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* Que llame al orden a diputados
* Inocente hasta probar lo contrario
* Responsable, si guarda silencio
TIJUANA (AFN).- En un breve escrito, fechado el pasado viernes 17 de junio, la Síndico del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, reclamó, como priísta, al dirigente estatal del PRI, René Mendívil, que intervenga en su defensa contra los diputados de su mismo partido que pretenden someterla a juicio político, y señaló que con su silencio avala el linchamiento que quieren hacerle.
La funcionaria municipal fue acusada de haber incurrido en irregularidades en el caso de un grupo de policías municipales de la jurisdicción de La Presa Rural, aquí en Tijuana, que obligaron a una mujer a bailar semidesnuda, a cambio de su libertad y respecto de lo cual se difundió un video, como prueba irrefutable de los hechos.
La solicitud de juicio político contra la síndico, fue presentada ante la XX Legislatura Estatal, por el Regidor panista Erwin Areizaga. La Comisión Jurisdiccional de la legislatura estatal, integrada en su mayoría por diputados priístas, encabezada por Julio Felipe García, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, determinó que era procedente someter a juicio político a la denunciada.
Mediante el comunicado 486 de la Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado, de fecha viernes 10 de junio, se indicó que “…Dada la gravedad de las acusaciones, el denunciante solicitó que el Congreso del Estado apruebe la destitución e inhabilitación de la Síndico Procurador de Tijuana” y por lo tanto anunció que “…El dictamen de la Comisión Jurisdiccional concluyó que las acusaciones que pesan sobre esta funcionaria son serias y deban ser llevadas hasta sus últimas consecuencias”.
En el mismo, se contienen declaraciones del diputado priísta Julio Felipe García, quien, con el carácter de Presidente de la Comisión Jurisdiccional, advirtió que: “…Se acabó la impunidad en Baja California, en el Congreso coincidimos en que todos los servidores públicos de la entidad deben desempeñarse en apego a derecho”.
Así mismo recordó que : “en el pasado, casos como el del Diputado Víctor González Ortega gozaron de impunidad, pese a que se encontraron pruebas fehacientes en su contra; la presente Legislatura tiene la convicción de proceder en contra de cualquier funcionario que actúe de forma ilegal, sin distingos partidistas”.
En dicha comisión también participaron las diputadas del mismo partido Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Elisa Rosana Soto Agüero, así como el panista Ricardo Magaña Mosqueda, quienes acordaron que durante la siguiente sesión plenaria se sometería a consideración iniciar la Comisión Instructora y desahogar el juicio de procedencia. La semana pasada, este tema no fue abordado. Posiblemente se haga este miércoles 22 de junio.
Preocupada por el trato que se ha dado a este asunto, aunque afirma que sabe que hizo bien las cosas y que cuenta con las constancias suficientes para acreditarlo, la Síndico, en su calidad de militante del tricolor, decidió reclamar la intervención del dirigente estatal del PRI, para que la defienda de sus compañeros de partido.
En el breve escrito de solamente dos hojas, fechado el viernes 17 de junio, la funcionaria municipal le dice al dirigente del partido que “…en diversos medios de comunicación se han venido filtrando informaciones y haciendo declaraciones por otros actores políticos en el sentido de que el juicio político que se pretende instaurar en mi contra tendrá como resultado mi inhabilitación como servidor público e incluso la privación de mi libertad por presuntos delitos”.
Así mismo, le recuerda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la garantía de inocencia hasta demostrar la culpabilidad del indiciado y le refiere que las circunstancias que rodean la demanda de juicio político instaurada en su contra: “…me hacen suponer válidamente que se ha decidido en algún ámbito la culpabilidad de mi persona con relación a los hechos que se me imputan. Situación a todas luces inaceptable por ser injusta, contraria a derecho y carente de ética política”.
En evidente reclamo, le dice a Mendívil que “…ante el silencio asumido por usted como Presidente al Partido Político al que pertenezco, le vengo a pedir públicamente que fije su posición al respecto, llame al orden a los Diputados que han hecho públicamente su manifestación de condena a mi persona sin ser juzgada y exija al Congreso del Estado que su decisión esté sustentada en Derecho y ajena a cualquier consigna política”.
Pero además le advierte al dirigente que: “…Por medio de este escrito dejo constancia de la responsabilidad en la que usted, como Presidente del CDE incurre al no asumir su papel como dirigente político de TODOS los priístas y que con su silencio avala el linchamiento que los Diputados de nuestro mismo partido político quieren hacer respecto a mi persona”.
Finalmente se despide, manifestando: “…Esperando tener a la brevedad una respuesta a mis inquietudes”.
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