Castro Trenti afirmo: “En el 2006, poco después de asumir el cargo de legislador federal, presenté una reforma constitucional cuyo propósito es obligar a que los candidatos cumplan, en sus cargos, con los compromisos que hacen durante la campaña y, el día de hoy, presento una nueva Iniciativa para ampliar el contenido de aquella, buscando obtener los consensos para introducir la reforma, puesto que en ese entonces, lamentablemente no encontró respuesta. De tal suerte, que es necesario llamar a la conciencia de todos nosotros los legisladores y poner el ejemplo para que sea secundado en el país, y de esta forma, comenzar a recuperar la confianza por parte de los ciudadanos en la política y jubilar a los políticos que lucran engañando al elector.”
“Un ejemplo digno de comentar sobre este tema, es el paquete de Reforma Política presentado en el Congreso de Baja California, en donde se pretende sancionar y revocar el mandato a políticos mentirosos que no cumplan sus compromisos de campaña. La visionaria Iniciativa de Reforma Política que presentaron el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California, y del Partido del Trabajo, sólo se hará posible si otras fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional o el PRD la secundan, convirtiéndose Baja California en una de las entidades pioneras en busca de la credibilidad ciudadana.”
“Ahora bien, dado que el año pasado el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aquí el Senado de la República, presentó una Iniciativa de Reforma Política que contiene entre uno de sus propósitos, la revocación de mandato por medio del procedimiento de consulta popular, ahora en esta Iniciativa, pretendemos que el incumplimiento de las promesas de campaña sea una causal para que los ciudadanos inicien el procedimiento de revocación de mandato.”
“Además de lo anterior, también el propósito de la presente Iniciativa, es buscar el mecanismo idóneo para terminar con la demagogia y con la perversa costumbre de prometer, con el único fin pragmático de conseguir votos. Para nadie resulta desconocido que candidatos a los cargos de elección popular planteen un elevado número de promesas, incluso a sabiendas de su inviabilidad, con el fin de obtener votos. Una vez electos, en muchas ocasiones tienden a conducir sus acciones por criterios totalmente diferentes a las promesas de campaña e, incluso, a las plataformas electorales de los partidos que los postularon como candidatos.”
“Actualmente, no existe un mecanismo que obligue a los electos a un cargo a cumplir con sus promesas de campaña.”
“Aquellos que desconocen en los hechos el valor de la palabra empeñada ante el electorado, no tienen la fineza de vislumbrar que si cumplen en el gobierno lo prometido en campaña, tendrán más posibilidades de ser electos para otro cargo de elección popular, lo que debiera ser el estímulo para tener un buen desempeño y para buscar la profesionalización en su carrera política.”
“Primero que nada, es necesario asegurarnos que las promesas que se hagan durante la campaña electoral sean efectivamente viables. Además, es menester facultar a las autoridades electorales para que ellas sean las encargadas de recopilar los compromisos que los candidatos, a algún puesto de elección popular, hagan durante su campaña.”
“También, se debe facultar a las autoridades electorales para que ellas sean las que vigilen el efectivo cumplimiento de dichas promesas y certifiquen el nivel de cumplimiento de todo funcionario público electo popularmente.”
“Las reformas y adiciones a los artículos 41 y 116 constitucionales, proponen establecer, por un lado, que el Instituto Federal Electoral tenga la obligación de recopilar los compromisos de campaña de los candidatos registrados a los cargos de elección popular, de dar seguimiento a los que hayan accedido al cargo de elección popular y realizar una evaluación de los mismos, para emitir la certificación respecto al cumplimiento de los compromisos de campaña y, por otro lado, se pretende la obligación de prever en las constituciones y legislaciones electorales locales, que las autoridades electorales tengan las mismas facultades que el Instituto Federal Electoral.”
“La principal aportación de esta iniciativa, es el control y fiscalización, por un organismo autónomo como el Instituto Federal Electoral, sobre la actuación de los servidores públicos. Así, se podría dar a conocer la información oficial del desempeño de los candidatos de elección popular, desvinculada en principio de los vaivenes de los escándalos mediáticos, lo que proporcionaría un elemento insustituible para decidir el voto de una manera más razonada.”
“Por otra parte, los gobernantes se verían obligados a cumplir con sus promesas, si es que desean postularse en una nueva ocasión a algún cargo de elección popular, puesto que se plantea la posibilidad de restringir los derechos político electorales del candidato que, siendo electo, no haya cumplido con las promesas que hizo durante su campaña; en este sentido, se propone facultar a las autoridades electorales para que nieguen el registro como candidato a aquellas personas que, habiendo ocupado un cargo de elección popular con anterioridad, no hayan cumplido con las promesas de su campaña.”
“Nuestra sociedad cada vez cuenta con una cultura ciudadana más objetiva, requiere que los compromisos de campaña se conviertan hoy en una doctrina de compromisos ciudadanos derivados de una participación activa de todos los sectores. Es fundamental para un país, que los compromisos de campaña se conviertan en un verdadero factor desarrollo social” Concluyo Castro Trenti.
La iniciativa del Senador Fernando Castro Trenti obliga a los candidatos a puestos de elección popular a registrar sus propuestas de campaña ante el IFE, dicha institución evaluará el cumplimiento de la plataforma electoral cada 6 meses, emitiendo un certificado de cumplimiento, si durante dos semestres consecutivos no se cumple con el programa propuesto, se inicia el proceso de revocación de mandato y dicho candidato queda inhabilitado para ser elegible a cargos de elección popular por un plazo de 3 a 10 años.
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