Palco de Prensa: La tarea legislativa

Por Gilberto Lavenant
La tarea legislativa, consiste en crear, reformar o derogar leyes, disposiciones, normas jurídicas en general. Siempre, con la intención de mejorar, de superar, de beneficiar. Algunos hablan de actualizar o modernizar.




Para legislar, no se requiere ser profesional del Derecho. De los legisladores estatales, por ejemplo, pocos son abogados y los que ostentan el título profesional, en su mayoría han tenido un pobre o reducido ejercicio profesional. La mayoría de ellos, ni siquiera saben en donde se ubican los tribunales.



Sin embargo, la tarea legislativa se realiza, en principio, teniendo sentido común, sabiendo razonar de manera lógica. Malo, cuando carecen hasta de sentido común. Entonces, si, ni quien responda por ellos.



Afortunadamente, los señores legisladores tienen asesores técnicos, quienes dan forma a las propuestas, las encuadran, las fundamentan. Malo, cuando los responsables, o sea los diputados, no escuchan o no entienden y se aferran a sus posturas necias e incongruentes. Aunque lo duden, se dan casos.



La tarea legislativa, además de congruencia, coherencia y realismo, requiere también apegarse a los principios generales y atender las características básicas de una ley, como el ser abstractas y generales. No se vale hacer leyes para beneficiar o afectar a alguien en lo particular. Ni tampoco para crear aparatos inoperantes.



Si se dejara en manos de un humilde albañil, o de un chofer de taxi, por ejemplo, la tarea de legislar, definitivamente sería casi como encargar a un abogado, o a un doctor, que construyan una barda o una casa completa. Por eso se advierte : zapatero a tus zapatos. Mucho más grave sería que quienes carecen de conocimientos médicos, pretendieran entrar al quirófano a “curar” pacientes. Seguro que los matan.



Valgan estas reflexiones, para hacer referencia a una propuesta legislativa, que pretendía reestructurar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para dizque modernizarlo. Habría qué indagar, cual fue el mecánico, albañil o chofer de taxi, que se metió al edificio legislativa a tratar de legislar, porque lo que hizo fue un verdadero mazocote. Algo así como un frankenstein.



Cabe observar que el tribunal de lo contencioso administrativo, es un órgano jurisdiccional estatal, de control de la legalidad, que conopce y resuelve las controversias de carácter administrativo y fiscal que se suscitan entre la administración pública estatal, municipal, organismos descentralizados estatales o municipales, y los ciudadanos en general.



Es, en palabras más sencillas, un juzgado ante el cual los particulares pueden acudir a reclamar o defender sus derechos, ante actos arbitrarios, indebidos o ilegales de los gobiernos estatal y municipales, así como organismos públicos diversos, que pueden consistir en una sanción, cobro o afectación ilegal, infundada o exagerada. Por lo tanto, su existencia y funcionamiento es sumamente importante.



Deben saber que en su mayoría, las resoluciones de este tribunal, son contrarias a los intereses de los gobiernos. De ahí que los gobernantes en turno, sea Gobernador o Alcaldes, se empeñan en nulificarlo. Quisieran que no existiera o al menos harían todo lo posible para descomponerlo. Para desconchinflarlo, diría alguien por ahí.



Lo intentó la mayoría panista de la XIX Legislatura Estatal, que funcionó durante la primera mitad de la gestión de Osuna Millán. Afortunadamente, finalmente fracasaron en su intentona. Se quedaron con las ganas destructivas. Casi logran sus propósitos.



En la XX Legislatura, ahora con mayoría priísta, de nueva cuenta surge intentona similar. La propuesta fue presentada el 18 de mayo del 2011, consistente en iniciativa de reforma a los artículos 27, 28, 30 y 55 de la Constitución local. La autoria, a cargo del Partido Estatal de Baja California y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.



El tribunal consta de 3 Magistrados Numerarios y 2 Magistrados Supernumerarios. Los supernumerarios actúan en pleno, como segunda instancia, para atender inconformidades de primera, atendidos y resueltos en sala, a cargo de los supernumerarios. La propuesta adjudica a los legisladores la designación y se les denominaría Magistrados de Pleno y Magistrados de Sala, advirtiendo que los Numerarios no podrían laborar en Sala, por lo que ante la ausencia de un Magistrado Supernumerario, la sala correspndiente quedaría vacante.



Que se sepa, los legisladores ponentes, nunca pidieron la opinión de los Magistrados en funciones. Simplemente pretendían obligarlos a operar bajo condiciones ambiguas e incongruentes. La propuesta, por tratarse de una reforma constitucional, fue enviada a los Ayuntamientos para su aprobación. Se requería que cuando menos la mayoría lo aprobara.



Hasta ayer, tres ayuntamientos votaron en contra. Ensenada, Mexicali y Tijuana. Solo el de Rosarito votó a favor y el de Tecate estaba pendiente. Una vez más, la intentona quedó simplemente en eso, en un intento fallido.



En lugar de plantear propuestas asburdas, los señores legisladores deberían hacer estudios serios, establecer mesas de trabajo, aprovechar la experiencia de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como de los propios profesionales del derecho, a fin de darle la dimensión, estructura y facultades requeridas, conforme a la realidad social.



Legislar por ocurrencia, por capricho o necedad, o en algunos casos por mera consigna o compromiso, en especial sin sentido comón, es nocivo y contrario a los más elementales principios de justicia. Además de pérdida de tiempo. De nueva cuenta fallaron en la intentona. En los ayuntamientos hubo la lógica y el sentido común que no tuvieron los legisladores al hacer la propuesta.

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