El Presidente Felipe Calderón dijo que sería el “Presidente del empleo”. Parece que hoy en día en México aproximádamente 3 millones de trabajadores no tienen empleo. El pasado 13 de marzo, la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, una empresa especializada en la materia, indicó que en el primer trimestre del 2012 en el país se crearán 450 mil plazas, cuando que la demanda de empleo es de 1 millón 200 mil puestos de trabajo.
Qué bueno que en el caso de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán no dijo que él sería el Gobernador del empleo. Es más, ni siquiera el amigo de los trabajadores, pues se ha distinguido por ser un acérrimo enemigo de los trabajadores.
Los maestros del SETE, pueden hablar sobre las múltiples represiones y acciones en contra de ellos, que han provenido de la administración que encabeza Osuna Millán. Los trabajadores al servicio del estado y organismos descentralizados, o sea los burócratas estatales y municipales, por un “pelito”, se salvaron de la intentona gubernamental de cercenarles sus derechos o limitarles la posibilidad de obtener plazas, con la pretendida reforma osunista a la Ley del Servicio Civil del Estado.
Que sirva esto de preámbulo para comentar que desde el 2007, un grupo de profesores jubilados, miembros del SETE y del SNTE, han emprendido una lucha para que se les reintegre, en su pensión, la compensación que se les pagaba estando en servicio activo y que además se les pague el monto de lo que se les dejó de pagar. Los afectados, eran inspectores de primaria, preescolar y educación especial. De un plumazo, al jubilarse, se les eliminó la compensación.
Advierten que el artículo 15 de la Ley de ISSSTECALI, señala que las compensaciones forman parte del salario de los trabajadores al servicio del estado. Por lo tanto, consideran injusto que se les niegue el pago de dicha prestación, lo que obviamente les afecta en su economía.
Explican que también el artículo 142, de la Ley del ISSSTECALI, establece que el jubilado debe percibir como pensión los mismos ingresos que tenía al momento de jubilarse, situación que no se da, porque los inspectores de primaria, así como los de preescolar y educación especial, en activo, sí reciben la compensación, pero no los jubilados, lo que consideran es violatorio de sus derechos.
Ya han transcurrido 5 años en esta lucha, y se han visto obligados a recurrir a contratar abogados para que los asistan en el reclamo de sus derechos. Al menos 8 de los reclamantes iniciales, ya fallecieron. Para su desgracia, ni siquiera los sindicatos de maestros a los que están adheridos, han mostrado interés en auxiliarlos.
Cuentan que acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que dictó dos sentencias, ambiguas, supuestamente a favor de ellos, pero sin especificar qué ganaron y cuándo se harán efectivas las resoluciones. Estas indican a ISSSTECALI que elabore un dictamen en 15 días, pero sin ordenarle que reintegre a los afectados la compensación omitida, ni mucho menos resuelve sobre el pago del monto de lo que se les ha dejado de pagar desde el inicio de su jubilación.
Es común que los políticos, una vez que están en el cargo, adoptan posturas de patrones. Pero de patrones explotadores, represores, que quisieran que los trabajadores se sometieran a todos sus caprichos y que nunca reclamaran.
En parte podría decirse que esa actitud se debe a que los salarios que perciben los políticos, generalmente son considerables, elevados, a tal grado que les permite hacer sus “ahorritos” para el futuro. Ellos no requieren de pensiones, ni nada de eso. Además, la función pública permite hacer negocios colaterales, que reditúan fuertes ganancias, sin grandes esfuerzos y sin invertir nada.
En el caso concreto de los profesores jubilados a los que se les ha retirado la compensación que recibían estando en activo, como parte de su salario, consideran como responsable de todo esto al Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Dicen que como titular del ejecutivo del estado tiene un mandato y una responsabilidad que resulta ineludible, al igual que para todos los demás funcionarios públicos, que es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, prevista en el Artículo 128.
De igual forma, de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Baja California, en los artículos 7 y 49, el Gobernador debe velar porque en la entidad que gobierna, se aplique el Estado de Derecho. Los profesores dicen que Osuna Millán no lo está haciendo.
Los jubilados observan que es absurdo lo que hacen los políticos, que se niegan a reconocerles los derechos adquiridos durante años de trabajo, pero ellos, al terminar su gestión, se autoindemnizan.
En el caso concreto del ISSSTECALI, organismo encargado de otorgar prestaciones a los empleados de gobierno, tanto en activo como jubilados, es gobernado por una junta directiva integrada por 5 vocales. Un Presidente y 2 vocales, que son nombrados por el Gobernador y dos vocales más, de los cuales uno es designado por el sindicato de maestros y el otro por el sindicato de burócratas. Siendo mayoría la parte gubernamental, siempre resuelve lo que más le conviene.
Curiosamente, aunque el ISSSTECALI es un organismo con personalidad jurídica propia, depende directamente del gobierno del estado, pues requiere de este para desistirse de demandas. Además, funciona a cargo de un director general, el cual es designado por el Gobernador del Estado. Entonces, no cabe duda, la problemática que afrontan los profesores jubilados, está en manos del Gobernador. Que no quiera resolverla, es otra cosa.
Tal vez nadie le ha dicho a Osuna Millán que los profesores jubilados también votan. Ni cómo pedirles que emitan sus votos a favor de sus candidatos blanquiazules. Conste.
gil_lavenants@hotmail.com
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