias” a la “ideota” del diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda. El mérito, ni quien se lo quite.
Pero hay mucho más. En apego a la ley que crea el Instituto de Ciencias Forenses, tanto el Poder Judicial del Estado como la Procuraduría de Justicia, dejaron de tener competencia sobre materia pericial. Salvo que alguna de dichas instituciones haga valer acción de inconstitucionalidad y se decrete la suspensión de la aplicación de la “ideota”, hasta que se resuelva el reclamo.
Es el caso que en el Boletín Judicial del Estado, del lunes 10 de enero del 2013, que es el órgano de difusión del Poder Judicial del Estado, se dió a conocer la lista de peritos privados, designados como auxiliares de la administración de justicia del Estado, con vigencia para todo el 2013. Consta de casi 70 hojas con nombres de toda clase de profesionistas.
Ahí se hace constar que : “El Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con fundamento en lo previsto en el artículo 168 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, en relación con los numerales 7, 8, 9, 10 y 14 del Reglamento de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, así mismo, en unión con el acuerdo dictado en sesión plenaria de fecha siete de diciembre del año dos mil doce, hace del conocimiento del público en general “La lista de peritos y auxiliares de la administración de justicia del Estado de Baja California”, que tendrá vigencia a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece”.
El acuerdo para autorizar todos esos peritos y auxiliares de la administración de justicia, carece de valor, pues fue tomado el 7 de diciembre, 6 días después de que entró en vigor la ley que creó el Instituto de Ciencias Forenses, este es el único facultado, a partir de entonces, en todo lo relativo a la materia pericial. Hasta ahí el alcance de esta “ideota”.
gil_lavenants@hotmail.com
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