Por Gilberto Lavenant
La soberbia y la necedad, aunadas a la ignorancia, impide a los individuos entender las cosas. Y evidentemente, no aceptan o no reconocen sus propias culpas. Ellos la hacen y tratan de que otros se la paguen.
Esto, en el asunto de la suspensión del Servicio Médico Forense y los servicios periciales de auxiliares de la administración de justicia, a partir del 1 de diciembre del 2012 en que entró en vigor la ley que crea el Instituto de Ciencias Forenses.
La mayoría de los bajacalifornianos ya deben de saber de esto. Por una “ideota” del diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, se creó el Instituto de Ciencias Forenses, que asume las facultades del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría de Justicia, en materia de servicios periciales.
Y aunque la creación de dicho organismo es un tema que se debe discutir y analizar por separado, pues carece totalmente de autonomía y es simplemente un apéndice del Ejecutivo del Estado, el problema es no haber previsto que no podía surgir y desplazar, de un día para otro, a las instituciones que venían prestando dichos servicios.
A partir del 1 de diciembre del 2012, el Instituto de Ciencias Forenses es el único facultado para manejar el tema de servicios periciales, tanto para la certificación o autorización de peritos auxiliares de la administración de justicia, como el funcionamiento del Semefo.
El caso es que dicho Instituto nació sin recursos, materiales y humanos, sin instalaciones y sin reglamento interno. Salvo prueba en contrario, el reglamento pudo haberse publicado, pero el desarrollo de sus funciones, para operar plenamente, no es súbito.
A partir del 1 de diciembre del 2012, con la creación de dicho Instituto, se establece un procedimiento para la acreditación de peritos. En especial los llamados Médicos Legistas. La ley que lo crea señala la necesidad de hacer una convocatoria pública a todos los aspirantes, el hacerles una evaluación y emitir el dictamen correspondiente. Todo esto no es tan simple como parece.
La ley no observa que quienes ya venían desempeñándose como médicos legistas, pasarán de inmediato con tal carácter al citado Instituto. Lo mismo ocurre con los peritos privados, para asuntos de derecho de familia, civiles o mercantiles. Todos, requieren ser convocados, reunir los requisitos exigidos, presentar la evaluación y recibir la acreditación correspondiente.
Para ello se debió establecer un período de cuando menos 6 meses. Por capricho, necedad e ignorancia, se hizo en forma arrebatada, de un día para otro. Por ello están entrampados. Los causantes de todo este desgarriate, son el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, impulsor del proyecto, y el Goberador Osuna Millán y sus colaboradores, que lo avalaron, sin percatarse de las consecuencias de hacerlo “al vapor”. Claro, como ahora no encuentran la salida, pues les resulta fácil tratar de responsabilizar al Poder Judicial del Estado.
Ayer, en conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno de Baja California, Francisco Antonio García Burgos, declaró que la situación actual y las dificultades en la que se encuentran los empleados del Servicio Médico Forense, es porque el Poder Judicial no ha entregado el Semefo al nuevo Instituto, como lo indica la nueva Ley en la materia.
Asegura que el Poder Ejecutivo, propuso a los diputados del Congreso del Estado, que se incluyera un artículo transitorio en la Ley, con el objetivo de que el Instituto de Ciencias Forenses iniciara funciones en el mes de julio del año en curso, a fin de que se conformara una comisión de transición del sistema, pero que esto no se aceptó. Implícitamente reconoce que fue absurda la creación e inicio de operaciones, de un día para otro.
Uno de los aspectos más sensibles, es que debido a esto, el personal del Semefo, prácticamente se quedó sin empleo, pues estaban en la nómina del Tribunal Superior de Justicia y ahora laborarán para un organismo que dependerá del Ejecutivo Estatal.
García Burgos asegura que esto no se hubiese presentado, si el Poder Judicial le hubiese transferido al Instituto, los recursos que le fueron presupuestados. Falso, de toda falsedad. Efectivamente, el sexto transitorio señala que “Los ingresos, bienes y demás recursos del Servicio Médico Forense del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como del área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con los que cuenten para el desempeño de la función pericial, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se transferirán a favor del Instituto de Ciencias Forenses de Baja California; así como, en general, todos los recursos presupuestales fijados para el ejercicio fiscal 2013”. Pero esta transferencia no es automática.
Así mismo, los recursos presupuestados, le fueron autorizados al Tribunal Superior de Justicia y no al citado Instituto. En todo caso, es más sencillo que el costo del nuevo organismo, incluyendo los sueldos de su personal, sea cubierto por el Ejecutivo Estatal, si depende directamente del mismo.
Por lo que se refiere a la relación laboral de sus empleados. Eran servidores públicos, al prestar sus servicios por parte del Poder Judicial del Estado. Ahora se convertirán en trabajadores comúnes y corrientes, al laborar para un organismo descentralizado. Les regulaba la Ley del Servicio Civil. Ahora será la Ley Federal del Trabajo. Por ello, la transferencia no es automática y el personal reclama indemnización al Tribunal Superior de Justicia, por despido injustificado.
Pero a los necios y soberbios, ni quien les gane. Como dicen, “salió peor el remedio, que la enfermedad”. Con estas “ideotas” y esos “ideólogos” vamos a llegar muy lejos.
gil_lavenants@hotmail.com
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